Comisión de la Verdad: hubo injerencia del gobierno al menos en 40 casos judiciales

Gobierno de Evo Morales replica que informe se basa en afirmaciones de “extorsionadores”.

La Comisión de la Verdad señala que hubo injerencia en 40 casos

Los diputados Fabián Yaksic y Rebeca Delgado basan sus conclusiones en declaraciones que tomaron a exfuncionarios del Gobierno que están en Palmasola.imageMSM. Los diputados Fabián Yaksic y Rebeca Delgado, ayer.Página Siete / La Paz, BoliviaLa Comisión de  Justicia y Verdad, integrada por diputados de la oposición, presentó ayer su informe sobre una investigación  y concluyó que  hubo injerencia política del Órgano Ejecutivo  en al menos 40 casos judiciales.El objetivo era beneficiar políticamente al Gobierno, dice el informe, que se basó en denuncias y declaraciones obtenidas de implicados en el caso de extorsión, ahora detenidos en Palmasola.Los diputados anunciaron que plantearán una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la obstaculización en las investigaciones de los casos terrorismo y extorsión, por el acoso político y por el amedrentamiento al que habrían sido sometidos durante su trabajo investigativo.Pidieron que una delegación del Alto Comisionado de Derechos Humanos y de la CIDH  verifiquen en el país la vulneración de los derechos humanos.Los diputados Fabián Yaksic y Rebeca Delgado fueron los que presentaron ayer el informe  conclusivo y las recomendaciones.Tomaron declaraciones a Denis Rodas, Fernando Rivera, Boris Villegas, Ramiro Ordónez (exfuncionarios del Ministerio de Gobierno), Isabelino Gómez, Roberto Achá, Édgar Mollinedo (exfiscales) y Moisés Aguilera (exjefe de Dircabi-Santa Cruz).Hubo «injerencia política del Gobierno del MAS en aproximadamente 40 casos (señalados en papelógrafos) atendidos directamente por estos exservidores públicos”, declaró el diputado Yaksic, del opositor MSM.También afirmaron que hubo gabinetes jurídicos (2008-2011), conformados por ministros, viceministros y fiscales que operaron supuestamente para favorecer al Gobierno.Una de las funciones de estos gabinetes era nombrar jueces y fiscales para obtener condenas o detenciones irregulares, informaron Yaksic y Delgado.Asimismo, la comisión dijo que se  habría montado un «servicio de contrainteligencia, que hoy se conoce como el   Grupo de Investigación de Casos Especiales, dependiente del Ministerio de Gobierno y la Vicepresidencia, y que se puso en funcionamiento un sistema de intercepción telefónica financiado por el Gobierno de Venezuela”.Su informe será enviado en «sobres lacrados” a la Fiscalía General, al Tribunal Supremo de Justicia, al Consejo de la Magistratura, al Alto Comisionado de Derechos Humanos, a la Defensoría del Pueblo y a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia. «Esperemos que estas instancias nos ayuden a hacer una denuncia internacional sobre el estado de violación de los derechos humanos en Bolivia”, demandó Delgado.Demandaron protección internacional para los detenidos en las cárceles de Palmasola y San Pedro, porque se violaron sus derechos, dijo Delgado.Pidió investigación para determinar responsabilidades en los casos que denuncian.Quieren  demandar al cancillerEl abogado defensor del empresario Zvonko Matkovic, Otto Richter, anunció ayer que se iniciaría una demanda penal en contra el canciller del Estado, David Choquehuanca, por el supuesto delito de incumplimiento de deberes, ya que hasta la fecha no dio curso a la petición de la defensa de los acusados del caso terrorismo de legalizar la carta del exfiscal de este proceso  Marcelo Soza.El jurista dijo que en la misiva enviada desde Brasil por Soza en marzo  se detallaba los hechos reales acontecidos en el caso terrorismo y donde se implicaría a personas del Gobierno de turno.»Hace más de un mes presentamos una carta al canciller Choquehuanca pidiendo que nos legalicen la carta de Soza, pero no tenemos respuesta. Ahora venimos a exigir esa respuesta, sino, vamos a tener que iniciar acciones legales contra Choquehuanca por incumplimiento de deberes”, dijo Richter, y reiteró su hipótesis de que el hermano del Vicepresidente tiene relación en el caso terrorismo.Gobierno afirma que informe «carece de legalidad”El Ministerio de Gobierno  dijo ayer que el informe de la Comisión de Justicia y Verdad  de la Asamblea Legislativa, que investigó el caso terrorismo, «carece de legalidad”, porque fue elaborado a base de acusaciones tendenciosas «de extorsionadores, prófugos y de los propios procesados”, además porque dicha comisión desde un inicio era «ilegal”.»El supuesto informe de la ilegal comisión de la Cámara de Diputados, que se desbarató después de haberse evidenciado sus nexos con prófugos de la justicia y el principal financiador de los separatistas, Branko Marinkovic, carece de legalidad y constituye una transcripción de las mentiras y acusaciones temerarias de los extorsionadores detenidos en Palmasola”, dice un comunicado de prensa.Enfatiza también que «el Ministerio de Gobierno lamenta que parlamentarios autores de ese libelo hayan reducido la labor de fiscalización reconocida en la Constitución Política  como función esencial del Órgano Legislativo a la tarea de recopilación de las falsedades divulgadas por los integrantes de la red de extorsión y corrupción, que ya recibió una sentencia condenatoria en primera instancia”.»Usan ese supuesto informe producto de su reunión con los extorsionadores para atacar al Gobierno con un objetivo político: restar legitimidad a los juicios contra extorsionadores y separatistas”, dice el comunicado.

Detectan intromisión del Gobierno en 40 procesos

Los opositores Fabián Yaksic y Rebeca Delgado.Acusación. Culpan a equipos jurídicos de manipular la justicia.EL DÍALos diputados opositores Fabián Yaksic y Rebeca Delgado denunciaron que el Gobierno nacional tiene injerencia en 40 casos judiciales, con la colaboración de jueces y fiscales.La denuncia forma parte del informe de la llamada Comisión de Justicia y Verdad, que ambos integraban.El pasado 3 de abril, los miembros de la comisión entrevistaron a los exfuncionarios del Ministerio de Gobierno, Dennis Rodas, Fernando Rivera y Boris Villegas, entre otros, detenidos en el penal de Palmasola en Santa Cruz.También entrevistaron a los exfiscales, Isabelino Gómez, Edward Mollinedo, Roberto Achá; y al exfuncionario de la Dirección de Bienes Incautados (Dircabi) en La Paz, Ramiro Ordóñez López; declaraciones sobre las cuales, los legisladores fundamentan sus denuncias.Conclusiones de investigación. Delgado y Yaksic concluyen que había  gabinetes jurídicos desde los años 2008-2009-2010-2011, a cargo de ministros y viceministros. «Quienes manipularon a través de los indicados servidores públicos diferentes casos judiciales para favorecer al partido de gobierno con los argumentos de garantizar la estabilidad del gobierno y la seguridad interna del Estado», resaltó Yaksic.Otra conclusión es que “los gabinetes jurídicos se abocaron al nombramiento de fiscales y jueces, proporcionando una lista de al menos 24 abogados” para lograr “condenas y detenciones irregulares”. También denunciaron que se montó paralelamente al servicio de inteligencia de la Policía «un servicio de contrainteligencia con ítems del Ministerio de Gobierno, pero bajo dependencia de la Vicepresidencia del Estado».Enviada a la Fiscalía. La diputada Delgado indicó que copias de la información recabada serán enviadas, en sobre lacrado, a la Fiscalía General. Al igual que al Consejo de la Magistratura, al Alto Comisionado de los Derechos Humanos, al Defensor del Pueblo  y a la Asamblea de Derechos Humanos, para que inicien una investigación.Respuesta oficialista. El presidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Elío, señaló que el informe carece de valor legal por tratarse de una comisión que se conformó sin autorización. «No se solicitó la conformación de una comisión, entonces cualquier tema que se haga es usurpación de funciones», manifestó. Agregó que la iniciativa “resultó en una comisión de la mentira que tenía financiamiento y móviles políticos expresos de amedrentar a fiscales y jueces para que no avance el caso Rózsa”.JusticiaVocales extinguen el proceso contra el alcalde de Warnes Proceso. La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz, decidió extinguir el proceso contra el alcalde de Warnes, Mario Cronenbold.Según Mirael Salguero, presidente de la sala y del TDJ, argumentó al igual que su colega Willams Tórrez, que no habían los suficientes indicios contra el burgomaestre.Como se  recordará, en septiembre de 2011, Cronenbold fue detenido por 10 días, acusado de los supuestos delitos de legitimación de ganancias ilícitas, encubrimiento, asociación delictuosa y confabulación y vínculo con el prófugo colombiano John Wilson Díaz Vélez.Punto de vistaMarcelo SilvaAnalista Político  «Serán tomadas como guerra sucia por el MAS»«Lamentablemente estamos en un contexto electoral y eso hace que estas declaraciones se manejen en ese ámbito.  Por lo tanto, estamos entrando a una etapa, en especial los meses de junio y julio, de una serie de denuncias y contradenuncias tanto de la oposición al oficialismo y viceversa. Por lo tanto en este ambiente electoral, lo que menos va a prevalecer será la verdad y las investigaciones. Es así, que este tema será tomado por el MAS, como guerra sucia o ataque político electoral y será respondido por el Gobierno de esa manera. Qué pena que eso no pueda transformarse en un elemento de investigación para conocer la verdad».