Prensa boliviana pide ley para regular reparto de publicidad oficial

El oficialismo se abre al debate de la regulación de las pautas públicas, mientras que el Ejecutivo señala que estos espacios son repartidos a los medios bajo un estudio de criterios técnicos.

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EL DEBER

Foto: Un televidente observa uno de los programas que emite a diario el canal 7.

Los gremios periodísticos plantean la elaboración de una ley que regule la distribución de pautas estatales bajo un único concepto: la equidad. Esta iniciativa fue recibida con algún tipo de recelo por el oficialismo, mientras que la oposición aplaude la iniciativa. Desde el Ejecutivo central solo se informa que la publicidad pública se reparte a los medios bajo un estudio de criterios técnicos.

El debate está en la mesa. Los sectores de la prensa ven que la publicidad oficial no ha sido únicamente un medio para materializar el derecho de la sociedad de saber sobre la gestión gubernamental —ya sea del nivel central, departamental o municipal—, sino por el contrario, este espacio —dicen— se ha constituido en una preocupación porque el Estado reparte la pauta publicitaria en función a la simpatía o antipatía que tengan las autoridades de turno con los diferentes medios de comunicación.

Sugerencia del gremio

Es por esta susceptibilidad que surge la idea de regular estos espacios. El primer insumo es recalcar que la publicidad oficial se paga con dinero público. Con esa aclaración, los gremios ven necesario que el Gobierno de turno distribuya entre todos los medios las pautas públicas, claro, dicen, bajo un mecanismo de selección de acuerdo con la cobertura y la demografía, entre otros aspectos.

El presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, Antonio Vargas, se mostró a favor de esta iniciativa. Explica que esta norma debe establecer como un principio la “democratización” de estos espacios. “Todos los medios, ya sean oficialistas u opositores; azules o verdes, deben tener publicidad oficial”, opinó.

La desproporción de este material llega al menos a dos medios: el diario paceño Página Siete y el programa Sin letra chica, del periodista Carlos Valverde. Ambos se mostraron críticos con algunos episodios de la gestión gubernamental, y por eso, en el caso del comunicador cruceño, ve algún tipo de represalia negándole las pautas oficiales. En cambio, el rotativo recibe escasa publicidad.

“Me sumo a la regulación de esta publicidad; yo me vi afectado desde 2011 solo porque denuncié muchos casos de corrupción, ya sea del Gobierno central, municipal o departamental”, protestó Valverde.

EL DEBER envió un cuestionario a la viceministra de Políticas Comunicacionales, Claudia Espinoza, para que explique los criterios técnicos que maneja la cartera de Comunicación en este tema. Además, este medio quiso conocer si el Ejecutivo está de acuerdo con elaborar una ley que regule estos espacios; sin embargo, la autoridad, hasta el cierre de esta nota (viernes 16 a las 17:00) no respondió a las preguntas enviadas.

Sin embargo, en una carta enviada el 14 de agosto a este medio, Espinoza explicó que “la política comunicacional publicitaria del Gobierno responde a criterios técnicos y de democratización de la pauta”.

Estas decisiones, dijo Espinoza, se asumen en una “comisión intrainstitucional” en el Ministerio de Comunicación.

Sobre la propuesta, la diputada oficialista Marianela Paco, periodista de profesión, mostró apertura al debate de esta iniciativa, empero, garantizó que la publicidad oficial se reparte con equidad a los medios.

Con más decisión se manifestó el asambleísta Franz Choque (CN), quien aplaudió la iniciativa de los gremios para “democratizar” la publicidad estatal mediante una regulación plasmada en una ley.

Por su parte, Ronald Grebe, de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), se inclinó a iniciar un debate sobre esta temática y llegar a conclusiones favorables para todos los medios. 

También, el periodista Remberto Cárdenas respaldó la iniciativa y pidió a los medios comenzar el debate del tema. 

Detalles 

La denuncia de Valverde

El periodista Carlos Valverde denunció en 2011 discriminación por no recibir publicidad oficial en su programa televisivo.

La respuesta de Canelas

El entonces ministro Iván Canelas respondió que su cartera sigue criterios técnicos y estratégicos para entregar pautas.

Exclusión a nivel regional

El periodista denunció también que la Gobernación de Santa Cruz y el municipio le quitaron publicidad oficial. La Alcaldía cruceña adjudicó para esta gestión 14.914.798 de bolivianos para gastos en publicidad oficial.

El pago del Gobierno

En la gestión 2012, el Gobierno central desembolsó aproximadamente Bs 24 millones en publicidad.

CIDH solicita norma para regular la publicidad

La Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) incluye en sus informes, capítulos sobre principios de regulación de la publicidad oficial.

Esta instancia que pertenece a la CIDH estudió por primera vez este tema en 2003, concluyendo que “la obstrucción indirecta a través de la publicidad estatal actúa como un fuerte disuasivo de la libertad de expresión”.

En su último informe, la Relatoría para la Libertad de Expresión sugirió a los gobiernos de las Américas aprobar mecanismos de regulación de la publicidad oficial.

“La carencia de un marco legal específico y adecuado para la definición de los objetivos, la asignación, contratación y control de la pauta estatal permite una utilización arbitraria de estos recursos en detrimento de la libertad de expresión”, concluye el documento de la instancia que es parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), de la cual Bolivia es miembro pleno.

Entrevista

“Todos los medios deben tener publicidad oficial”

Antonio Vargas  – Presidente De La Asociación de Periodistas de La Paz

Criticó el método que ejecuta el Gobierno para repartir la publicidad oficial a los medios de comunicación. Ante ese cuestionamiento, se inclina  por la aprobación de una ley que regule la distribución de propaganda estatal de forma equitativa a las casas periodísticas  ¿Es necesario regular, mediante una norma, la distribución de publicidad oficial a los medios?

Debemos tomar en cuenta que la propaganda que utiliza el Gobierno la paga con los recursos públicos, es decir, que la paga con el dinero de los bolivianos; en ese sentido, debería haber una norma específica que pueda dosificar esta parte de la torta de anuncios del Gobierno de manera equitativa entre los medios.

A pesar de estos criterios,  ¿todos los medios, según los mecanismos, deberían tener publicidad del Estado?

Todos, pero todos los medios de comunicación en nuestro país, sean oficialistas, opositores, deberían tener participación en la torta de anunciaje que utiliza el Gobierno.

¿Existen diferencias en esta repartición?

Encontramos profundas diferencias entre medios de comunicación que son favorecidos y otros que por su línea crítica al Gobierno son castigados. Ahora vemos, en La Paz, una especie de documental que dura 15 minutos, si hacemos cálculos, el segundo "al aire" en horario estelar cuesta alrededor de nueve dólares, estos multiplicados por 900 segundos, da la cantidad de 8.100 dólares por cada pase, esto multiplicado por el número de canales es una millonada diaria; obviamente este tipo de asimetrías no debería darse.