El Ejecutivo continúa en fase de elaboración de su propuesta. La ministra de Autonomías, Claudia Peña, descartó su consideración en la coyuntura electoral que vive el país. Un estudio revela que la redistribución de recursos implica un aspecto clave de la política fiscal del país.
Ministros postergan pacto fiscal
La ministra de Autonomías, Claudia Peña, manifestó este jueves que no se ingresará a debatir el nuevo pacto fiscal durante la etapa electoral de los comicios subnacionales, con el fin de evitar su politización.
“Siempre nosotros hemos dicho que no vamos a entrar a ver temas de pacto fiscal en momentos electorales, pero sí vamos a cumplir con los plazos y con todo lo que manda la ley, vamos a verlo cuando presentemos la propuesta vamos a presentar los plazos y todo”, manifestó Peña, quien ve al pacto fiscal como un gran diálogo que no se va a resolver en pocos días.
PARADOJA
El ministro de Economía, Luis Arce, ratificó que el Gobierno cumplirá la Ley de Autonomías en todos sus alcances. “Cuando escucho el pacto fiscal me trae a la memoria la Ley de Autonomías que muchas gobernaciones no han cumplido, y que muchas de ellas exigen la ley, esa es la paradoja, pero allá ellos que no cumplen la ley, pero el Gobierno nacional va a cumplir tácitamente lo que está estipulado en la Ley de Autonomías de eso no les debe quedar la menor duda”, dijo el ministro Arce, el pasado martes.
COMPROMISO INCUMPLIDO
Sin embargo fue el propio ministro Arce quien se comprometió el año pasado a ejecutar el pacto fiscal en conformidad a la Ley de Autonomías en momentos en que se elaboraba el proyecto de presupuesto General del Estado para 2015. Dijo en esa oportunidad que la redistribución de los recursos se realizaría de forma automática considerando que el INE había publicado oficialmente los datos del Censo de Población y Vivienda en junio 2014.
PROPUESTA DEMORADA
Peña adelantó que se trabaja en la propuesta junto al Ministerio de Economía y el Servicio Estatal de Autonomías (SEA). Informó además que la propuesta de pacto fiscal será presentada en el plazo establecido por la ley.
Según la Ley Marco de Autonomías se establece que en un plazo no mayor a seis meses, después de publicados los resultados nacionales del Censo de Población y Vivienda se debe trabajar la propuesta técnica de pacto fiscal.
CIFRAS
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) presentó en julio del 2013 los resultados del censo, cuando se informó que en Bolivia existían 10.027.254 habitantes. No obstante, el 30 de junio del 2014, el INE volvió a presentar nuevos datos tras la revisión de archivos físicos y registros digitales e incrementó el número poblacional a 10.059.856 habitantes.
El pacto fiscal es considerado como el espacio donde mediante un proceso de concertación nacional y regional se tratan aspectos relacionados con la generación, distribución y destino de los recursos públicos.
SOSTENIBILIDAD
Un pacto fiscal sostenible en el tiempo y sobre todo efectivo en su cumplimiento debe estar fundamentado en aspectos políticos, sociales e institucionales, proponiendo, más que un conjunto de reglas de distribución, un conjunto de mecanismos de negociación válidos para que los diferentes actores políticos puedan hacer cumplir las metas y acuerdos propuestos por dicho pacto, dicen José G. Espinoza y Mauricio Ríos en “Lineamientos para un pacto fiscal sin rentismo”, publicado por la Fundación Milenio a fines del 2013. Ambos autores señalan que para que ello ocurra es necesario caracterizar la estructuras de ingresos y gastos del sector público, así como de aspectos claves de la distribución de los recursos, ya que estos representan los principales componentes en la política fiscal del país.
DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS
– Una evaluación concisa de la estructura de los ingresos fiscales en Bolivia muestra algunos rasgos característicos. En primer lugar se debe hacer notar que la estructura fiscal del país es el resultado de fuerzas políticas e institucionales fuertemente arraigadas y por lo tanto muy difíciles de modificar.
– En términos generales, por ejemplo, la distribución igualitaria de los recursos públicos, que se planteaba en la Ley de Participación Popular, se complementa luego, para el caso de la distribución de los recursos provenientes del programa de alivio de la deuda externa multilateral con una regla de compensación en función de los índices de pobreza que muestran las poblaciones de cada municipio2, pero que luego, como se verá más adelante pierden importancia ante esquemas de distribución territoriales, basados en reivindicaciones de carácter histórico, étnico, económico o una combinación de los mismos.
– Por otro lado, los objetivos planteados para el uso de los recursos públicos giran en torno a la lucha contra la pobreza, el desarrollo de infraestructura y el gasto social, aunque la importancia relativa que se le ha asignado a cada uno de ellos ha ido variando en función de los objetivos del gobierno de turno así como con el contexto económico que han enfrentado.
Fuente: “Lineamientos para un pacto fiscal sin rentismo”, José G. Espinoza y Mauricio Ríos
¿QUÉ ES UN PACTO FISCAL?
Un verdadero pacto fiscal debería estar orientado a redefinir el lugar del Estado y su papel en la economía, reconociendo que los ciudadanos no solamente son los verdaderos dueños de las riquezas naturales, sino que son también los únicos capaces de convertirlas en riqueza sostenible, porque su trabajo y su creatividad son los únicos que pueden dar valor a esas riquezas, dice Roberto Laserna en su trabajo “Pacto fiscal y rentismo”.
“Esto implicaría trascender el lugar de intermediario comedido que tiene el Estado. Hoy, el Estado controla las rentas y trata de decidir por su cuenta cómo gastarlas. Al final no lo hace pues, como vimos, está sujeto a múltiples presiones y restricciones, que en conjunto reducen la eficiencia de su acción y alimentan la inequidad”, señala Laserna.
EL DIARIO, La Paz