Desigualdad económica, desigualdad ante la ley

Christian A. Aramayo Arcejusticia34Latinoamérica (LA) es la región más desigual del mundo, las diferencias económicas revelan un hecho que es moralmente aberrante.Pero no pensemos con el corazón: este es un problema de incentivos. Si la ley se aplica para unos cuantos y favor de otros, los incentivos económicos reales se vuelven perversos: para ganar dinero se debe ser robar, engañar o violar la misma norma hasta que se institucionalice la corrupción o que los mandatarios “lo hagan legal”.Veamos qué estuvimos haciendo: hace unos años Petrobras era ejemplo de empresas exitosas estatales, Evo Morales además de ser paladín del indigenismo, junto a Bachelet y Kirchner eran las reservas morales de la élite política de sus países. Resultó que Petrobras y el Fondo Indígena se volvieron botines millonarios mientras que los casos de corrupción familiar en los gobiernos de Chile y Argentina, sumados a otros eventos, terminaron con la destitución de todo el cuerpo de ministros en el primero y con la muerte del fiscal que seguía un caso a la presidenta en la segunda; la lista continúa hasta la renuncia de la vice-presidenta de Guatemala. Las buenas intenciones del discurso fueron en realidad, perversos hechos de enriquecimiento ilícito. Es decir, oportunidades y beneficios para unos y no para todos.Con un poder judicial fuerte e independiente no podrían omitir crímenes, dar votos de confianza a ministros sindicados de corrupción o modificar la constitución al antojo de quien esté en el poder -y el grupo al que representa-. El problema de la desigualdad histórica de LA no se encuentra en la distribución directa de los recursos, el problema se encuentra en que a nombre de la desigualdad, los corruptos debilitaron al Poder Judicial y enviaron la señal de que los viciosos serán premiados.Fortalecer la administración de justicia no sólo nos vuelve más productivos al tener derechos de propiedad claramente establecidos, nos facilita condiciones para que tengamos las mismas oportunidades económicas, reduce los costes de transacción, promueve incentivos virtuosos -al castigar abusos legislativos y ejecutivos- y así, se reducen esas vergonzosas brechas de desigualdad.