“El tiempo da la razón a la oposición. El gobierno del MAS hizo compras directas de empresas a nombre del Estado bajo el falso y demagógico rótulo de nacionalizaciones”, declaró el jefe de la bancada de diputados de Convergencia Nacional (CN), Alex Orozco, al referirse a un fallo de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya que ordena a Bolivia indemnizar con 41 millones dólares a la empresa británica Rurelec, por la expropiación de su subsidiaria generadora de electricidad Guaracachi.
“Este es un caso típico de compra y venta que termina siendo una irresponsabilidad que afecta la economía del país, por tanto debe identificarse a los culpables de este daño económico a todos los bolivianos, porque los 41 millones de dólares saldrán del bolsillo de todos los bolivianos”, declaró Orozco.
El diputado cochabambino considera que el fallo de la Haya demuestra que las “nacionalizaciones” del Gobierno del MAS son un embuste y una falacia porque una revolución genuina recupera la propiedad del Estado resguardando la economía de una nación sin favorecer intereses de empresas extranjeras.
“Guaracachi fue nacionalizada el 1 de mayo de 2010 por el gobierno de Evo Morales, éste y su gobierno, además del procurador general del Estado, Raúl Montero Lara, que representó al Estado Plurinacional ante la corte de la Haya, deben dar cuentas de ese proceso y de lo actuado en el ámbito legal porque se pagará 41 millones de dólares de indemnización, cuando pudimos destinar a otras necesidades de los bolivianos”, reflexionó.
Cuando fue nacionalizada Guaracachi, el entonces Ministro de Hidrocarburos y Energía, José Luis Gutiérrez, aclaró que la empresa Guaracachi al momento de nacionalizarse, según informes preliminares y las diferentes auditorías demostraron se encontraba rumbo a una segura quiebra.
“Al tener mayores gastos y menores ingresos ahí estaba demostrado que Guaracachi en ese momento estaba en quiebra o dicho de otro modo tenía iliquidez…”, dijo Gutiérrez al justificar la nacionalización incluida la compra de las deudas de esa empresa.
“Ahora tenemos que pagar dos deudas, el gobierno debe mostrar transparencia e informar cuál es el estado financiero de esa empresa y cuánto se desarrolló desde ese 1 de mayo de 2010”, dijo Orozco al señalar que ahora existe un agravante más porque se perjudicó al Estado y por ende a los bolivianos con esta decisión de nacionalizar una empresa presuntamente en crisis.