‘Pitilleros’ y ‘topos’ ocupan al menos 16 puntos de Santa Cruz

Los drogodependientes ‘piden’ dinero a transeúntes y choferes, y no aceptan negativas. Pueden amenazarlos con armas blancas o apuñalarlos, dicen los vecinos

LA RAZÓN  / Iván Condori / Santa Cruz, Bolivia

imageSanta cruz. Dos personas que son parte del grupo de drogodependientes, en la avenida Omar Chávez, en inmediaciones de la Gobernación. Foto: Ivan Condori.



Pariente, ¿tiene Bs 5?, pregunta un muchacho de contextura delgada, envuelto en harapos que dejan ver una cicatriz que desciende desde el hombro hasta el brazo derecho con el que sostiene un bote de clefa.

Del bolsillo trasero de su pantalón asoma el mango de un arma blanca. No es casualidad ni descuido, sino un elemento disuasivo para que la víctima le entregue aunque no quiera el dinero.

Santa Cruz de la Sierra —dividida en ocho anillos— tiene 1,4 millones de personas y se calcula que quienes están en situación de calle son cerca de 1.300.

No hay estudios que den atisbos de cuántos de ellos son consumidores habituales de alcohol y droga, sobre todo de inhalantes como la clefa y el thinner.

La aparición de estos grupos corre paralela a la de las “favelas”, de adictos e indigentes en riberas del río Piraí, en la avenida Alemana y Segundo Anillo; en San Aurelio y Segundo Anillo; la Centenario y Segundo Anillo; y en la Piraí y Tercer Anillo, que son “cerradas”.  Los “topos” o “pitilleros”, como los conoce la gente, se concentran en al menos 16 puntos de esta urbe, que se apresta a recibir a dos millones de visitantes que se calcula que participarán del recibimiento al papa Francisco, que efectuará una visita pastoral.

Bastan un par de minutos para que un forastero observador detecte dónde están los kioscos ambulantes donde venden clefa, alcohol y hasta marihuana.

Son las 10.30 del lunes 11 de mayo y hace frío, la ciudad es azotada por un “sur”. A metros de la Gobernación un grupo de unas 20 personas se apretuja para conservar el calor, pero es inútil. De mano en mano pasa un pequeño frasco de plástico que contiene el pegamento y hay quienes encienden un porro (cigarrillo) del psicotrópico.

El microtráfico ha ido tendiendo sus tentáculos de forma silenciosa y marca a algunas zonas estén dentro del Cuarto Anillo o  fuera de él, donde la presencia de la Policía es casi inexistente.

La avenida Omar Chávez entre las calles Cañada y Solís de Olguín, a unos pasos del edificio de ex Cordecruz, desde donde opera el poder político de Santa Cruz (la Gobernación), fue ocupada por los drogodependientes que amedrentan y asaltan a las personas para costear su adicción.

En esa arteria está otro grupo de adictos que fuma la hierba en improvisadas pipas hechas de papel estañado u hojas secas de plátano. Las caras de algunos están cruzadas de cicatrices, ya que las peleas por alcohol, droga y comida son frecuentes entre ellos.

El microtráfico aumentó y la Policía se incauta de pequeñas cantidades de cannabis, cocaína y pastillas casi de manera rutinaria, comenta sin entrar en detalles el coronel Marcelo Flores, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico.

Comprar y vender droga en las calles, parques o mercados de Santa Cruz de la Sierra es relativamente fácil. En la rotonda del Plan Tres Mil una mujer camufla entre las tarjetas telefónicas que comercializa a Bs 20 unos paquetitos que tienen un polvo blanco.

En los barrios periféricos, un par de zapatos viejos colgando de los cables del tendido eléctrico es la señal de que en ese territorio hay un distribuidor al raleo. 

A veces, los adictos se mimetizan entre las personas que se dedican a limpiar parabrisas y suelen quitarles a los transeúntes dinero, teléfonos móviles, relojes e incluso accesorios a los automóviles de los distraídos.

“Estoy aquí todos los días, para costearme un “vuelo”. Le pido prestado unos pesos a la gente que pasa por estos lugares y si se resisten, no me queda otra que arrebatárselos, pero eso no ocurre porque siempre me regalan algunos pesitos”, cuenta Alfredo, de 25 años, mientras sorbe el café de un vaso con el que intenta combatir el frío. En un recorrido realizado entre el Primer y Cuarto Anillo, La Razón identificó  16 puntos ocupados por los “pitilleros”, como las avenidas Chávez, Uruguay en el Primer Anillo y en la diagonal del edificio del Tribunal Departamental de Justicia.

Los “topos” también se encuentran en las jardineras de la avenida Cañoto, los canales de drenaje del Segundo Anillo y Piraí, las avenidas Roca y Coronado, San Aurelio, Banzer, Alemana, la Mutualista, el canal Cotoca y en el cordón ecológico del río Piraí, entre otros.

En general estos grupos se congregan cerca de los canales de drenaje, pues cuando asaltan se refugian dentro, un lugar al que hasta la Policía teme ingresar.

Lo mismo pasa en la plazoleta del barrio Los Chacos de Pampa de la Isla, en la plazuela 18 de Marzo del Plan Tres Mil y en las rotondas y espacios recreativos de la Villa Primero de Mayo.

Temor. Los peatones, obligados a pasar cerca, si son varones cambian de lugar la billetera y si son mujeres sujetan el tiro de la cartera con ambas manos.

Federico Mercado, un mensajero que usa una motocicleta, relata que pasar por la avenida Piraí y Segundo Anillo es peligroso.

“Es un verdadero peligro la presencia de los drogadictos, quienes aprovechan el mínimo descuido para sustraer las pertenencias de los coches”, dice.

Carmela Medina trabaja en una tienda de muebles en la avenida Chávez y siente la inseguridad que estos grupos ocasionan.

“Cada vez hay más consumidores de droga en esa zona, quienes amedrentan a la gente para sacarles plata, y si se resisten, les apuñalan. Hay escaso control y la Policía solo viene cuando ocurren accidentes o atracos”.

Marcelo Cabrera, chofer del trufi del Segundo Anillo, señala que tiene que lidiar a diario con los “pitilleros” (drogodependientes) que le exigen dinero.

“Aparecen en las rotondas y semáforos con un trapito intentando limpiar los parabrisas y cuando nos distraemos, roban.”

A Jorge Montero en más de dos oportunidades le sustrajeron al paso objetos de su auto.

“Desde entonces manejo con los vidrios cerrados y las puertas aseguradas para no ser presa fácil de estos delincuentes que roban para costear su vicio”.

En la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de Santa Cruz  informan que se que llevan a cabo operativos periódicos en las zonas donde se concentran los consumidores de droga para garantizar la seguridad ciudadana de los vecinos de la capital.

“Los retiramos de esos lugares, muchos son trasladados a centros de rehabilitación de donde se escapan y retornan nuevamente. Es un círculo vicioso”, dice la fuente que pide no identificarse.

Rosy Valencia, directora de Género y Asuntos Generacionales de la Alcaldía cruceña, apunta al problema de fondo: Los drogodependientes son trasladados a centros de rehabilitación para procurar su reinserción social, pero no concluyen el tratamiento, abandonan la terapia y vuelven a las calles.

Centros cerrados de rehabilitación

Concejales electos plantean la aprobación de una ley municipal

Desde 2014 a la fecha las autoridades realizan 34 operativos en Santa Cruz de la Sierra en los que 300 drogadictos fueron desalojados de las riberas del río Piraí y enviados a los centros de rehabilitación. Sin embargo, solo 36 siguieron el tratamiento, el resto dejó esos establecimientos.

Por ello, dos concejales electos en este municipio plantean una ley edil que permita abrir un establecimiento de recuperación de régimen cerrado.Hortensia Sánchez, del Movimiento Al Socialismo, anuncia la presentación de un proyecto de ley para la construcción de un centro especializado en el restablecimiento de los adictos al consumo de drogas.

“No contamos con espacios especializados para los drogodependientes, quienes se dedican a atracar a los transeúntes y así se costean su vicio. La Policía los aprehende y un par de horas después los libera porque no tiene dónde derivarlos”, agrega.

Juan José Castedo, de Santa Cruz Para Todos, uno de los promotores del retiro de los drogodependientes de las cabañas del Río Piraí, reconoce las dificultades de los intentos de lograr la reinserción de estas personas a la sociedad. La rehabilitación es voluntaria y nadie puede obligar a una persona a someterse a un tratamiento en contra de su voluntad.

“Estamos trabajando en una norma para la creación de centros cerrados, es decir, que estas personas no puedan salir de esos establecimientos durante un año, tiempo aparentemente suficiente para alcanzar una evolución positiva”, sostiene el edil.