Los referéndums de la impostura

Juan Carlos Urenda  ​Juan-Carlos-UrendaComo no me cansaré de reiterar, la Constitución, no obstante que otorga un adecuado marco institucional para el régimen de autonomías departamentales (gobernador y asamblea legislativa elegidos por voto), niega a los departamentos las competencias que cualquier régimen autonómico razonable tendría que tener, y configura un Estado claramente centralizado. De esa manera tenemos, a la boliviana, un curioso Estado autonómico centralizado, ya que la Constitución tiene en sí misma el germen de la anulación de un Estado autonómico.Por eso es que los estatutos departamentales que, bajo la Constitución vigente, se han aprobado o están en vías de aprobarse por las asambleas legislativas departamentales, son una tomadura de pelo para el proceso autonómico si es que honestamente queremos autonomías de verdad, porque lo único que pueden contener es la transcripción de la lista de las inocuas competencias que la Constitución otorga a los gobiernos departamentales (si le pusieran más el Tribunal Constitucional las eliminaría y, si le restaran, sería una tontería).Una muestra de lo que está por verse es el artículo 61 del Estatuto aprobado por la Asamblea Legislativa de La Paz, que establece que “el control gubernamental de los recursos del Gobierno Autónomo del Departamento de La Paz se realizará conforme a una Ley que emita el nivel central del Estado…” es decir, que ese Estatuto en vez de autonomizar, profundiza el centralismo actual sometiendo al departamento de La Paz al nivel central de una manera más radical. Para el llanto.El partido de Gobierno hábilmente ha convencido a la población de que la aprobación/ adecuación de estatutos es imprescindible para que haya autonomía, lo que no es cierto porque de acuerdo a la Ley Marco de Autonomías las competencias exclusivas departamentales otorgadas por la Constitución, si bien intrascendentes, no necesitan de estatutos para implementarse. Ha sido el caso del traspaso de los hospitales de tercer nivel, que en Santa Cruz se han transferido del municipio a la gobernación, sin que ni el uno hubiera aprobado su carta orgánica ni el otro su estatuto.Y ahora resulta que el 12 de junio habrá referéndums, que le costarán a los bolivianos la friolera suma de Bs. 51.2 millones para aprobar los estatutos de los departamentos de La Paz, Chuquisaca, Cochabamba, Oruro y Potosí, y las cartas orgánicas de los municipios de Tacopaya, Cocapata y Huanuni. De manera que, paradójicamente, irán a las urnas los cinco departamentos que se opusieron mayoritariamente a las autonomías en el denominado “Referéndum nacional vinculante a la Asamblea Constituyente para las autonomías departamentales” el 7 de marzo de 2006 y como solo tres municipios tendrán referéndum, faltará que vayan a las urnas los 323 municipios restantes, que por lo demás, no han dado muestras de que les haya hecho falta aprobar su carta orgánica.La exitosa estrategia de la impostura de haber hecho creer que avanzaremos en el proceso autonómico, cuando se aprueben los estatutos emanados de la Constitución vigente está tan enraizada en la población –y principalmente en los medios- que no faltarán los festejos de los incautos cuando concluyan los referéndums bajo el grito de ¡¡ahora somos autónomos!!El Deber – Santa Cruz