Madre del irlandés Dwyer llegó a Bolivia para esclarecer la muerte de su hijo

Caso Rózsa. La señora Dywer vino acompañado de dos personas y fue recibida en el aeropuerto de Viru Viru por la exsenadora Carmen Eva Gonzales.

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Ref. Fotografia: Madre del irlandés Michael Dwyer llegó este domingo para saber por qué mataron a su hijo.



En horas de la mañana de este domingo arribó a la capital oriental, la señora Carolina Dwyer, madre del irlandés Michel Dwyer, para encontrar de parte del gobierno una explicación sobre la muerte de su hijo, ocurrida el 16 de abril de 2009 en el hotel Las Américas de Santa Cruz, junto al húngaro-boliviano Eduardo Rózsa Flores y al húngaro Arpad Magyarosi, a quienes el gobierno los sindicó de pertenecer a un grupo irregular armado.

La señora Dywer vino acompañada de dos personas y fue recibida en el aeropuerto de Viru Viru por la exsenadora Carmen Eva Gonzales que hace un permanente seguimiento a este caso denominado terrorismo-separatista, que ya lleva cinco años y cinco meses en manos de la justicia ordinaria, donde la Fiscalía General del Estado no logra sentencia por las múltiples falencias en los procesos que cuestionan la hipótesis gubernamental.

Gonzales dijo que durante su estadía, la señora Dwyer tiene programada una serie de actividades destinadas a encontrar de las autoridades de gobierno, una explicación sobre los motivos para que fuerzas policiales dieran muerte a su hijo, que se encontraba hospedado junto a otros ciudadanos europeos la madrugada del 16 de abril.

Según el exfiscal Marcelo Soza, director funcional de las investigaciones del caso terrorismo, Dwyer y sus acompañantes fueron «masacrados y ejecutados» por fuerzas policiales con una violencia innecesaria, aunque el gobierno mantiene la teoría que las muertes fueron producto de la resistencia en un fuego cruzado con efectivos de la Unidad Táctica de Resolución de Crisis (UTARC).

El caso ya lleva años en manos de la justicia y el único sobreviviente de aquel suceso, Elod Töasö permanece encarcelado en La Paz, junto a otros cuatro procesados, que claman justicia y libertad al estar detenidos más allá del tiempo establecido por ley.

En uno de sus testimonios, Töasö sostuvo que Dywer no falleció en el Hotel Las Américas sino en las cercanías del aeropuerto de Viru Viru y rematado cuando su cuerpo se encontraba en el piso de las habitaciones del hotel. Esta declaración coincide con la del exfiscal Marcelo Soza, quien desde su refugio en Brasil aseguró que Michael Dwyer estuvo desarmado cuando fue muerto por la Policía.

Ninguno de los miembros de la comisión de fiscales ni el entonces ministro de Gobierno, Alfredo Rada, salió a rebatir la afirmación de Soza, que aseguró que el operativo al hotel fue manejado por Raúl García Linera, hermano del vicepresidente Álvaro García Linera, Nolberto Clavijo y el extinto Juan Carlos Núñez del Prado (padre) con fines y objetivos políticos.

Para la exsenadora Gonzales este silencio confirma la sospecha y la denuncia formulada años atrás, cuando se dijo que el caso terrorismo fue montado por el gobierno para tener un pretexto y desarticular a la oposición del oriente del país, donde el MAS tenía en esa época una fuerte resistencia política a través de la lucha por la autonomía departamental.

Varios asambleístas de la oposición se pronunciaron en la misma línea e incluso los exasesores jurídicos del Ministerio de Gobierno, que manejaron las acciones judiciales y que hoy se encuentran detenidos en la cárcel de Palmasola de Santa Cruz, acusados de extorsión por el mismo gobierno, aseguraron que el caso terrorismo fue armado y planificado por altas esfuerzas políticas y el gabinete jurídico compuesto por ministros, jueces, fiscales y asambleístas expertos en temas judiciales.

Audiencia: Este lunes los ex asesores, Boris Villegas, Dennis Rodas y Fernando Rivera comparecerán nuevamente en calidad de testigos de descargo ante el Tribunal Primero de Sentencia, en la audiencia de actividad procesal defectuosa presentada por la defensa, que intenta convencer a los jueces que la imputación fue hecha sobre pruebas ilegales, tal como citó el exfiscal Soza en su «Carta al pueblo de Bolivia» enviada el 12 de marzo desde Brasil, horas después de huir, aduciendo persecución política del gobierno.

Esa carta dio lugar al incidente de actividad defectuosa, que de ser declarada probado podría volcar todo el proceso del caso terrorismo y derivar en la forzosa libertad de los que actualmente están detenidos en las cárceles de La Paz y Santa Cruz, algo que la fiscalía resiste con permanentes objeciones a las declaraciones de los testigos de descargo.