Los reos accederán a las pruebas si reciben una orden judicial. El Ministerio Público instruyó una investigación. Se conformó una comisión de fiscales
La Policía retomó el control del penal después de varias horas de motín. Cuatro personas murieron el lunes y otras 11 resultaron heridas. Foto: APG Noticias
Paula Muñoz Encinas – Cochabamba
Los 540 internos de la cárcel de El Abra, de Cochabamba, donde la madrugada del lunes cuatro personas perdieron la vida y otras 11 resultaron heridas en medio de una balacera, se rehusaron ayer a someterse a las pruebas de peritaje balística solicitadas por el Ministerio Público, el Instituto de Investigaciones Forenses y los investigadores de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de la localidad de Sacaba.
Los reos encararon al defensor del pueblo y le dijeron que no permitirán que se lleve las pruebas y que solo accederán con una orden judicial, informó el gobernador de la cárcel, Yuri Duk Escobar, quien señaló que las investigaciones en busca de los autores y cómplices de los hechos siguen en curso.
“Las autoridades se apersonaron esta mañana (por ayer) para evaluar el patrón de desplazamiento de las balas y cómo fue el accionar de los sujetos pasivos y activos. El Ministerio Público y los funcionarios policiales también establecerán cómo ingresaron las armas”, dijo Duk.
Investigación
El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, instruyó las investigaciones penales a la Fiscalía Departamental de Cochabamba y el lunes se constituyó una comisión conformada por cuatro fiscales y tres médicos forenses.
Según informes preliminares, la disputa se produjo entre grupos de poder del penal después de un festejo patronal en devoción a la Virgen de Urkupiña, que permite recaudar fondos para regalos de los hijos de los reos que son entregados a fin de año. La actividad fue autorizada por la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario.
El conflicto comenzó el domingo a las 22:00 después de una tarde aparentemente tranquila con parejas abrazadas, bolsas de comida y donde solo la mirada inquisitiva de los custodiados y los límites que imponen a quien quiera moverse por el recinto, recuerdan que no todo lo controla la Policía.
La fiesta se realizó en la cancha de fútbol de salón y las únicas visitas presentes en ese momento eran conyugales, según fuentes policiales. Los testigos por su parte relataron que había niños y que tras una serie de incidentes verbales que fueron tensionando el ambiente, un grupo de encapuchados comenzó a disparar y hubo un apagón que dio rienda suelta a la histeria. Los policías estaban afuera y se organizaron atendiendo el protocolo interno.
Freddy San Millán, director de la Unidad de Atención y Protección del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges), recordó que existen normativas vigentes que no permiten el ingreso de niños mayores de cinco años. “Es lamentable que el Régimen Penitenciario y la Policía no controlen esta situación. Ahora deben someterse a las sanciones correspondientes”, señaló
Fuente: eldeber.com.bo