Consorcio provocó daño de $us 23 millones a Misicuni

Megaproyecto de Cochabamba. La Contraloría General de Bolivia anunció el inicio de procesos penales contra los representantes del Consorcio Hidroeléctrico Misicuni por conformar una “sociedad ficticia”

imageLos Tiempos, Cochabamba 

El subcontralor Henry Ara, el contralor general, Gabriel Herbas, y el contralor departamental, David Barriga, en la presentación del informe del contrato de Misicuni, ayer. | Contraloría – Agencia



La Contraloría General del Estado resolvió llevar ante la justicia a los representantes del Consorcio Hidroeléctrico Misicuni (CHM), Martín Rovira, Francisco Sanis y otros, luego de la aparición de un contradocumento que revela que las constructoras conformaron una organización ficticia para engañar al Estado y provocaron un daño económico de 23,2 millones de bolivianos.

El anuncio se realizó ayer en la presentación pública del informe sobre el contrato para la construcción de la represa de Misicuni.

Antes, el presidente de la Empresa Misicuni Jorge Alvarado dijo que incluso la aseguradora Credinform Internacional conocía del fraude porque giró 1,7 millones de dólares del anticipo que recibió el consorcio a la empresa italiana Grandi Lavori Fincosit por haber prestado su nombre para la licitación.

La Contraloría General del Estado se centró en revisar el proceso de contratación del CHM y  no logró establecer responsabilidades civiles, penales, ejecutivas y administrativas aparentemente porque no encontró elementos que demuestren que la Empresa Misicuni, la supervisora Engevix Caen, el directorio y la Gobernación conocían del contradocumento. Sin embargo, constató que el consorcio hizo mal uso del anticipo al comprar con 5 millones de dólares maquinaria de remate en Estados Unidos. También, estableció que ante la ausencia de Grandi Lavori, las demás empresas del consorcio no pudieron incorporar personal clave en la obra.

El asambleísta Henry Paredes manifestó que era tarea de la supervisión verificar que el consorcio cumpla con lo establecido y tenga la maquinaria ofertada.

El contralor general del Estado, Gabriel Herbas, señaló que “el mismo día” en que el CHM fue conformado por la italiana Grandi Lavori Fincosit, la boliviana Construcciones Comercio e Industria (CCI), las colombianas Gerencia de Contratos y Concesiones y Change Consulting Group, las venezolanas Vialpa y Obresca, firmaron un “contradocumento” para redefinir su constitución accionaria y remarcar que la empresa italiana no tenía ninguna participación.

La Contraloría presentará una denuncia ante el Ministerio Público contra el CHM por los delitos de: sociedades ficticias, asociación delictuosa, falsedad ideológica, uso de instrumentos falsificados e incumplimiento de contrato. Misicuni debe querellarse.

Hay dos contradocumentos

A pesar de que el proceso de calificación del Consorcio Hidroeléctrico Misicuni (CHM) duró más de un año, comenzó el 1 de febrero de 2008 y terminó el 16 de mayo de 2009, no se detectaron irregularidades de fondo como las enormes asimetrías entre las seis empresas que componían el grupo.

El contraste más grande que existía era entre Grandi Lavori y CCI Construcciones. Pues, la primera tenía una gran solvencia y la segunda se había constituido con un capital insignificante de 10.000 bolivianos para participar en la adjudicación de un contrato de más de 80 millones de dólares. Posteriormente, se continuaron pasando por alto varios detalles como no haber verificado que la obra cuente con los seguros y reaseguros.

A lo largo de cuatro años tampoco se mencionó  o sospechó sobre la existencia de  dos contradocumentos: el primero firmado el mismo día de la firma del contrato el 11 de diciembre de 2008 y el segundo suscrito en abril de 2009, en el cual se ratifica que Grandi Lavori no tenía participación en el consorcio y sólo prestó su nombre para que las demás empresas con escasa experiencia, problemas y sin recursos ganen la licitación internacional.

ASAMBLEÍSTA, GOBERNACIÓN Y CONTRALOR

Henry Paredes, asambleísta

Nosotros denunciamos con documentos lo que sucedía, pero, algunas autoridades departamentales no creían lo que pasaba. Sabemos las irregularidades del consorcio.

Lo llamativo es que no se dice nada de las autoridades que pasaron por la empresa Misicuni. No se dice nada de los técnicos que calificaron la propuesta y que al parecer ni revisaron la documentación. No se dice nada de la Supervisión, que para mí, es la responsable absoluta. Yo  quisiera escucharlo al Gobernador: qué dice, porque además ha dado una gran cantidad de dinero de los cochabambinos. Parece que no hay Gobernador.

J. Ledezma, asesor del Gobernador

Consideramos que la Contraloría haciendo uso de su facultad ha establecido a uno de los responsables de un eventual daño económico al Estado. Tienen que seguirse los procesos correspondientes ante el Ministerio Público. También, la Fiscalía en uso de sus facultades deberá establecer a los cómplices, encubridores y receptadores del daño que se ha cometido a una entidad como es la Empresa Misicuni. Lo que la Gobernación hace es traspasar los recursos, el uso de los fondos obviamente están sujetos al control de la Contraloría, como en este caso ver si se hace un buen uso. Nosotros como Gobernación estamos preocupados de que se haya detectado estas irregularidades.

Gabriel Herbas, Contralor

Hemos hecho un análisis de todo el proceso de contratación. En este caso nosotros no encontramos responsables en la Empresa Misicuni (…) El compromiso fue la revisión y cumplimiento del contrato, no hemos entrado todavía en la ejecución misma de la obra porque es una obra en construcción. Una vez que finalice, si hay otro detalle más, la Contraloría podría ingresar.

Estamos presentado la denuncia ante el Ministerio Público y lo que vamos a hacer es que la Empresa Misicuni (entidad pública) se constituya en parte querellante.