Expectativas en Bolivia por el fallo del diferendo chileno-peruano

Marcelo Ostria Trigo

OSTRIA TRIGO Ningún fallo de la Corte internacional de Justicia de La Haya ha concitado tanto interés en Bolivia como el que se hará público el 27 de enero de 2014, sobre el diferendo peruano-chileno por la delimitación del espacio marítimo entre los dos países. Este diferendo deriva de un tratado bilateral peruano-chileno de límites de 1929, llamado de la “Partija”, que no definió entonces el límite marítimo entre los dos países. Perú sostiene que la frontera marítima con Chile aún no está fijada en un tratado de límites; mientras que Santiago afirma que los acuerdos pesqueros de 1952 y 1954 se basaban en una línea divisoria ya establecida. Bolivia, obviamente, no es parte de este conflicto, ni de los tratados peruano-chilenos, ni de la demanda presentada por el Perú, ante la CIJ de La Haya.

Sin embargo, las expectativas en Bolivia sobre el litigio se despertaron desde que el inició, pues éste se centra, precisamente, en la parte territorial que Bolivia y Chile negociaron, en 1950 y 1975, para la cesión de una franja de territorio a Bolivia, al norte de la ciudad de Arica, y que, paralela al límite peruano-chileno (la “Línea de la Concordia”), debía prolongarse desde la costa hasta el actual territorio boliviano. Esto comprendía el mar territorial adyacente.



Cuando se supo de la posición peruana en el litigio con Chile, se entendió que, si el límite se inclinaba hacia el sur como lo demanda el Perú, la eventual cesión a Bolivia que fue parte de las anteriores negociaciones, no tendría utilidad, pues la supuesta costa del corredor quedaría encerrada por el nuevo espacio marítimo peruano. Lo curioso fue que el gobierno de Chile, al que Bolivia reclama la solución de la mediterraneidad, afirmaba lo anterior, advirtiendo que la pretensión peruana haría imposible que nuestro país obtenga una salida útil al mar. Esto, en otras condiciones, hubiera significado que había ánimo positivo en la Moneda para esa solución de la mediterraneidad de Bolivia, lo que, luego, fue evidente que no existía.

El propio presidente de Bolivia, cayó en esta argucia; y en tono de arenga callejera, afirmaba que “la actitud del Perú y de algunos círculos cruceños (la obsesión contra Santa Cruz es una charada recurrente en el oficialismo) entorpecen las negociaciones marítimas”. Era notorio que el presidente, sin la información correcta, cometía -aún los comete- errores que comprometen a todos, porque sabía que no había entonces una negociación formal con Chile para la solución de la mediterraneidad, y atribuye al Perú el designio de buscar, con su demanda, “afectar y retrasar una de las posibles soluciones a nuestro pedido histórico que es su acceso soberano al mar”. Era ostensible que el mandatario boliviano no estaba enterado de las posiciones de Perú y Chile en este diferendo y, tampoco si una de ellas -la peruana-, realmente entorpecería una eventual solución a nuestra mediterraneidad, con una fórmula como la de 1975. Esto sucedía durante el gobierno del presidente peruano Alan García, cuando las relaciones personales entre él y Evo Morales no eran, precisamente, cordiales.

En realidad, todo indica que se trató de un esfuerzo chileno para que el gobierno de Bolivia se alineara con el país frente al Perú, simplemente ofreciendo una remota posibilidad, que La Moneda no tenía -ni tiene- la intención de concretar.

En ese tiempo -23 de marzo de 2009-, en un artículo publicado en varios órganos de prensa, expresé que “ni el canciller Choquehuanca, y menos el presidente Morales, parece que han examinado, sobre un mapa, las pretensiones de los dos países en la disputa judicial internacional. A ver: si Chile tuviera la intención de ceder a Bolivia una franja al Norte de Arica y el límite marítimo con el Perú se inclinara al sudoeste, el hipotético límite de Bolivia, conservado el ancho de la costa del territorio costero recibido, también se desplazaría en ese sentido. Resultado: no habría obstáculo físico. Más aún, podría suceder que el desplazamiento sea menor, si la Corte de La Haya fallara por una solución intermedia”.

Luego cambiarían las cosas. El sucesor de la presidente chilena Michelle Bachelet, Sebastián Piñera, antes de asumir la presidencia de su país, en la presentación de su programa de gobierno, afirmaba: “A Bolivia hay que darle todas las facilidades, menos soberanía”. La famosa agenda bilateral boliviano-chilena, estimada como un camino para negociar una solución de la mediterraneidad, no había avanzado, quedó en el siempre vago “estamos creando un clima de confianza recíproca”. Luego de las expectativas creadas, vino la frustración. Y el gobierno de Bolivia no volvió a vaticinar un fallo de la CIJ de La Haya favorable a Chile.

Mientras tanto, la mayoría de la ciudadanía boliviana, en este tema, está confundida. Oscila entre la simpatía por la posición peruana, pues se sigue viendo a Chile como el que confinó a Bolivia a la mediterraneidad, y la frustración por un aparente obstáculo a una eventual solución de la mediterraneidad si el fallo es favorable al Perú. Los sentimientos, entonces, estarán encontrados y, cualquiera sea el resultado del fallo de la causa abierta en la CIJ, será motivo para una nueva frustración.

Lamentablemente, en el actual gobierno de Bolivia no hay, en este caso, orientaciones ni actitudes claras. Y, en el caso de Chile, quedan muchas incógnitas -aunque haya reiteración de que en este tema sigue una política de Estado, lo que no es evidente. En el gobierno de Sebastián Piñera, se insistió en que nunca hubo en Chile el propósito de ceder a Bolivia un territorio soberano que le permita, nuevamente, tener acceso al Océano Pacífico. La historia dice lo contrario, pero este es otro cuento…

América Economía