Moira Sandóval Calvimonte
Desde el anuncio de la promulgación del Decreto Supremo N° 1802, la opinión pública no ha cesado de comentar este suceso que afecta positivamente la economía de los trabajadores.
Sobre la determinación de instaurar un doble aguinaldo a trabajadores del sector público y privado, se ha referido el presidente Morales que ello se produce como ‘un justo reconocimiento’ para los trabajadores debido a la política de austeridad implementada en el país: “Especialmente a los trabajadores del sector publico hemos castigado bastante con el tema de la austeridad, hay que reconocer ese esfuerzo. Felizmente va creciendo la economía…”.
Al mismo tiempo. el presidente afirmó que el gobierno nacional nunca abandonó al sector privado, habiéndoles beneficiado con la subvención en transporte y energía. Y expresó “… por eso pedimos que el sector privado tiene que cumplir con el Decreto Supremo de reconocer ese esfuerzo y ese compromiso que tienen los obreros del sector privado, por supuesto todas las estructuras del Estado Plurinacional que son asalariados se benefician de esta norma”.
Sin embargo, bajo el riesgo de que quienes serán beneficiados con el doble aguinaldo puedan estar en desacuerdo con mis apreciaciones, por un mínimo de honestidad intelectual debo expresar algunas consideraciones de orden social y jurídico.
1. Esta determinación es típica de un manejo arbitrario y electoral de los recursos públicos, pues el dinero del Estado no es de propiedad de los gobernantes de turno, sino de TODOS los bolivianos. Así como los recursos de la empresa privada tampoco pertenecen a los gobernantes, por lo tanto es un abuso disponer de ellos, fuera de lo previsto en las normas laborales, y sin una política económica que lo contemple.
2. En este sentido, deberían beneficiarse todos los habitantes de este territorio que constituye Bolivia, ya que el rendimiento del PIB superior al 4.5 en esta gestión fiscal, que constituye el origen del doble aguinaldo según señala el decreto 1802, proviene directamente de la venta de hidrocarburos, y en consecuencia, pertenece a todos los bolivianos y no solo a quienes gozan de empleo y otros beneficios.
3. En esta línea, no debería tampoco excluirse a los jubilados, más si seguimos el razonamiento de que aquéllos ciudadanos aportaron toda su vida –y otros lucharon por su conservación en la Guerra del Chaco- para la venta de los hidrocarburos que ahora gozamos como país.
4. Esta imposición del doble aguinaldo es una medida que pone en aprietos financieros a las empresas privadas, que no han tenido esa rentabilidad similar al Estado, pues no viven de la venta de hidrocarburos, induciéndoles con esta imposición a revisar sus planillas y prescindir de muchos trabajadores para la gestión 2014.
5. Asimismo, es una decisión que refleja el manejo improvisado de la economía –disfrazado de buenas intenciones- pues las entidades públicas que de hecho no habían presupuestado este gasto, se encuentran en iliquidez para afrontarlo, para lo cual el Decreto Supremo 1802 ha previsto autorizar la transferencia de recursos del TGN hacia la partida 10000.
6. Al privilegiar únicamente al sector de empleados y dejar desprotegidos a los desempleados, el gobierno profundiza la brecha de contrastes entre gente que no percibe ningún ingreso fijo ni beneficio social frente a otros que -en muchos casos- accedieron a una fuente laboral por recomendación política masita y en sí ya cuentan con esa ventaja.
7. ¿Qué pasa con quienes están desempleados, que no recibirán ningún bono porque no son estudiantes (Juancito Pinto) ni mujeres gestantes (Juana Azurduy) ni ancianos (Bonosol-Renta D.) ni funcionarios públicos o privados? Justamente, ese grueso de jóvenes y gente de mediana edad que no tienen ingresos fijos ni laburo.
8. Si se pretende hacer “justicia social”, ¿no podría haberse creado más bien un fondo para asistir a toda la población que no cuentan con una fuente laboral? Eso hacen los países socialistas, al dar asistencia a los desempleados con un monto para su sustento básico.
9. Es evidente que somos un país socialista de ficción, porque en los hechos, solo algunos sectores acumulan riqueza constituyéndose en sectores privilegiados, mientras que otros no cuentan con la asistencia efectiva del Estado y se profundiza la pobreza.
Sobre los efectos inflacionarios, no diré nada. El 2014 hablarán por sí solos los precios de la @ de papa y de harina, del pollo y del tomate.
10. Considero que sería apropiado contar con una política económica que contemple estos aspectos y fomente la productividad, mediante la creación de nuevas empresas o impulso a las iniciativas microempresarias y cuentapropistas, para resolver el problema de la redistribución de recursos y el desempleo.
Cabe preguntarse: ¿el doble aguinaldo es una medida que conlleva justicia social?