“Colgamiento atípico” y lucha de facciones

EVOQ La extraña muerte de un contratista del programa “Evo Cumple” en celdas policiales, calificada por las pericias como un “colgamiento atípico”, ha desatado una serie de contradicciones entre voceros gubernamentales, que podría denotar la existencia de una fuerte lucha de facciones al interior del régimen.

Los familiares de Arturo Cuba señalaron que el fallecimiento no fue un suicidio sino un asesinato, ordenado por “personas de alto poder” para “encubrir algo”.

Precisamente, fueron “personas de alto poder” las que se han estado refiriendo al caso, convirtiéndolo sintomáticamente en asunto de Estado.



Esto incluye al propio presidente Evo Morales y a su principal ministro, Juan Ramón Quintana, valedores de la cada vez más insostenible tesis de la auto-eliminación.

Hablamos de quienes encabezan el plan presidencial de obras públicas -muchas de ellas fantasmagóricas- para el que trabajaba el empresario fallecido.

Sin embargo, tras la intervención inicial de Quintana, el viceministro de coordinación gubernamental, Rodolfo Illanes, salió a la palestra para decir que “no convencía lo del suicidio” y que el tema debía “investigarse a fondo”.

También llaman la atención las declaraciones del viceministro de gobierno, Jorge Pérez, explicando que no asistió a las celdas de la FELCC la noche en que murió Cuba, sino que lo hizo al día siguiente.

¿Hay tensiones entre los ministerios de Gobierno y de la Presidencia por este asunto, como indican algunas versiones?

Existe, por otra parte, el antecedente del caso Catler, cuando las ambiciones vicepresidenciales de Santos Ramírez quedaron definitivamente truncadas luego de un asesinato que descubrió el entramado de corrupción en YPFB. La solapada lucha de facciones era el “movimiento tectónico” que producía los hechos visibles. La historia podría volver a repetirse.

Lo cierto es que la divulgación de eventuales hechos de corrupción en el “Evo Cumple” habría sido nefasta para el oficialismo en un año electoral, sobre todo tratándose de un programa que depende directamente del primer mandatario y su “mano derecha”.

Mejor, entonces, atribuir las irregularidades a una “red empresarial” y llevar las investigaciones por otros rumbos…

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