El escándalo de la madera que esclavizó a reos y benefició a policías y exautoridades del gobierno de Evo Morales

Cochabamba, Bolivia. AUTORIDADES AMOBLARON GRATIS SUS CASAS A COSTA DE CARPINTEROS DE EL ABRA. INDAGAN UN NEGOCIADO CON MADERA. RÉGIMEN DORMÍA CON EL ENEMIGO: CINCO FUNCIONARIOS FUERON DESTITUIDOS POR SUS AFINIDADES CON DENNIS MEJíA Y OTRAS IRREGULARIDADES

El escándalo de la madera que esclavizó a reos y benefició a jefes

OPINIÓN, Cochabamba, Bolivia

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No era necesario cruzar las fronteras del país para asombrarse de la existencia de bolivianos que esclavizan a otros bolivianos. Bastaba con ir a la carpintería del penal de máxima seguridad de Cochabamba, El Abra, donde los internos que desarrollaron la habilidad de fabricar muebles y tallar madera se habían convertido en los esclavos de un grupo conformado por exdelegados, exautoridades de Régimen Penitenciario y al menos dos policías.

Por miedo, los “esclavos” no iban a hablar jamás, pero al ser testigos de que sus “amos” habían caído, unos en la cárcel y otros asesinados, accedieron a contar su suplicio a los investigadores de la matanza en declaraciones ampliatorias.

En cumplimiento de un convenio firmado en 2013 entre Régimen Penitenciario, el Ministerio de Gobierno y Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), hace unos meses la ABT entregó 8.834 pies tablares de madera incautada para que los carpinteros de El Abra fabriquen pupitres escolares, con el objetivo de entregarlos a las escuelas más pobres de las zonas rurales. La propuesta de la ABT consistía en que los reclusos se encarguen de la fabricación del mobiliario utilizando el 50 por ciento de la carga de madera. En pago por su trabajo, los reclusos podrían disponer del 50 por ciento restante de la madera entregada.

Según el técnico de la dirección de la ABT, Roger Villarroel, de acuerdo a sus archivos los 8.834,33 pies tablares le fueron entregados a Dennis Mejía y al delegado Aníbal Camacho en el depósito de la ABT de El Paso.

El 7 de abril de este año, la ABT recogió del delegado Edgar Ariel Tancara, en El Abra, 204 pupitres dejaron uno que tenía la pata rota. La ABT supuso que el resto de la madera benefició a los reclusos.

Sin embargo, los carpinteros de El Abra denunciaron a la Fiscalía que Mejía y Tancara les ordenaron fabricar 350 pupitres. Los internos fueron prácticamente esclavizados durante dos meses.

“Trabajábamos desde las ocho de la mañana hasta la siete de la noche, de lunes a domingo sin parar, no almorzábamos, no nos dejaban recibir visitas ni llamadas telefónicas, debíamos apurarnos”, contó uno de los carpinteros.

“Venían Dennis Mejía y la trabajadora social Wendy Tejerina para verificar que no paremos de trabajar y no usemos la madera en otras cosas”, recuerda otro carpintero.

Sin embargo, cuando los internos terminaron los 350 pupitres y éstos fueron entregados “en conferencia de prensa a la ABT, resulta que Dennis Mejía, Wendy Tejerina y Tancara nunca nos entregaron la madera restante que era el pago por nuestro trabajo”, denunció otro de los carpinteros.

Para colmo, cada uno de los carpinteros tuvo que pagar 125 bolivianos por el uso de la maquinaria. “Además, Tancara y Mejía nos obligaron a que nosotros corramos con los gastos de los insumos necesarios para el acabado fino de los pupitres”, acotó otro de los internos.

“Al final todo fue pérdida para nosotros, creemos que la ABT cumplió su palabra, pero Tancara, Mejía y Wendy Tejerina han debido negociar nuestra madera o los pupitres porque no nos la entregaron, pedimos que se investigue”, dijeron.

Si a la ABT solo le entregaron 204 pupitres y los reclusos fabricaron 350, existe un remanente de 146 pupitres cuyo destino se desconoce. Además, un pupitre es fabricado con 18 pies de madera. De 8.834,33 pies debían salir 490 pupitres. La Fiscalía ya ha comenzado a investigar el destino del mobiliario y la madera.

AMOBLARON CASAS

El caso de los pupitres no pagados no es la única denuncia de los presos. Ellos aseguran que eran explotados por varias autoridades que escogían y pedían muebles de diseño exclusivo, pero que jamás pagaban por la madera ni por los trabajos.

Una de las historias más indignantes es la de R.L., un maestro de carpintería que asegura que cuando ellos se demoraban en entregar los trabajos o se atrevían a cobrar por los encargos, eran amenazados de muerte por Edgar Ariel Tancara.

“A mí me golpearon por tardar en un encargo y llegaron a fracturarme el brazo, pero no hicieron nada por ayudarme, ni siquiera me llevaron a un hospital”.

Para el exdirector de Régimen Penitenciario Dennis Mejía, los carpinteros fabricaron una mesa con seis sillas con patas de araña torneadas, un peinador, una vitrina, un librero, un comedor de 4 sillas, zapateras, marcos tallados para cuadros, 3 casas para perros que Mejía recogió personalmente y acompañado de Wendy Tejerina. También le entregaron a Mejía 2 veladores, 1 cama de dos plazas con patas torneadas, 1 modular, 1 mesa central.

“Mejía jamás nos pagó un centavo por la madera ni por los trabajos, ni siquiera decía gracias”, lamentaron los carpinteros.

El exgobernador Yuri Duk también les hizo pedidos. “El mayor Duk hablaba directo con Tancara y para él hicimos una cama de dos plazas, un librero, un peinador, una casa para perros y bates de béisbol”, describieron los carpinteros.

CAPRICHOS

El Rututu Gutiérrez fue uno de los más beneficiados con la explotación laboral a los carpinteros, según los denunciantes.

En agosto pidió la fabricación de tres cajas de madera para guardar armas de fuego. “Cada caja debía tener como detalle otra cajita para guardar la munición y en la parte de arriba el logotipo de la Policía Boliviana repujado en aluminio”.

Gutiérrez también exigía bates de béisbol y les daba a los reclusos 20 minutos para la fabricación de cada bate, bajo amenaza de castigos severos.

“A mí, delante de Tancara me exigió que fabrique una plaqueta para colgar las 30 llaves del alojamiento que tiene en Villa Tunari y que se llama Virgen de Copacabana. Nunca me pagó”, sostuvo otro carpintero. También le hizo fabricar los 30 llaveros para el alojamiento, pero el carpintero no alcanzó a entregárselos y los facilitó a los investigadores como prueba.

A otro interno, Gutiérrez le encargó sables de madera tipo samurái y un arma de madera. “Este subteniente nos hacía trabajar los domingos para que le entreguemos rápido sus cosas, ni a nuestras visitas podíamos recibir y Tancara nos ordenaba que no le cobremos ni un centavo”.

Otra de las beneficiarias con el trabajo amenazado de los carpinteros fue la funcionaria de Régimen Penitenciario Wendy Tejerina, según los denunciantes. “Esta señora me hizo hacer unas cajas con repujado de aluminio para sus joyas y nunca me pagó, pero Tancara la defendía y nos pegaba si intentábamos cobrarle”, aseveró un carpintero.

“Wendy y Dennis Mejía venían como turistas en los horarios de trabajo, miraban todo y si les gustaba algunos de nuestros trabajos le decían a los encargados de la carpintería que eran El Beto y a El Tovar. Ellos nos obligaban a hacer lo que los de Régimen se antojaban”, aseveraron. “Yo hice un comedor completo con seis sillas torneadas, una zapatera, una cama de dos plazas de madera mara para Wendy y ella, sin pagar un solo centavo, todavía reclamaba a los delegados cuando no avanzaban sus pedidos. Nos hacía golpear con El Beto, El Tovar y El Maldonado”.

Los artesanos intentaron hablar con Duk para exigirle que Mejía, Tejerina y Gutiérrez les paguen por sus trabajos, pero éste les respondía, supuestamente, que “favor con favor se paga”. Los internos aseguran que la jueza Yolanda Ramírez conocía todo lo que ocurría en la carpintería, “pero no hacía nada y más bien los apoyaba porque recibía de regalo cuadros pirograbados, pintados, veleros, barcos y mosaicos”. Otro interno dijo que se quejaron con la jueza “pero ella les avisaba a los encargados y nos castigaban expulsándonos del rubro”. Otro recluso sostuvo que también hicieron muebles para la jueza. “Ella mandaba un camión a recoger y Tovar hacía cargar todo para enviarlo a la casa de ella. La esposa de Tovar acompañaba el camión con los muebles”.

Este diario buscó a la jueza Ramírez para que brinde su versión acerca de estas denuncias, pero ella no contestó en ninguno de los tres números de celular que ella misma facilitó hace unas semanas.

Régimen dormía con el enemigo

CINCO FUNCIONARIOS FUERON DESTITUIDOS POR SUS AFINIDADES CON DENNIS MEJíA Y OTRAS IRREGULARIDADES.

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OPINIÓN, Cochabamba

Tras la detención preventiva del exdirector de Régimen Penitenciario Dennis Mejía, en la cárcel de Arani, la oficina regional de Régimen permaneció dividida hasta que en esta semana fueron destituidos cinco funcionarios afines a Mejía con los que el nuevo director, Erwin Sandoval, no lograba engranar. Ellos son Wendy Tejerina Lineo, Sandro Torrico, Roxana Turto, Gustavo Cabezas y Sumaya Becerra.

“Ellos son como una familia, yo les pedía informes, nunca sabían nada, no eran una ayuda, así que pedí su cambio y ya han sido destituidos”, confirmó Sandoval.

Sin embargo, existen declaraciones de otros funcionarios y reclusos, ante la Fiscalía, que involucran a tres de estos exempleados públicos en una borrachera dentro de un penal el 13 de febrero de 2014. Los mismos habrían sido filmados por una cámara de seguridad saliendo en estado de ebriedad, a las diez y media de la noche, pero Dennis Mejía se habría encargado de cortar esa grabación. Los mismos denunciantes acotaron que varios funcionarios de Régimen Penitenciario se encargaban de introducir estupefacientes a los penales para que sean comercializados y describieron cómo lo hacían. Ambos casos ya están en proceso de investigación.

DELEGADO DISCIPLINA

Uno de los objetivos de Régimen Penitenciario, para terminar con las extorsiones, las torturas y vejámenes en las cárceles, es hacer cumplir la Ley 2298 que prevé que los internos cuenten con dos representantes, únicamente, identificados como el delegado primero y el delegado segundo.

La normativa no ha previsto la existencia de los delegados de disciplina, que fueron habilitados por los internos ante la escasez de policías y de recursos para vigilar la seguridad interna de los recintos. Con el tiempo, los delegados de disciplina asumieron todo el control y empezaron a cometer abusos de autoridad y extorsiones en contra de sus compañeros. Las autoridades fallaron en frenar estos abusos y así nacieron las pugnas de poder entre grupos de internos, por todo el dinero que acumulan los delegados a costa del dolor, la humillación y la tortura.

Para eliminar a los delegados de disciplina y recuperar la autoridad estatal es urgente fortalecer a la Policía, lograr que los efectivos ingresen a los penales a efectuar rondas e imponer el orden, pero sin tener contacto con los reos para evitar que se formen asociaciones delictuosas. La vigilancia por cámaras es imprescindible. También es vital que los penales funcionen en infraestructuras adecuadas y no en casas viejas que se prestan a la explotación y la comisión de delitos, explicó Sandoval.