José Luis Santistevan Justiniano*
El retorno a la democracia el año 1982, encontró un país descentralizado a partir de la Constitución de 1967, con dos niveles de gobierno, nacional y municipal, y con un nivel departamental descentralizado sin implementar, administrado desde el nivel central del Estado.
Hasta el año 1985, la autonomía municipal se regía por una ley de 1942, hasta que en enero de 1985 se aprobó la Ley Orgánica de Municipalidades.
Oscar Barbery Justiniano fue el alcalde cruceño, designado por el poder central, que abrió el camino de la democracia municipal el año 1984-1985. La visión de éste gran Alcalde era hablar de desayuno y almuerzo escolar, de alcaldes de barrio y de la participación de los vecinos en la administración municipal. Lo que hoy se llama control social.
El año 1985 se recupera la democracia municipal y se implementan los gobiernos municipales autónomos mediante voto popular, bajo un modelo de economía estatista, que después sería cambiado gradualmente a partir del 21060, consolidado en la reforma constitucional de 1994.
Los gobiernos municipales hasta ese momento (1982-1994) poseían competencias sobre el control de precios de la canasta familiar, control de las actividades comerciales, cine, boliches, bares, cantinas, etc., transporte urbano, eran propietarios hasta nuestros días de las calles, avenidas, aceras, plazas, parques, etc.
Hasta que llegan las reformas constitucionales de 1994 y con ello una nueva política de Estado exitosa hasta nuestros días, la Participación Popular.
El cambio de la matriz económica, estatal a privatizada, hizo que se estableciera un canje competencial, las competencias de control de la economía se trasladan al nivel central mediante el sistema de regulación sectorial SIRESE, SIRENARE, SIREFI (superintendencias), y se transfieren las competencias de desarrollo humano al nivel municipal: Salud, educación, caminos vecinales, cultura y deportes, desarrollo humano, productivo y planificación territorial.
La Participación Popular posee tres elementos centrales:
1. Territorializa la existencia del ser humano a lo largo y ancho del País para constituir su propio gobierno por voto popular: Un municipio en una sección de provincia.
2. Distribuye los recursos tributarios por habitante de acuerdo a las nuevas competencias transferidas y establece los recursos municipales propios.
3. La participación social a nivel del territorio, más allá del voto popular, se ejerce del control de la administración municipal vía organizaciones territoriales de base OTBs.
La contaminación política que sufrió la participación popular en ese momento (1994), fue haberla relacionado con la capitalización, la reforma educativa, y haber ampliado la base del Poder Ejecutivo Central en los departamentos.
Producto de ello, hoy la nacionalización de hidrocarburos y sectores estratégicos de la economía es la mayor fortaleza que posee el actual gobierno. Habiendo llegado ha implementar contra su voluntad las autonomías departamentales.
Hoy, el actual modelo autonómico funciona sobre la base de la Participación Popular, este reconocimiento está en la Ley Marco de Autonomías 031, en sus disposiciones transitorias primera a la novena, donde mantiene intacta la vigencia de la Participación Popular.
Las actuales competencias y recursos (incluida su distribución por habitante) de los gobiernos municipales, siguen siendo las mismas que la Participación Popular estableció.
Lo que el actual gobierno central ha modificado es la participación y control social que la Participación Popular territorializó, hoy la Ley de Participación y Control Social No. 341 ha vuelto a recuperar la participación corporativa de la sociedad civil.
Los cierto es que la Participación Popular, se constituye en la primera política de Estado, en materia de administración pública, que sigue vigente luego de veinte años de haber sido aprobada.
Seguirá vigente por siempre, porque ha creado valor humano para la democracia: Un Gobierno Municipal para cada Sección de Provincia, aunque hoy se llame simplemente municipio, lo cierto es que son 339 gobiernos autónomos municipales.
*Abogado municipalista