El ministro de Gobierno, Carlos Romero asume que la presencia del Estado en las cárceles de Bolivia es débil; solo en Santa Cruz se precisa invertir Bs 200 millones para construir y equipar una cárcel acorde a los requerimientos de la región.
Carlos Romero dice que se necesita un cambio radical
TRAS LA MASACRE. El ministro de Gobierno explica que se precisa invertir Bs 200 millones para construir y equipar una cárcel acorde a Santa Cruz.
Romero y el viceministro Pérez han manejado la crisis de Palmasola desde Santa Cruz de la Sierra. Foto: Crédito.
EL DEBER
El diagnóstico está claro: los sistemas de control dentro de los penales no son los óptimos, el sistema de aislamiento de los presos peligrosos tenía factores de vulnerabilidad, los intereses de los internos en determinados negocios ilícitos generan disputas dentro de las cárceles, que tienen problemas estructurales y se necesitan políticas más agresivas para solucionar un problema que lleva décadas agravándose. Por ello, todo el sistema penitenciario debe afrontar cambios radicales para evitar que vuelva a suceder una matanza como la del viernes en Palmasola.
Así resume el ministro de Gobierno, Carlos Romero, la problemática carcelaria del país. El abogado asume que la presencia del Estado en las cárceles es débil, una crítica que le habían hecho varios especialistas en la jornada del viernes negro y que había repetido ayer el líder del Movimiento Sin Miedo, Juan del Granado.
Soluciones costosas
Romero admite que el problema de Palmasola se repite, en mayor o menor escala en todas las cárceles del país, por lo que cree que es necesaria una transformación radical de los reclusorios. Para ello, es necesario establecer un sistema progresivo que implique la construcción de una "cárcel de verdad", con celdas, talleres de rehabilitación, áreas de producción y aislamiento real para los presos peligrosos. A ello se suman aspectos tecnológicos mínimos, como la instalación de cámaras de seguridad e inhibidores de llamadas para evitar que los reclusos organicen crímenes más allá de los muros con teléfonos celulares. Todo ello debe ser controlado por una policía penitenciaria especializada. “La inversión es significativa. Estamos hablando de cárceles extendidas en 16 hectáreas que, sin contar el terreno, demandan Bs 100 millones para construirlas y otro monto similar para equiparlas”, explica.
Y Palmasola no es la única que necesita una intervención urgente. Romero asegura que ya ha advertido de la necesidad de traslado de panópticos de La Paz, Cochabamba y Tarija. “Creemos que Palmasola ha generado una reacción nacional y se pide dar una respuesta inmediata”, señala.
La arena política
Lo sucedido en Palmasola ha hecho que diversos sectores cuestionen el trabajo de Romero y del Gobierno. De hecho, ayer los presos de San Pedro instalaron una protesta en el techo del penal exigiendo una reforma penitenciaria. “Esta desgracia no es culpa nuestra”, dijo el presidente del Consejo de Delegados de reos de San Pedro, Hebert Quiliche.
Por su parte, el defensor del pueblo, Rolando Villena, aseguró que desde hace un año denunció que el hacinamiento en los penales podría generar disturbios y corresponsabilizó de los hechos a la justicia por retardar las sentencias y saturar los penales.
Del Granado, por su parte, cargó directamente contra Romero y exigió, al igual que los presos, una restructuración del sistema.
Las críticas también vinieron desde el MAS. La presidenta de Diputados, Betty Tejada, dijo el viernes que hubo una mala lectura de información de parte de Inteligencia de la Policía, que la tragedia se pudo evitar y que se debe establecer la cadena de responsabilidades.
Romero asegura que todas las críticas son bienvenidas, pero advierte de que sería cruel pretender hacer política con esta matanza. “Hubo dos grupos con antecedentes penales gravísimos que se enfrentaron. Son grupos que digitan muchos delitos. Si estos grupos les sirven para hacer política contra el Gobierno, allá ellos”, señaló el ministro.
Consultado sobre las críticas que vienen desde el interior del Movimiento Al Socialismo, aseguró que las ha conocido solo por los reportes de prensa que le envían y que le preocupan poco, ya que no son propositivas. “Es la misma gente que reacciona de manera vengativa, pero que no consigue mayor resonancia porque no son propositivas. Son un par de diputados que descalifican su trabajo de fiscalización al emitir juicios de valor incluso antes de iniciar la investigación. Prefiero preocuparme de que la gente que quiere trabajar, que quiere aportar, sea bienvenida”, añadió.
Para Romero, una reforma penitenciaria radical será clave para bajar los índices delincuenciales, ya que asegura que muchos de los delitos de la ciudad se orquestan desde la cárcel
Las claves
Donación de terreno
De forma urgente, en Santa Cruz, Cochabamba, Tarija y La Paz se necesita que un municipio ceda un terreno de al menos 16 hectáreas para edificar penales modelo.
Coordinación estatal
Romero asegura que el Gobierno debe ser el que aporte la mayor parte de los Bs 200 millones que se necesitan para cada penal, pero también las alcaldías y gobernaciones deben aportar recursos.
Separación de reos
Un punto clave para cortar la cadena delictiva, según Romero, es aplicar una adecuada separación de reos peligrosos y sentenciados de los con prisión preventiva y delitos leves. Eso, según el ministro, acabaría con la idea de que la cárcel es una escuela del delito.
Negocios identificados
Romero admitió que se conoce que la jerarquía que se disputaban los pabellones A y B de Chonchocorito era para poder controlar las extorsiones o seguros de vida, la venta de droga y alcohol en Palmasola.
Denuncia de negligencia
Diputados de Concertación Nacional pidieron que las autoridades del Ministerio de Gobierno y de la Policía admitan su negligencia en el cumplimiento de su deber, al permitir la tragedia de Palmasola.
¿Remplazante en Palacio?
Alfredo Rada, exministro de Gobierno, ha vuelto a trabajar en Palacio como viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales. Si Romero tira la toalla, sería el recambio "natural".
Análisis
Los verdaderos dueños del penal son los presos
Carlos Guzmán – Cientista Político
Ahora todos gritan por el viernes negro de Palmasola. Nuevamente una jornada trágica para llamar la atención tanto del Gobierno como de la ciudadanía sobre las grandes fallas estructurales del régimen penitenciario no solo en Santa Cruz, sino en Bolivia.
Los síntomas ya habían aparecido hace mucho tiempo, desde las épocas de los años noventa en las luchas de poder con la llamada La Pesada, luego las decenas de túneles subterráneos por los que se trafican y se fugaban reos. No está de más hacer recuerdo de la gran fuga de aproximadamente 30 presos por la misma puerta principal. Por todo ello, hoy no se puede decir “algo así tenía que suceder, para que hagan algo”. Eso es un cliché, una lamentación hipócritas de políticos, periodistas y opinadores en general, todos ellos falsos y desmemoriados.
Cosas muy parecidas ya pasaron y seguirán pasando porque no existe una política integral de seguridad. Todavía la seguridad ciudadana sigue en la concepción de los años ochenta.
Si nos ponemos a hurgar un poquito la Constitución, nos vamos a dar cuenta de que el régimen penitenciario solamente está mencionado en el artículo 74 y en su parágrafo II dice: “Las personas privadas de libertad tendrán la oportunidad de trabajar y estudiar en los centros penitenciarios”
“Ñiej” dice una de mis estudiantes, en Palmasola. Los que hemos ido a curiosear sabemos que las políticas de reinserción social son nulas. El Ministerio de Gobierno es el que administra el régimen penitenciario, no la Policía. Los uniformados son serenos en Palmasola, solamente dan seguridad. Los policías son transeúntes porque los verdaderos dueños del penal son los internos y ellos siguen en Palmasola porque han construido el penal.
El PC-4 (régimen abierto) es una construcción con los recursos económicos de los mismos internos. Casas, aceras, calles, servicios han sido provistos por ellos mismos. ¿Quién tiene mayor autoridad? ¿Un policía que está destinado y que está un promedio de dos años? ¿O un interno que va a estar treinta años allí? A todos los treintones que ocasionaron la matanza ¿qué les van a hacer? ¿mandarlos a la cárcel?
Es necesario entender que ellos tienen el poder, porque el régimen penitenciario es una burla al sistema penal. Todo el sistema penal boliviano –a excepción de Chonchocoro y Cantumarca- no tiene las condiciones de infraestructura ni programas. Es primordial entender que la idea principal de una prisión es la rehabilitación, me refiero a programas donde se trabaje con los internos, tanto a nivel laboral como en la dimensión sicológica. El tema de los delincuentes no se acaba con ir a botarlos en los confines de la ciudad.
Es importante entender que Palmasola es el centro de operaciones de la gran cantidad de delitos que se cometen en la ciudad, y mientras el Ministerio de Gobierno no tome medidas efectivas en el penal, los delitos van seguir en aumento