Bolivia bajo la lupa: ¿narcotráfico en su auge?

Ronald Balderrama*

dro Recordatorio

Un Informe de Univisión el año 2011, relataba que el narcotráfico campea en Bolivia. El narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, ha sacado provecho del ambiente de corrupción y complicidad que se vive en Bolivia para ampliar el horizonte de sus negocios y enviar a uno de sus hijos a este país, según documentos de inteligencia del gobierno boliviano obtenidos por Univisión.

El panorama de narco-estado boliviano que se describe en los reportes, muestra una febril actividad de los carteles de Sinaloa, Norte del Valle de Colombia y Primer Comando Capital de Brasil en el país andino, la presencia del narco mexicano en Santa Cruz, la segunda ciudad en importancia de Bolivia es un secreto a voces, según lo reconoce un narcotraficante brasilero que operaba en esa ciudad.



“Sí, se escuchaba hablar que ese tipo, que era el que salía en la tele, en fotos, que era uno de los más ricos del mundo…que estaba en Santa Cruz, decían que estaba en una propiedad”, explicó en una prisión de Brasil, Maximiliano Dorado, condenado por narcotráfico. “Nunca supe ni en cuál propiedad, pero sí que se escuchaba esto, era lo que más se hablaba allá”, agregó.

Los informes de los servicios de inteligencia citan a por lo menos 40 personas entre altos oficiales de la policía, abogados, fiscales y empresarios como facilitadores del millonario negocio de la cocaína.

Al respecto el Senador de oposición Roger Pinto pidió una investigación contra Sacha Llorenti. En una carta dirigida al presidente Evo Morales en marzo de 2011, Pinto alega que pese a las advertencias, Llorenti no investigó los vínculos del general de la policía René Sanabria con narcotraficantes.

Sanabria, quien fue el zar antidroga de Bolivia, se declaró culpable de narcotráfico en una corte federal de Miami. Los niveles de complicidad de las autoridades de Bolivia con los carteles internacionales de la droga no son ajenos al gobierno de Estados Unidos. (Fuente: Noticias.univision.com).

Dato histórico

Bolivia se preparaba para las elecciones generales de 1989, salieron a la luz una serie de videos y fotografías que comprometían la reputación de miembros de los partidos políticos más importantes por sus supuestos vínculos con el narcotráfico. En particular, uno de los políticos más prominentes que posaba junto a Isaac “Oso” Chavarría (considerado el líder del narcotráfico boliviano) era el candidato del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Jaime Paz Zamora, quien fue electo Presidente de la Nación.

Surgieron acusaciones de que Chavarría había contribuido con $100.000 dólares a la campaña del MIR. Presuntamente, después de las elecciones las principales figuras del MIR continuaron su relación con Chavarría y en 1991, el presidente Paz Zamora nombró al Coronel Faustino Rico Toro -conocido por tener un fuerte vínculo con el tráfico de drogas- para encabezar la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN). Lo anterior generó la suspensión de la ayuda norteamericana a Bolivia, por lo que Rico Toro renunció posteriormente a su puesto.

Se alega además, que subsiguientes ministros del interior y comandantes del FELCN estuvieron vinculados también con la industria de la droga. Durante el gobierno siguiente del presidente Sánchez de Lozada se iniciaron las investigaciones por los supuestos lazos del ex-presidente Paz Zamora con el narco y se encarceló a varios miembros del MIR. Asimismo el gobierno norteamericano canceló al ex-presidente en cuestión su visa de entrada a los Estados Unidos.

Narcotráfico

El narcotráfico es una actividad ilegal y globalizada que radica en el cultivo, fabricación, distribución, venta, control de mercados, consumo y reciclaje de utilidades inherentes a la droga de procedencia ilegal. Sin embargo dicho concepto de ilegalidad puede variar dependiendo de la normatividad de algunos países u organizaciones internacionales, que pueden determinar de manera estricta la prohibición de la producción, transportación, venta y consumo de algunos estupefacientes o de igual modo que pueden permitirla.

El narcotráfico opera de manera similar a otros mercados subterráneos. Varios cárteles de drogas se especializan en procesos separados a lo largo de la cadena de suministro, a menudo focalizados para maximizar su eficiencia. Dependiendo de la rentabilidad de cada parte del proceso, los cárteles varían en tamaño, consistencia y organización. La cadena va desde los traficantes callejeros de bajo rango, quienes a veces son consumidores de drogas ellos mismos, también llamados “camellos”, a los jefes de los cárteles que controlan y dominan la producción y distribución. Estos son los que, junto a los intermediarios financieros que les ayudan a “potabilizar el dinero conseguido” o “lavar los activos de procedencia ilegal”, dominan el bajo mundo de las drogas.

Lo que acontece en la actualidad

Director de periódico el Sol de Pando dice que fue detenido por investigar vínculos de Quintana con narco-sicario.

El periodista Wilson García Mérida, director del periódico Sol de Pando, envió cartas al ministro de gobierno, Carlos Romero, y al comandante departamental de policía de Cochabamba, Erwin Montaño, acerca del incidente sucedido durante su detención.

Según el comunicador, la orden de detenerlo provino de “un agente civil de inteligencia”, a raíz de las investigaciones que lleva a cabo sobre los presuntos vínculos del ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, con narco-sicarios.

La detención al periodista fue el pasado 31 de agosto del presente año.

En cartas redactadas al Ministro de Gobierno y al Comandante Departamental de la Policía de Cochabamba, el periodista afirma lo siguiente:

Es inconcebible que en territorio nacional tenga que ser perseguido y encarcelado a causa de no portar mi cédula de identidad; mientras que en el Brasil contamos con protección e incluso custodia por parte de la Policía Federal.

Aprovecho la ocasión para reiterar a Ud. (Carlos Romero) mi información acerca de las estrechas relaciones políticas entre el Ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana y el jefe de la banda narco-sicaria de Pando Mauro Vásquez Guerra, re-capturado en noviembre del año pasado tras denuncias publicadas por Sol de Pando respecto a la rearticulación de esa banda en la ciudad de Cobija.

Asimismo le solicito se investigue oficialmente y se esclarezcan las razones por las que el ministro Quintana permitió la incorporación en los aparatos de seguridad del Estado (como guardaespaldas del gobernador de Pando) del narco-sicario mototaxista Esteban “Chito” López, quien participó en la matanza de Porvenir, arma en mano, disparando contra nuestros indefensos compañeros campesinos del MAS que cayeron a orillas del río Tahuamanu.

Durante nuestro asilo temporal en la ciudad de Brasileia, en octubre, fuimos invitados a una reunión reservada entre jefes y oficiales de las policías del Estado de Acre, Brasil, y del Departamento de Pando, Bolivia, donde tomamos conocimiento sobre la decisión conjunta de recapturar a Mauro Vásquez Guerra, cuya banda venía intensificando una nueva ola de asesinatos, atracos, secuestros y el tráfico de cocaína peruana hacia territorio brasileño atravesando Pando con ostentosa impunidad. Se nos solicitó iniciar una campaña pública a través de nuestro periódico para denunciar el retorno del sicariato a Pando que estaba creando una aguda crisis fronteriza entre Bolivia y Brasil.

Entonces Mauro Vásquez fue nuevamente capturado después de cuatro años, a mediados de noviembre del año pasado, en un operativo que contó con la presencia del ministro de Gobierno Carlos Romero. Al ser informado de aquel operativo, el Ministro de la Presidencia, cínicamente, le “sugirió” al ministro Romero trasladarlo a Chonchocoro por ser un hombre “altamente peligroso”, después de habérsele permitido cuatro años de libre ejercicio criminal como agente encubierto del Comando Conjunto Amazónico junto con satinadores de la Escuela de Cóndores de Sanandita.

Policía implicada en actos ilícitos

La presidenta de la Cámara de Diputados Betty Tejada (MAS), señaló que el caso del ex mayor de la Policía, Fabricio Ormachea, no puede ser considerado como una acción individual, más al contrario es institucional, por lo que la entidad del orden debe rendir cuentas al respecto.

El ex oficial fue detenido el pasado 31 de agosto en Miami, Estados Unidos, en flagrancia en un hecho de extorsión al ex propietario de la línea aérea Aerosur, Humberto Roca, a quien pidió 30.000 dólares para favorecerlo en un juicio que enfrentaba en Bolivia.

Ormachea, quien ostentaba el cargo de jefe de la División Especial de Lucha Contra la Corrupción de la Policía, fue capturado por el FBI y actualmente está siendo enjuiciado por el delito de extorsión, mientras que en Bolivia se armó una polémica al ser el segundo policía de alto rango en ser capturado por ilícitos en Norteamérica. El primero fue el general en retiro, René Sanabria, por tráfico de cocaína.

Para la presidenta de Diputados fue “raro” que el comandante de la Policía, general Alberto Aracena, no haya tomado alguna acción al respecto cuando la ministra de Transparencia, Nardi Suxo, le advirtió en enero pasado sobre la presencia de algunos oficiales con supuestas conductas irregulares al interior de la unidad anticorrupción de la Policía.

Drogas en colegios, plazas y zonas de toda Bolivia

En el último año se incrementó el microtráfico de drogas no solo en los puntos críticos de El Alto, como la Ceja o Villa Dolores, sino también en las afueras y al interior de las propias unidades educativas, situación atribuible al crecimiento de esta problemática en el país.

Ya la pasada gestión, desde la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), se informaba que es cada vez mayor la presencia de proveedores de estupefacientes en afueras e interiores de unidades educativas, a raíz de la gran cantidad de pandillas juveniles que existen en el país y cuyos miembros se encargan de introducir cocaína y marihuana a colegios.

Según el Centro Latinoamericano de Investigación Científica (Celin), en Santa Cruz el consumo de drogas en jóvenes subió del 4,6% en 1996 al 8,1% en la gestión 2011. El 6% de los estudiantes en Santa Cruz consume marihuana y es, a escala nacional, la región donde más casos se han detectado. Le siguen los estudiantes de El Alto (5,5%), La Paz (5%) y Trinidad (4,5%).

Opinión

No es una novedad hablar de narcotráfico en nuestro país, este problema es de larga data, ya que la vinculación del narcotráfico ha estado ligado con la política en algunos periodos gubernamentales, e incluso se habla de ésta relación en periodos de dictadura.

Lo que hoy amerita una profunda reflexión es el relacionamiento aparente de instituciones creadas por el Estado para combatir la ilegalidad, el narcotráfico y toda la serie de delincuencia que genera esta problemática y que al parecer no estarían cumpliendo su función, ya que el narcotráfico involucra al armado de un aparato inmensamente grande donde diferentes personas en diferentes rubros de ven involucradas. Hablar de organizaciones criminales, sicarios, prostitución, secuestros, matanzas, tráfico de armas, de influencias, sobornos, compra de conciencias, lavado de dinero, entre otros son características que conlleva no sólo a destruir a una sociedad, sino que se expande de una manera inimaginable por el planeta por la cantidad de dinero que se mueve.

Hablar del crecimiento de las plantaciones de coca, su desvío al comercio ilegal y la relación del tráfico de cocaína con la política parecería normal en nuestro país. El mismo día que comenzaba el gobierno democrático, una balacera en el aeropuerto de Santa Cruz y el apresamiento de narcoterroristas evidenció una podredumbre que nunca fue aclarada.

Se llegó a tal punto de ironía que un individuo de nombre Roberto Suárez, ofreció pagar la deuda externa boliviana a cambio de más beneficios al ilícito negocio de la cocaína. Un grupo de políticos multipartidarios intentó sin éxito concretar la oferta, suspendida por la presión de la opinión pública.

Para combatir este sucio negocio el Estado aprobó la Ley 1008 que fue promulgada en 1988, pese a la férrea oposición de los cocaleros. La disposición reconoce como zona “tradicional” para el cultivo de la hoja a los Yungas de La Paz, en “transición” a desaparecer al trópico de Cochabamba e “ilegal” al resto del territorio. La aplicación de políticas de eliminación de las plantaciones fue respondida por los productores con bloqueos, marchas y huelgas. Decenas de muertos y cientos de heridos quedaron entre los huachos de cocales y por supuesto el defensor de la hoja de coca o de los cocaleros en ese entonces era el dirigente Evo Morales, función que jamás dejo de ejercer pese a consolidarse como presidente de Estado.

Es penoso hoy, observar constantemente noticias qué involucran en actos de corrupción y narcotráfico a personas encargadas de combatir estos hechos, las instituciones andan desacreditadas constantemente, y más la falta de justicia real, transparente y objetiva que no existe en nuestro Estado, las cosas parecerían empeorar.

El ocho años de gestión gubernamental del MAS, nada en lo concerniente a erradicar el narcotráfico ha cambiado, es más parecería que estamos peor, por la serie de datos de ilícitos que se constatan diariamente, leyes que no tienen aplicabilidad real, y poca voluntad para sanear los problemas de raíz, son características que no las pueden cubrir ni ocultar aunque lo intenten. El proceso de “cambio” tuvo y tiene bastantes falencias, errores y horrores, y tarde o temprano muchos temas más serán esclarecidos, la historia nos demuestra que los tiranos más feroces perdieron el poder en algún momento, y lo mismo volverá a suceder, sólo esperemos que el cambio sea democrático por el bien del Estado boliviano y por una sociedad que cree en valores, en procesos, en educación y en el buen desarrollo del país.

Estimado lector: ¿Cuál es su percepción sobre el narcotráfico, las denuncias de aumento de drogas que circulan en colegios, plazas y que generan delincuencia en el país, cree que el gobierno las combate?

*Politólogo