El defensor del Pueblo de Bolivia, Rolando Villena, presentó en la ciudad de Santa Cruz el informe defensorial sobre los hechos en los que estuvo involucrado el alcalde Percy Fernández, quien en abril tocó en un acto público la pierna de una periodista
Alcalde Percy Fernández toca la pierna de una periodista. Foto archivo
La Razón Digital / La Paz
La Defensoría del Pueblo concluyó que el alcalde de la ciudad de Santa Cruz, Percy Fernández, incurrió en conductas que vulneran normas nacionales e internacionales a favor de la mujer y recomendó a la Fiscalía iniciar una investigación y al Concejo Municipal acciones sumarias administrativas para determinar responsabilidades contra la autoridad edil.
El defensor del Pueblo, Rolando Villena, informó en la capital oriental sobre la conclusión del informe sobre hechos en los que estuvo involucrado Fernández. Explicó que esa autoridad vulneró la Constitución Política del Estado, la ley para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, el Código Penal, normativas internacionales sobre eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
“Todas las violaciones a los derechos humanos de las mujeres fueron desarrolladas en la más absoluta impunidad, no existiendo a la fecha una condena judicial por los actos perpetrados, un sumario administrativo que, evidencie las faltas cometidas y ni siquiera una verdadera fiscalización de parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional”, cuestionó el Defensor.
Imágenes de un acto público de abril mostraron cómo Fernández tocó la pierna de una periodista, pese a la resistencia. El hecho generó rechazo de diferentes sectores de la población y la autoridad pidió disculpas públicas a la afectada y a su familia. Otro video de 2010 lo mostró besando contra su voluntad a una trabajadora en la construcción del viaducto de cuarto anillo y avenida Banzer. En otro hecho ocurrido en 2012, la afectada fue la concejala Desirée Bravo.
“Es deber del Ministerio Público y las instancias correspondientes, realizar las investigaciones y en su caso, sancionar como manda el ordenamiento jurídico y el hecho de que hayan sido cometidas por un servidor público de nivel jerárquico, se constituye en un agravante que, debe ser considerado en el proceso de investigación”, sostuvo, según un boletín de prensa institucional.
Villena consideró que esas conductas no pueden considerarse faltas a la moral y la ética, sino, que al ser específicamente tipificadas en el ordenamiento jurídico vigente, se constituyen en ilícitos.
De acuerdo al informe, en los casos analizados se ha afectado una serie de derechos, entre otros a la dignidad, igualdad, a no sufrir violencia, a no ser discriminada, al honor, honra y reputación, y a la integridad.
El Defensor recomendó a la Fiscalía iniciar una investigación y al Concejo Municipal de Santa Cruz realizar acciones sumarias administrativas correspondientes para determinar las responsabilidades de la autoridad edil por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones.
También recomienda al Ministerio de Justicia realizar acciones a nivel nacional para promover y difundir los derechos humanos de las mujeres así como los mecanismos de protección de los mismos.