El francotirador de la guerra del agua fue delegado antirracismo

Ascendió en su carrera militar. El comité antirracismo confirma que el militar boliviano Robinson Iriarte, que en abril de 2000 disparó contra civiles durante la Guerra del Agua, fue uno de sus 24 delegados. El Gobierno y las FFAA no responden.

image Olivera ve en esta fotografía una pieza clave para probar la participación de Robinson Iriarte. Foto: Fotos: Los Tiempos/ Documental La Corporación.



EL DEBER, Bolivia.

De joven, Wilson Aguilar fue un guerrero. Al lado de un ejército indignado de universitarios, regantes y amas de casa, combatió a policías y militares en las calles de Cochabamba, entre febrero y abril de 2000, en contra de la privatización del agua. “Yo luché en la guerra del agua”, recuerda con orgullo. Pasaron 13 años, la Llajta todavía tiene problemas de abastecimiento de agua y Aguilar ahora es un técnico de la Gobernación cochabambina, responsable del comité de lucha contra el racismo departamental que se formó hace poco.

Su trabajo lo ha enfrentado a una ironía del pasado: el 23 de mayo, cuando el viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, posesionó a los delegados del comité antirracismo, oyó en la lista el nombre del coronel Robinson Iriarte La Fuente, el francotirador militar sin uniforme que fue registrado por la televisión disparando contra manifestantes civiles. 

El mismo día en que Iriarte disparó, una bala en la cabeza acabó con la vida de Víctor Hugo Antezana (17) y Cochabamba ardió.

Ese día algo se quebró en la historia del país, algo que acabó después con 20 años de democracia pactada.

Pero los papeles del comité antirracismo  muestran que el pasado todavía golpea: el francotirador de la guerra del agua no fue retirado, ni siquiera por el Gobierno del "proceso de cambio", y llegó al grado de coronel.

Al buscar una explicación del ministro de Defensa, Rubén Saavedra, en su despacho responden que el Alto Mando Militar debe dar cuenta de este controvertido caso.

Asistentes del general Edwin de La Fuente, comandante de las FFAA, derivan la consulta al Ejército; allí nadie contesta. Fuentes oficiales confirman el estatus activo de Iriarte, destinado a la Séptima División. Tampoco se puede ubicar al militar en los cuarteles de esa entidad.

Papeles y algunas pruebas

Aguilar guarda el acta de creación del comité antirracismo, explica que las FFAA delegaron a Iriarte y no la Gobernación y muestra otra carta fechada el 2 de julio, firmada por el coronel Hugo Ángel Rivas Arnez, jefe del comando conjunto central, que dice que por "razones administrativas" el coronel Juan Torrico Jiménez reemplazará a Iriarte como delegado en el comité.

Se trata de papeles oficiales del archivo de la Dirección de Culturas de la Gobernación.

El viceministro de Descolonización dice que ha encargado una averiguación sobre el nombramiento de Iriarte en el comité departamental de lucha contra el racismo de Cochabamba, asegura que cada institución designa a los delegados y que eso no es responsabilidad de su viceministerio.

Represor absuelto

Según la hemeroteca de EL DEBER, Iriarte fue absuelto el 30 de agosto de 2003 de los cargos de “exceso, usurpación, toma arbitraria y retención ilegal de mando”. Fue juzgado por la justicia militar, no se admitió el cargo de asesinato y, tras el proceso, las FFAA lo habilitaron para seguir su carrera. De hecho, en publicaciones de la época hay testimonio de la protesta de Sacha Llorenti, entonces vicepresidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), debido a la absolución de Iriarte.

De acuerdo con la edición del diario paceño La Razón, del 31 de agosto de 2003, antes de ser ministro de Gobierno y embajador de Bolivia ante la ONU, Llorenti “calificó el fallo de parcializado y dijo que se constituye en un referente de impunidad y aval para que los militares puedan disparar contra los sectores sociales que protestan contra la falta de soluciones a la crisis económica”.

La memoria

El pasado roza llagas que todavía duelen. Decenas de heridos por armas de fuego y palos. Se oyen tiros. “¡El agua es nuestra, carajo!”, “¡fuera Bechtel!”, “¡fuera Banzer!”, braman con furia los cochabambinos en la plaza 14 de Septiembre. El exdictador Hugo Banzer gobierna Bolivia y dicta Estado de sitio. Los "dálmatas" de la Policía patean a campesinos detenidos. El Ejército en las calles, disparando. Un francotirador vestido de civil entre los camuflados, de gorra, de polera roja a rayas, buzo celeste y zapatillas. Se agacha y dispara. Apunta y otra vez dispara. Es el 8 de abril de 2000 y Víctor Hugo Daza ha muerto. Ciego de rabia, su hermano llora arropado por la multitud, sujetando una manta blanca que cubre el cadáver ensangrentado.

La bronca hace temblar a Oscar Olivera cuando vuelve a ver esas imágenes y que inspiraron documentales como La Corporación (Mark Achbar y Jennifer Abbott) y películas como También la lluvia (Iciar Bolain). “El Gobierno no tiene memoria, no recuerda que la guerra del agua lo parió con dolor y sangre. Las FFAA no han cambiado y la muerte de Victor Hugo sigue impune”, protesta Olivera.

Mientras revisa las imágenes, el diminuto cabecilla de esa "guerra" recuerda que los testigos sitúan al francotirador en medio de los militares, primero de polera blanca y buzo celeste, en la esquina de las calles Brasil y Esteban Arce, tal como lo refleja una fotografía del diario Los Tiempos. Luego aparece en otro lugar con una polera roja a rayas, como dejan ver las imágenes tomadas por PAT. Pese a los testigos y a los registros de video, ante la justicia militar nunca se pudo probar que los disparos del francotirador fueron los mismos que mataron a Daza y el juicio, que duró dos años y nueve meses, no condujo a ninguna sanción.

Petición de informe escrito

“Nosotros no designamos a los delegados. Cada una de las 24 instituciones, de forma autónoma, nombró a sus representantes”, repite Aguilar. Queda claro: la Gobernación de Cochabamba no postuló a Iriarte para el comité antirracismo, no es su competencia y saben del problema político que implicaría. A Aguilar el tema le inquieta.

Para el diputado Fabián Yaksic (MSM) el Ministerio de Defensa debe dar una explicación, de modo que decidió pedir un informe escrito al despacho de Saavedra. El tema también le intriga: es el pasado de una guerra que sigue golpeando

El día que murió el silencio   

PAT registra francotiradores

El 8 de abril de 2000, las cámaras de PAT registran a francotiradores militares que disparan contra civiles en Cochabamba durante la guerra del agua.

Muere un joven de 17 años

El mismo día del tiroteo, pierde la vida por herida de bala Víctor Hugo Daza, manifestante de 17 años. Algunos testigos acusan a Iriarte, otros lo defienden.

Se identifica a Robinson Iriarte

Gracias a la revisión de las imágenes, se identifica al capitán Robinson Iriarte como el protagonista del tiroteo en contra de manifestantes civiles.

Bronca y luto en Cochabamba

El hermano de Daza llora con desesperación y rabia a lado del cuerpo herido por armas de guerra. Cochabamba arde de bronca por la represión

Análisis  

Contradicción grosera

Waldo Albarracín – Exdefensor Del Pueblo

La permanencia, el ascenso y la designación del militar Robinson Iriarte en el comité departamental de lucha contra el racismo de Cochabamba es una contradicción flagrante y merece ser discutida a la luz de la opinión pública. Redunda en la vocación del Gobierno, muy cercano a las FFAA y capaz de olvidar un episodio tan grave como la represión armada a la guerra del agua en 2000.

Estamos hablando de un militar acusado de matar, no por error, sino usando la técnica y precisión de un francotirador. Y no se trata tampoco de un desconocido: El propio Evo Morales cuando era dirigente cocalero de Cochabamba condenó la intervención de los francotiradores militares en la guerra del agua. Sacha Llorenti, que era defensor de los derechos humanos, también fue un duro crítico de la absolución de Iriarte hecha por la justicia militar en 2003, durante el Gobierno de Sánchez de Lozada. Lo "extraño" es que ahora lo hubiesen ubicado como luchador contra el racismo.

Recuerdo el caso y recuerdo que se denunció la vinculación familiar del entonces capitán Iriarte con dirigentes de la cúpula del MNR gonista. En un acto de protección corporativa de los militares y con el aval del MNR, la entonces subordinada al poder político Corte de Distrito de Cochabamba derivó el caso a la justicia militar y allí lo liberaron.

Planteo que Evo Morales se pronuncie sobre el caso particular. Él tiene que explicar qué hace en su Gobierno un agente represor de protestas.