Ninguna de las 250 víctimas, que se atrevieron a denunciar, recibió justicia. La paridad y alternancia en Bolivia es pagada con maltratos físicos y psicológicos a concejalas y asambleístas.
Denuncian 250 casos de acoso político a mujeres
La presidenta de la Asociación de Concejalas de Bolivia, Julieta Sejas. Cortesía Ministerio de autonomías.
OPINIÓN, Cochabamba
La lucha de cientos de mujeres por el respeto a la paridad y alternancia política ha costado a 250 concejalas y asambleístas agresiones físicas y psicológicas por parte de autoridades y organizaciones sociales.
Desde que se aprobó la Ley Nº 243, contra el acoso y violencia política hacia las mujeres, en mayo de 2012, ninguna de las 250 víctimas, que se atrevieron a denunciar, recibió justicia.
Las formas de agresión política son innumerables, y más cuando se tiene la fuerza partidaria o de organizaciones sociales, según el análisis de un grupo de mujeres que participaron en el Taller de Presentación de Propuestas para la Implementación de la Ley Nº 243.
La ley tipifica 18 formas de acoso político en su artículo 8, pero en el ejercicio de sus funciones encuentran más de un centenar de formas de acoso y violencia política.
Desde ponerse a conversar o armar “chacota” (bullicio) cuando una mujer está con la palabra, hasta planear crímenes para cegarle la vida, son situaciones en las que las mujeres autoridades llevan a cuestas el “proceso de cambio”.
Uno de los ejemplos más claros es cuando todas las propuestas normativas de mujeres son “ninguneadas”, criticadas, ridiculizadas o simplemente no son consideradas.
“Yo propongo miles de cosas que desde mi área como profesional conozco, pero se ponen de acuerdo para que haya mayoría y sea rechazado”, expresa una concejal de Cochabamba.
“Cuando una no acepta las irregularidades que quieren aprobar, nos descalifican mediante chismes, hacen correr la voz de que diciendo que no soy del partido que soy una traidora”, expresó la concejal de un municipio rural.
“Una vez convoqué a una reunión y nadie vino. Al día siguiente lo hizo un varón y todos asistieron”. “Cuando nos proponemos para liderar alguna iniciativa nos dicen figuronas y buscan a otra persona”. “A las suplentes que recién ingresaron por la alternancia les decían, si no sabes nada, mejor no hables”, son solo algunas denuncias que realizaron estas mujeres desde su experiencia.
Las consecuencias de este acoso y violencia política hacen que ellas -concejalas, asambleístas, y dirigentas- carguen con estereotipos de género, responsabilidades con limitaciones en el ejercicio de su función pública, trabajar con información falsa que se les proporciona induciendo al descrédito.
Todos los días deben trabajar con el uso de la palabra restringido, participando en comisiones que nunca le darán la razón, o, en el peor de los casos, temiendo por su vida y la de su familia.
En los últimos años, dos muertes de concejalas, en La Paz y en Beni, han marcado el límite con el que puede actuar el acosador político.
“¿Qué quieren decirnos con esto? ¿Nos quieren amedrentar?”, alerta una concejala de El Alto. Sin embargo, todos los testimonios no hacen más que fortalecer a las mujeres que ahora tienen el apoyo gubernamental del Ministerio de Autonomías e instituciones como ONU Mujeres, que trabajan en acciones específicas para frenar la impunidad de estos delitos.
Apuntes.
Acoso político
Es el acto o conjunto de actos de presión, persecución, hostigamiento o amenazas, cometidos directamente o a través de terceros, en contra de mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político pública o en contra de sus familias, con el propósito de acortar, suspender, impedir o restringir las funciones inherentes a su cargo, para inducirla u obligarla a que realice, en contra de su voluntad, una acción o incurra en una omisión, en el cumplimiento de sus funciones o en el ejercicio de sus derechos.
Violencia política.
Se entiende por violencia política a las acciones, conductas y/o agresiones físicas, psicológicas, sexuales cometidas por una persona o grupo de personas, directamente o a través de terceros, en contra de las mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político pública, o en contra de su familia, para acortar, suspender, impedir o restringir el ejercicio de su cargo o para inducirla u obligarla a que realice, en contra de su voluntad, una acción o incurra en una omisión, en el cumplimiento de sus funciones o en el ejercicio de sus derechos.
Tres propuestas concretas
Mujeres que participaron en el Taller de presentación de propuestas para la implementación de la Ley Nº 243, sugieren tres acciones para el respeto al ejercicio de la función pública de las mujeres, pero también para la sanción contra sus transgresores.
La primera demanda, es un mayor involucramiento del sistema judicial en estos casos. “Necesitamos que jueces y fiscales sean parte de reflexión, que participen en este tipo de taller”, expresó la Oficial Nacional de Programa de Bolivia de ONU Mujeres, Natasha Loayza.
La segunda acción, es que las organizaciones sociales se interioricen sobre las formas de acoso y violencia política y respalden las acciones de autoridades mujeres.
La tercera tiene que ver con la creación de comités de ética, tanto en las instancias públicas como en las organizaciones sociales, a fin de que se pueda advertir y sancionar a quienes puedan incurrir en este tipo de delitos contra las mujeres, autoridades y/o dirigentes.