Ejercicio del poder dictatorial en Venezuela

Carlos Sánchez Berzaín*

ZSB Dictadura es el "Gobierno que bajo condiciones excepcionales prescinde de una parte, mayor o menor, del ordenamiento jurídico para ejercer la autoridad en un país", esto es que "no existe estado de derecho", que hay un individuo, un gobernante o un sistema que se ha puesto por encima de la ley, llegando incluso a usar la creación de sus disposiciones legales -que no son ni legítimas ni lícitas- para violar los derechos fundamentales y la libertad de los ciudadanos.

En los regímenes dictatoriales los gobernantes han rebasado la ley, la adulteran, la cambian y configuran a su antojo, "dictan" su voluntad por encima de la razón y de la institucionalidad.



Por si queda alguna duda en la comunidad internacional sobre la verdadera naturaleza del Gobierno de Nicolás Maduro, sólo basta revisar algunas de las actuaciones de los últimos días del gobernante venezolano para probar -una vez más- que el Gobierno de Venezuela es una dictadura y que Maduro es el dictador de turno por sucesión autoritaria a su antecesor el dictador Chávez.

Al dictador venezolano no le corresponde el título de "presidente" que se da en los regímenes republicanos al jefe de Estado normalmente elegido por un plazo fijo.

Maduro está en busca de una "ley habilitante" que con el pretexto de la lucha contra la corrupción y la defensa de la economía, le permita ejercer aún más impunemente, con más violencia y propaganda, actos de persecución y represión contra los defensores de la democracia en su país.

Como le faltan votos (porque perdió las elecciones y pese a eso se quedó con el poder) está en busca del voto 99, para lo que ha puesto en acción su "aparato de justicia", para inhabilitar a los asambleístas Mercedes Aranguren y Juan Carlos Caldera.

Tres indicadores de dictadura: la ley habilitante para legalizar el totalitarismo, la persecución con el Tribunal Supremo de Justicia que muestra la inexistencia de separación e independencia de los poderes públicos, y la violación de los derechos humanos de debido proceso, presunción de inocencia y juez imparcial.

Maduro ha creado el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA), llevando al Palacio de Miraflores un centro de inteligencia que rompe cualquier atisbo de institucionalidad democrática, que ratifica la militarización del régimen, que concentra el poder y que abre las puertas a cualquier tipo de abuso contra la libertad de los venezolanos.

Se ha comentado que la creación de este Centro es solo una de las múltiples señales de Maduro a las Fuerzas Armadas, que incluirían la duplicación de su presupuesto y la participación activa de sus miembros en cargos públicos civiles.

Todo destinado a mantener la lealtad de la fuerza al régimen, esencial para la sobrevivencia de la dictadura. La creación del viceministerio de la "Suprema Felicidad" de los venezolanos, no es un dato menor.

Esta medida que puede ser considerada desde una broma de mal gusto hasta un acto de locura, es la indicación de que en la dictadura no existe ningún mecanismo de "redición de cuentas," de control del gobernante, para que sus actos además de ser legales estén por lo menos sujetos a la razón.

Este mes termina contemplando los actos de violencia del Gobierno de Maduro que ha llegado incluso a colapsar Caracas para impedir una marcha de trabajadores.

Con una feroz campaña de publicidad contra tres líderes de la oposición, Henrique Capriles, María Corina Machado y Leopoldo López a quienes señalan como "te quitan la luz, te quitan la comida, te quitan la paz, basta de violencia".

Afiches, cadenas nacionales, radio, televisión y todo el aparato del gobierno para implementar una campaña típica de la dictadura castrista, que seguramente terminará con el enjuiciamiento de los líderes democráticos. Nada de esto sería posible ni aceptable en una democracia. Que esperamos para llamar a Nicolás Maduro por su nombre: DICTADOR.

*Abogado y politólogo. Es director del Interamerican Institute for Democracy

Diario Las Américas