Critican centralismo de nueva ley de municipios de Bolivia

- Política

Advierten que una vez se promulgue la norma, la administración pública central tendrá el poder de aprobar los proyectos que las alcaldías presenten.

Critican centralismo de ley de municipios

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Una sesión en la Cámara de Senadores, instancia que ya aprobó la nueva ley de municipalidades. Agencias.

Representantes de organizaciones municipales del país como la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB) y la Asociación de Municipios de Cochabamba (Amdeco) critican la nueva ley de Gobiernos Autónomos Municipales porque consideran que tiene un marcado centralismo, ya que concentra la toma de decisiones en el Gobierno central y la asignación de recursos.

Por su parte, la ministra de Autonomías, Claudia Peña, señaló que el objetivo de la ley es adecuar el ordenamiento jurídico de la administración municipal al espíritu de la nueva Constitución Política del Estado (CPE) y suplir la ausencia de cartas orgánicas. También se observa que no fue elaborada con la participación de los municipios y se desconoce si las observaciones fueron tomadas en cuenta.  La promulgación de la ley fue anunciada para esta semana pues el contenido ya fue aprobado en la Cámara de Senadores.

La ministra Peña, entrevistada en el programa “El Pueblo es Noticia” explicó que la nueva norma se aplicará a todos los municipios que no cuenten con su Carta Orgánica vigente, lo que significa que se aplicará a 339 de los 340 municipios existentes en el país ya que el municipio cochabambino de Cocapata es el único que cuenta con una Carta Orgánica. La nueva norma consta de 39 artículos, incluyendo tres disposiciones transitorias y una que abroga la Ley 2028 de Municipalidades.

Por su parte y aclarando que su evaluación se basa en el proyecto de ley presentado a la Cámara de Diputados pues se desconoce el documento que fue aprobado en la Cámara de Senadores, la concejala municipal de La Paz por el opositor Movimiento Sin Miedo (MSM) y vicepresidenta de la AMB, Gabriela Niño de Guzmán, consideró que se trata de una norma que tiene un marcado “sesgo” centralista

“Al final, terminará siendo un instrumento que retrasará los procesos autonómicos municipales”, dijo.

Cuestionó la forma de elaboración de la norma, pues ésta habría sido realizada sin la participación de los municipios y afirmó que la AMB envió al Poder Legislativo Plurinacional (PLP) varias observaciones y redacciones de textos alternos como sugerencias, pero no recibieron ninguna respuesta.

“Hasta la fecha no nos ha llegado la ley que fue aprobada, desconocemos si nuestras sugerencias fueron implementadas (…) ésa es la prueba clara de que no hay un ejercicio de las autonomías”, dijo.

Niño de Guzmán también tiene otros cuestionamientos. Dijo que en la ley de municipalidades de 1999 se garantiza, en la composición de los Concejos  Municipales, la presencia de las fuerzas políticas de minoría, es decir, que haya oficialismo y oposición; pero “en esta ley no se habla de eso”.

Otras de las observaciones hechas por la AMB es la referida al Artículo 1, ya que el objeto de la nueva ley es regular únicamente la estructura organizativa y funcionamiento de los Gobiernos Autónomos Municipales y no abarca todo el régimen municipal como lo hace la actual Ley de Municipalidades Nº 2028.

Según la AMB, esta omisión denota que se dejan de lado varios aspectos como los capítulos referidos a las obligaciones de la Alcaldía con la ciudadanía, con  el patrimonio municipal, el control urbanístico, la planificación municipal, la carrera administrativa municipal, la vía recursiva municipal y la fiscalización.

“Es preocupante esta omisión si se toma en cuenta que a través de la Disposición Abrogatoria se deja sin efecto la señalada Ley de Municipalidades Nº 2028”, señaló.

El presidente de Amdeco y alcalde de Tiquipaya por el MAS, Saúl Cruz, coincidió con Niño de Guzmán en que la nueva ley de Gobiernos Municipales concentra la toma de decisiones en el Gobierno central.

“Tenemos esa concepción de que se está concentrando, por eso hemos pedido que se haga una revisión”, dijo Cruz, a tiempo de manifestar su desconocimiento sobre el contenido de la norma aprobada en la Cámara de Senadores.

Otro de los puntos que cuestionó de la nueva ley es que establece que la administración pública central puede decidir qué proyectos se deben de realizar con los municipios. “Esto más bien debería de ser una potestad de los municipios”, dijo Cruz.

La fuerte dependencia del Gobierno central respecto a la asignación de recursos económicos es otro de los puntos observados.

La nueva ley no fue socializada entre los municipios del país ni en sus organizaciones. Se conoce que el Ministerio de Autonomías hizo dos presentaciones generales ante la FAM en las que no se expuso a detalle, pero no+++ se dejó copia para los municipios.

Adecuación

Una vez promulgada, los 339 municipios del país deberán readecuar su funcionamiento, dejando de lado la actual normativa que fue elaborada en 1999.

Transitoriedad

El presidente de la FAM y alcalde de Padilla en Chuquisaca por el MAS, Juan Carlos León, hizo énfasis en el hecho de que es una ley transitoria, mientras las alcaldías consolidan sus cartas orgánicas.

Pero la presidenta de la  FAM, Gabriela Niño de Guzmán hizo notar que ése es un “proceso largo”.  El último reporte del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), da cuenta de que hay aproximadamente 90 proyectos de cartas orgánicas en consulta y 80 por ciento de los municipios empezó con este proceso de elaboración y aún no concluyen.

Además, debe tomarse en  cuenta que durante 2014,  por ser año electoral, está prohibida la realización de referéndums para consolidar y ratificar las cartas orgánicas, lo que implicaría esperar hasta el 2015.

Modificaciones

Dentro de las modificaciones se incluyó un artículo que contempla que las Alcaldías expropien predios bajo resolución del Concejo.

Se inscribió que alcalde que renuncie debe notificarlo personalmente al Legislativo municipal y al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para evitar “golpes de Estado”. Se eliminó la disposición que facultaba sólo a la ALP a autorizar la reformulación del Presupuesto Operativo Anual.

Se anuló el Control Social y se fijó que para adjudicar obras los concejos municipales elaboren convenios y contratos.