Marco Monasterio develó que lo arrestaron sin orden de apremio. Lamentó que por un portón y unos vidrios rotos, la Fiscalía haya culpado a 39 personas, pero nunca lo demostraron.
EL DÍA, Santa Cruz, Bolivia
Ref. Fotografia: Imputado. Marco Monasterio cuestionó la parcialidad del Tribunal Primero de Sentencia con los acusadores.
Me detuvieron en el 2010 sin orden de aprehensión y de manera ilegal”, dijo Marco Monasterio, uno de los acusados del caso Rózsa, en su declaración ante el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, que administra el juicio oral.
En su defensa material, este profesional abogado, acusado por Marcelo Soza de supuestamente haber entregado cartografía electoral a Eduardo Rózsa, lamentó las violaciones a los derechos humanos cometidos por la justicia boliviana contra los imputados.
Relató la manera en que fue detenido el 5 de abril del 2010, un día después de las elecciones regionales en el país, en las que tuvo participación activa como secretario de Cámara de la Corte Departamental Electoral (CDE).
“Estaba a dos cuadras de mi trabajo que era la CDE (hoy Tribunal Electoral Departamental), cuando me detienen dos hombres armados”, explicó Monasterio.
De allí, lo suben a un taxi hasta el segundo anillo de la avenida Cristo Redentor, posteriormente lo suben en otro vehículo hasta el cuarto anillo y de allí en otro hasta el surtidor Genex del sexto anillo. Relató que fue seguido por una camioneta negra conducida por el alemán Dirk Schmidt, quien trabajaba para el ex viceministro Gustavo Torrico.
Dijo que después que los policías le quitaron su billetera y su celular, lo trasladan hasta la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). En ese lugar, cuando Monasterio se encontraba detenido con el abogado Gary Prado Araúz, juntos le pidieron al comandante de esa repartición, Miguel Gonzales, que les muestre la orden de aprehensión, pero admitió que no la tenía y que se la entregarían cuando llegue a La Paz.
Lo chantajearon. A tiempo de denunciar ser víctima del chantaje del exfiscal Soza, al ser obligado a firmar una declaración elaborada a cambio de una detención domiciliaria, Monasterio lamentó que por un portón y vidrios rotos, Soza acusó a 39 personas por supuesto terrorismo y alzamiento armado sin demostrarlo, en cambio quedó en la impunidad la ejecución por efectivos policiales de tres personas en el hotel Las Américas, el 16 de abril del 2009.