Hospitales públicos darán desde diciembre certificados forenses a mujeres golpeadas

Bolivia. El IDIF homologará los certificados de los nosocomios. Las ministras pidieron al gabinete aprobar un decreto que impida a los agresores postularse a cargos públicos.

Los hospitales públicos otorgarán certificados para casos de violencia

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Marcha. Movilización contra la violencia contó con una masiva participación de hombres en La Paz. Miguel Carrasco.



La Razón / La Paz

A partir de diciembre, los hospitales públicos del país emitirán el certificado médico único y gratuito para toda mujer o niña que haya sufrido algún tipo de violencia. El documento tendrá la misma validez legal de un certificado médico forense del IDIF para procesar judicialmente al agresor.

“Con la Resolución Ministerial 1565 aprobamos este certificado que es un instrumento que debe darse de forma gratuita junto al buen trato a la mujer que fue violentada. El certificado será el instrumento legal para continuar las denuncias, el trámite de investigación y posterior sanción”, informó ayer la viceministra de Salud, Ariana Campero.

El fiscal general, Ramiro Guerrero, señaló que todo establecimiento de salud público está en la obligación de emitir el Certificado Único Gratuito a favor de toda mujer que haya sufrido algún tipo de violencia, documento que será homologado por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), a solicitud expresa de la víctima.

“El certificado está destinado a que las servidoras y servidores públicos de salud, tanto de capitales como de provincias, puedan realizar el llenado respectivo cuando estén frente a víctimas de violencia física o sexual, especialmente donde no exista médico forense”, resaltó Guerrero.

Campero explicó que el documento fue trabajado por su ministerio y el de Justicia, y consensuado con el IDIF, en el marco de la Ley para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (348). Si bien la resolución establece aplicación inmediata, ésta se dará a partir de diciembre porque se requiere tiempo para capacitar al personal en el llenado del formulario e imprimir los certificados, detalló la responsable de Violencia de Género del Sedes La Paz, Lidia Apaza. “Será paulatino, en La Paz se implementará primero en el principal centro de salud público de cada red y luego se sumaran otros”, agregó Apaza.

La ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, sostuvo que con el documento la mujer no volverá a ser revictimizada. “Las cuatro hojas del certificado serán llenadas adecuadamente y cuando se realicen los procesos judiciales no serán anulados o rechazados, como suele suceder ahora”.

El anuncio fue efectuado ayer en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en el hall de la vicepresidencia. En el acto, las ministras del Gobierno presentaron la campaña “Alto a la violencia” a autoridades legislativas, organizaciones sociales e internacionales.

Además, las ministras pidieron al gabinete, que hoy se reunirá, aprobar un decreto para que personas que tengan antecedentes de violencia intrafamiliar no puedan postular, ascender o ser contratadas en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La medida ya es aplicada en Educación y el organismo policial, aunque abogados constitucionalistas lo calificaron como “sanción adelantada” al tratarse de imputación y no sentencia.

Familiares de víctimas de feminicidios, activistas por los derechos de las mujeres y la Defensoría del Pueblo realizaron una marcha por el centro de la ciudad y posterior plantón, en rechazo a la violencia contra las féminas y en demanda de justicia. En la manifestación hubo una masiva presencia de hombres. “Cuando era niño veía cómo mi padre golpeaba a mi madre, no quiero que eso se repita, por eso estoy en la marcha y pido respeto para las mujeres”, expresó Vidal Ramos.

Índices de denuncias en el país

Justicia

Las denuncias por violencia en el país llegaron este año a casi 26.000 casos, según la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, quien lamentó que algunas mujeres retiren la denuncia presentada dos o tres días después.

Octavia creó una canción para ‘Cartas de Mujeres’ 

“Permanecer en silencio  fue su primera  reacción. Hoy viene a hablar de las sombras que cubren su corazón, con voz clara y fuerte”, dice la primera estrofa de la canción oficial de la campaña “Cartas de Mujeres”, que busca denunciar y eliminar la violencia contra féminas adultas y niñas.  La directora de Género y Generacionales de la Alcaldía de La Paz, Tania Nava, presentó ayer la melodía  Más que una voz, compuesta e interpretada por el grupo de rock boliviano Octavia.

“La canción habla del silencio de algunas mujeres frente a la agresión que sufren de sus parejas y nos invita a sumar nuestra voz, y las cartas son los mensajes para dejar de callar”, expresó Nava.Octavia presentará oficialmente la composición de la campaña contra la violencia el viernes, en la plaza Villarroel de La Paz.

Opiniones contra la violencia en el país

‘Trabajo en equipo’: Sandra Gutiérrez, Min. Justicia

“Empezamos una campaña muy fuerte y necesitamos trabajar en equipo, desde las familias, vecinos, colegios, organizaciones, la sociedad en sí. No basta solo las leyes”.

‘Hay carga elevada’: Natasha Loayza, ONU Mujeres

“A raíz del incremento de casos en la Fiscalía, se presenta una retardación por la sobrecarga de casos y ante el poco personal que atiende los procesos judiciales”.

‘No hay que socapar’: Marcelo Elío, diputado

“Para ejercer los derechos no hay que socapar nunca más la violencia. A quienes forman generaciones, maestros, apliquen la Ley Avelino Siñani que tiene que ver con la equidad”.

‘Depurados del MAS’: Leonilda Zurita, MAS

“Los que quieran ser ratificados o formar parte de las listas del MAS no tienen que tener antecedentes de corrupción o violencia intrafamiliar, sino serán sujetos a depuración”.

16 mujeres muertas este año y solo un caso con sentencia

En el país, 103 mujeres han muerto entre enero y octubre. El 63% de los crímenes fueron cometidos por sus parejas

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En Cochabamba también hubo movilizaciones y protestas

Bolivia es el país latinoamericano con los niveles más altos de violencia física contra las mujeres, y el segundo después de Haití en violencia sexual, según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Los casos de feminicidio, delito definido como el asesinato de una mujer por su condición de tal, han aumentado este año, pese a que la ley de protección a las mujeres, vigente desde 2013 en el país, castiga ese crimen con una pena máxima de 30 años de prisión sin indulto.

A propósito de los feminicidios, la Defensoría del Pueblo informó de que a escala nacional se han registrado 103 casos de muertes de mujeres, el 63 % de ellos cometidos por esposos, novios o parejas, según datos divulgados por la institución a través de un comunicado.

En Bolivia, ocho de cada 10 mujeres sufren algún tipo de violencia y la mayoría de los casos ocurren en sus hogares, índice que supera al promedio mundial que alcanza al 30%, indica la nota de la Defensoría.

Los casos de violencia machista registrados en Bolivia crecen “a la par de las formas extremadamente crueles y brutales con que se cometen, evidenciándose en muchos casos la tortura, la vejación y la humillación previas al asesinato”, agregó esa entidad. De igual forma, en Santa Cruz, los datos revelan que entre 15 y 20 casos de violencia contra la mujer son denunciados cada día.

Denuncias versus detenidos

Para el representante del Defensor del Pueblo en Santa Cruz, Hernán Cabrera, otro hecho que debe movilizar al Estado es que desde marzo hasta octubre de este año han ingresado a la cárcel de Palmasola 1.689 personas acusadas por distintos tipos de delitos; de los cuales 342 son por la Ley 348 y 75 por delitos sexuales.

De los delitos de violencia contra la mujer y violencia sexual solo existen cinco sentencias este año, el resto se encuentra con detención preventiva. Citó el caso de María del Carmen Vásquez Paz, asesinada el año pasado, cuyo proceso avanza muy lento. “Las denuncias son miles, pero los detenidos y los que están con proceso judicial son pocos”, dijo y agregó que algo está pasando para que las autoridades judiciales y policiales no estén cumpliendo a cabalidad sus competencias