Santa Cruz acusa a Evo de “electoralizar” Pacto Fiscal y pide diálogo con gobiernos regionales

El gobernador del departamento de La Paz, César Cocarico, señaló que hablar de Pacto Fiscal en un año pre electoral podría generar protestas en las regiones, puesto que se pone en juego la redistribución de los recursos públicos.

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El secretario de Gobierno de la Gobernación de Santa Cruz, Vladimir Peña. Foto: Archivo.



La Paz, 4 Nov. (ANF).- La necesidad de que el país tenga un nuevo Pacto Fiscal es una de las prioridades de la Gobernación de Santa Cruz, que acusa al presidente Evo Morales de tratar de electoralizar el tema y postergarlo hasta el 2015, por lo que solicita al Gobierno convocar a un diálogo con los gobiernos regionales, para que se debata este tema hasta enero del próximo año.

El secretario de Gobierno de la Gobernación de Santa Cruz, Vladimir Peña, recordó que la Ley Marco de Autonomías establece que una vez se conozca los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda, que se difundieron en julio pasado, en un plazo máximo de seis meses, que se cumple en enero de 2014, se debe presentar la propuesta del Pacto Fiscal.

El Pacto Fiscal es el espacio a través del cual, mediante un proceso de concertación nacional y regional, se tratan aspectos relacionados con la generación, distribución y destino de los recursos públicos.

“El presidente ha electoralizado todo el país y ahora todo es secundario y lo principal son las elecciones, para nosotros lo principal son los problemas de la gente, el tema del Pacto Fiscal es para resolver los problemas de los ciudadanos. Ojalá el presidente pueda sentarse a debatir los temas y no solamente aferrarse a decisiones unilaterales con soberbia, con prepotencia”, manifestó Peña a la ANF.

El 14 de octubre, el presidente Evo Morales afirmó que los pedidos de un nuevo Pacto Fiscal pretenden “afectar” a Tarija, que es el departamento que más recursos recibe por concepto del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Dijo que un nuevo Pacto Fiscal requiere modificar la Constitución en lo que se refiere al IDH, pero enfatizó que su Gobierno respetará la actual distribución.

El gobernador del departamento de La Paz, César Cocarico, señaló que hablar de Pacto Fiscal en un año pre electoral podría generar protestas en las regiones, puesto que se pone en juego la redistribución de los recursos públicos.

“Creemos que debe haber un Pacto Fiscal, pero el Pacto Fiscal tiene que estar despojado de toda intención política, o sea no puede estar manchada por disputas políticas y por eso digo que en una etapa pre electoral no es bueno meterse en un Pacto Fiscal, porque puede generar otro tipo de discusiones que serían dañinas para una discusión sana de la distribución económica”, afirmó Cocarico a la ANF.

En ese marco, dijo que como Gobernación trabaja en una propuesta técnica que será presentada en los próximos meses al Gobierno nacional.

Sin embargo el Estatuto Autonómico de La Paz, aprobado en julio pasado por la Asamblea Legislativa Departamental, pero aún no vigente, determina en su disposición transitoria cuarta la necesidad de que se realice un nuevo Pacto Fiscal en el país, una vez que se conozcan los resultados del Censo y se apruebe el Estatuto Autonómico vía referéndum.

El asambleísta departamental Roberto de la Cruz aseguró que esta disposición transitoria permitirá a las autoridades de La Paz exigir al Gobierno central la realización de un nuevo Pacto Fiscal.

Pero quien formalizó el pedido de un nuevo Pacto Fiscal fue la Gobernación de Santa Cruz, que presentó su propuesta a través de una carta enviada al presidente Evo Morales semanas atrás. Su planteamiento sugiere que de las recaudaciones tributarias, el 50% vaya al Estado y el restante 50% sea distribuido entre gobernaciones, municipios y universidades, para que puedan atender las responsabilidades que les ha asignado la Constitución.

Según Vladimir Peña, esta propuesta fue respondida por el ministro de la Presidencia, Juan Quintana, quien a través de una carta habría indicado que el Gobierno trabaja en una propuesta técnica que será de conocimiento de todos próximamente. 

En aplicación de la disposición transitoria décima séptima de la Ley Marco de Autonomías, el Servicio Estatal de Autonomías (SEA), en coordinación con el Ministerio de Autonomías y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, deben elaborar la propuesta técnica de diálogo para un Pacto Fiscal, analizando las fuentes de recursos públicos en relación con la asignación y el ejercicio efectivo de competencias de las entidades territoriales autónomas y el nivel central del Estado.

Según la Ley de Autonomías, los gobiernos departamentales, municipales y autonomías indígenas, percibirán las transferencias del nivel central del Estado por coparticipación tributaria, equivalentes al 20% de la recaudación en efectivo de los siguientes tributos: el Impuesto al Valor Agregado, el Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, el Impuesto a las Transacciones, el Impuesto a los Consumos Específicos, el Gravamen Aduanero, el Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes y el Impuesto a las Salidas al Exterior.

Las universidades públicas recibirán el 5% de la recaudación en efectivo del IVA, del RC-IVA, IUE, IT, del Impuesto a los Consumos Específicos, del Gravamen Aduanero, del Impuesto a las Sucesiones y a las Transmisiones Gratuitas de Bienes y del Impuesto a las Salidas Aéreas al Exterior.