Las cuatro fuerzas políticas que están en campaña frente al MAS, de cara a las elecciones de octubre, consideran necesaria la realización de una auditoría. El Movimiento Al Socialismo está de acuerdo con que se haga auditorías a este mecanismo, con el fin de “despejar todo tipo de dudas”
Partidos proponen “transparentar” y auditar los costos recuperables
ABI. Personal de YPFB en la planta de refinería “Gualberto Villarroel”, ubicada en el departamento de Cochabamba.
Página Siete / La Paz
Las cuatro fuerzas políticas que hacen oposición al Movimiento Al Socialismo (MAS), con miras a las elecciones del 12 de octubre, plantean «transparentar” la situación de los denominados «costos recuperables” que actualmente el Estado paga a las empresas petroleras que están en el país.
Los costos recuperables hacen referencia a un abanico de distintos costos de producción que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) devuelve a las petroleras. Este mecanismo está establecido en la Ley 3740 de agosto de 2007 y está reglamentado en el Decreto Supremo 29504.
La definición de costo recuperable que se maneja, según la normativa, consiste en que YPFB debe pagar a las petroleras los gastos que éstas efectúan, una vez que inician la producción en un campo petrolífero, siempre y cuando cumplan requisitos como ser costos previstos, estar en el programa de trabajo y en el presupuesto de la estatal petrolera.
La coincidencia programática de los cuatro frentes opositores al MAS pasa por la realización de auditorías de estos costos, según refirieron los dirigentes y candidatos consultados por Página Siete.
En el Movimiento Sin Miedo, liderado por Juan Del Granado, se considera que debe transparentarse todo lo que se le retribuye a las petroleras. Según el responsable de programa de gobierno del MSM, Andrés Uzín, si este frente gana las elecciones se crearán condiciones adecuadas para la transparentación de estos pagos. «Ya no hay que llamar ‘costos recuperables’, sino decir de frente al país qué es lo que se está pagando a las petroleras y por qué”, sostiene.
Entre las propuestas del MSM sobre el tema hidrocarburífero está la creación de un fondo de inversión para promover la exploración de nuevos pozos en el país.
El Partido Demócrata Cristiano (PDC), cuyo candidato presidencial Jorge Quiroga exigió al Gobierno datos al respecto a los costos recuperables, desde la nacionalización de los hidrocarburos de 2006, propone elaborar una «auditoría forense” de YPFB.
El candidato a primer senador por esa tienda política, Andrés Ortega, sostiene que los bolivianos deben conocer los convenios que se realizan con las petroleras, dado que considera que los costos recuperables serían un eufemismo, por lo que deben ser eliminados.
«Necesitamos realizar una auditoría forense de YPFB y de las empresas que tienen que ver algo con hidrocarburos en el país hacia una reingeniería de esta empresa”, comenta Ortega.
Entre las propuestas que destaca el candidato en tema de hidrocarburos está el convertir a Bolivia en un país con seguridad energética a través de distintas acciones, como convertir todo el parque automotor público a gas natural, además de ampliar la red de gas domiciliario.
Una «auditoría estricta” son las palabras empleadas por el representante del Partido Verde de Bolivia (PVB) Enrique Miranda respecto a este tema. El representante de este frente es enfático al asegurar que la población necesita conocer qué son los costos recuperables. «El reconocimiento de los costos recuperables tiene que partir de una auditoría estricta, y ahí seríamos muy tajantes en apegarnos a las normas”, destaca.
Según el vocero de Unidad Demócrata (UD), Carlos Hugo Laruta, este partido, liderado por Samuel Doria Medina, apunta a la transparentación de los costos recuperables sin que ello implique su suspensión.
«En nuestra gestión no suspenderemos los (costos) recuperables, pero transparentaremos su pago, de modo que no dependan de los arreglos secretos entre las petroleras y los funcionarios de YPFB, y puedan ser fiscalizados por los asambleístas y por los periodistas”, arguye Laruta.
El vocero de UD aclara que esta tienda política apoya la nacionalización del sector hidrocarburífero que llevó adelante el Gobierno en 2006; además asegura que no disminuirá los ingresos que generó y genera esa medida; agrega que no se quitará «ni un centavo” a los bonos existentes, que son fruto de aquella.
Por su parte, Manuel Canelas, el candidato a diputado por el MAS, afirma que es necesario realizar las auditorías para «despejar todo tipo de dudas” de los opositores en este tema.
«Yacimientos tiene 24 meses para revisar y aprobar los costos recuperables del año que se terminó y por eso en la página web de YPFB esto está hasta diciembre de 2012”, comenta Canelas. El candidato considera que sí está en juego una lucha electoral al respecto, pero que lo importante es la opinión de los expertos y no así de candidatos.
Canelas comenta que tanto en exploración como en industrialización de hidrocarburos, el MAS seguirá en la línea de cumplimiento de sus planes iniciales.
Los costos recuperables, según la norma
Los llamados costos recuperables están establecidos según la Ley 3740 de Desarrollo Sostenible del Sector de Hidrocarburos, promulgada el 31 de agosto de 2007 por el presidente del Estado, Evo Morales. El Decreto Supremo Nº 29504, de 9 de abril de 2008, se encarga de reglamentarlos, según estipula el artículo 4 de la mencionada Ley.
Según este decreto, la cláusula 13 de los Contratos petroleros de Operación en el país determina que la Retribución del Titular (empresa petrolera extranjera) por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), una vez iniciada la producción comercial de uno o varios Campos en el Área de Contrato, constituirá el único pago, compuesto por Costos Recuperables y Utilidad.
Para que el Estado boliviano, a través de compañía estatal, pague estos costos recuperables a las empresas petroleras, éstas deben cumplir ciertos requisitos.
Éstos son: ser útil, utilizable y utilizado en el marco de los Contratos de Operación. Ser un costo previsto, salvo caso fortuito o de fuerza mayor debidamente comprobado y respaldado por un informe técnico del Titular (empresa) aprobado por yacimientos.
Además, los requisitos para viabilizar su pago contemplan: ser un «Costo Reportado”, estar contemplado en el Programa de Trabajo y en el Presupuesto, aprobado por YPFB, de la gestión correspondiente.
Punto de vista
Boris Gómez U. Consultor en hidrocarburos
Las propuestas siguen con ideas tipo «parche”
No hemos logrado insertar a Bolivia en ese club exclusivo de países que dan valor agregado al gas natural. Las propuestas siguen versando en ideas que considero «parche”. Al parecer, ninguno de los partidos políticos ha planteado hacer una reforma energética integral. Esto es tener las bases para una política energética para los próximos 25 años. Y para esto se necesita hacer una nueva ley de hidrocarburos.
Nos seguimos moviendo con una legislación antigua. Todas las propuestas tienen que estar en el marco de una reforma energética integral y tienen que estar traducidas en un papel, para una ley de hidrocarburos. Lo demás son simples ofertas que no van a ser ejecutadas porque para ejecutar todo eso (no estoy criticando ninguna oferta, las aplaudo) tienen que hacer alianzas con compañías multinacionales.
Pero para que esas compañías vengan tienen que ver bajo qué condiciones van a poner su dinero en el país; condiciones de seguridad, de estabilidad, de retorno, es un simple ejercicio económico. Y si ven que la tradición nacionalizadora del país, reciente, continúa, no vamos a poder ejecutar proyectos de amplia envergadura.
Así, la economía energética boliviana va a poder pervivir por los próximos 100 años. Pero para tener resultados adecuados hay que realizar una reforma energética integral con una visión de largo plazo.
Y cuando digo visión de largo plazo como Estado, como país, Bolivia podría ser la capital latinoamericana del gas. ¿Por qué no? Estamos pidiendo a gritos tener independencia energética.
Esto pasa por establecer un proyecto de escala. Un proyecto de escala en producción de diésel a partir del gas natural. Vamos a establecer una planta de diésel que va a ser para los mercados altamente demandantes como Brasil, Argentina y Paraguay y el remanente para el mercado interno.
Ahí estaríamos estableciendo como país, como Bolivia, nuestra vocación de país direccionada a generar valor agregado de nuestro gas.
Punto de vista
Hugo del Granado. Consultor en hidrocarburos
No hay necesidad de darle más vueltas al asunto
Respecto a los costos recuperables, no solamente está establecido en los contratos mediante la Ley 3740 y mediante sus reglamentos que tienen que hacerse auditorías. De lo que se trata es de exigir que se cumpla lo que está reglamentado y exigido por ley, simplemente eso.
No hay necesidad de darle más vueltas al asunto y está establecido que tienen que desarrollarse auditorías y que la Contraloría tiene que emitir un dictamen al respecto. No hay ninguna de las dos cosas y lo que hace YPFB es buscar justificaciones baladíes.
Como decir, por ejemplo, que desde el año 2013 no se termina la conciliación con las empresas para poder publicar los costos recuperables cuando existen plazos para que sean publicados después de ser conciliados.
Creo que la política exploratoria de este Gobierno fue su Talón de Aquiles.
No han descubierto ni un solo campo de significación y lo que se plantea para reactivar la exploración es la necesidad de cambiar el marco jurídico, porque este Gobierno ha tejido una estructura jurídica muy complicada con el objetivo de evitar el ingreso de empresas privadas a las actividades de exploración.
Se trata de desmontar una estructura jurídica cerrada para flexibilizarla y hacerla más abierta a la inversión privada. Si se consigue eso, va a haber más interesados en exploración y va a haber más empresas. El marco legal es cerrado y no es propicio para incentivar la exploración.
La idea de los incentivos son parches que no van a atraer a nadie porque no hay seguridad de la continuidad de ese tipo de incentivos.
Respecto a la industrialización, un grave problema que tiene el Gobierno, es que la pretenden hacer solos. Eso no solamente en hidrocarburos: quieren hacerlo solos en el litio, en el Mutún. Y no van a obtener resultados favorables porque hay muchos factores de riesgo.
Uno es la tecnología; se trata de conseguir socios no sólo para la tecnología, sino para la inversión.