Peces (karachis) sin vida por efecto de la contaminación del Lago Menor del Titicaca, en el sector de la isla de Qhehuaya. Foto La Razón.Las aguas están verdes y espesas, señala Juan Carlos Condori, quien vive en la comunidad Belén Yayi, a orillas del lago Titicaca. Afirma que el ganado del sector bebe el líquido contaminado que proviene de la cuenca Katari y que confluye a la bahía de Cohana. “Cuando la suciedad viene (al lago), el agua contamina al ganado y algunas crías nacen con defectos. Una vez pasó que una nació con dos cabezas y en otra ocasión nació con un pie adelante”. Según el poblador, la contaminación en esta parte del lago se generó hace 15 años.
“Hasta ese tiempo aún existían peces, pero con la llegada de las aguas sucias desaparecieron”. Este es uno de los efectos del daño ecológico generado por la contaminación de esta parte del lago, donde además hay presencia de basura y desechos arrastrados por los afluentes del río Katari y el crecimiento de lenteja de agua (plantas acuáticas) que perjudican el desarrollo de la totora (forraje para los ganados). Todo en un ambiente de olor nauseabundo.
El 22 de abril de este año y ante las denuncias de comunarios, La Razón estuvo en la isla de Qhehuaya, en el lago, donde constató que al menos dos toneladas de ranas, peces y patos sin vida fueron retiradas de las aguas que rodean la zona, en el Lago Menor del Titicaca. “Los pescadores y visitantes deben taparse la nariz para navegar por el lugar”, señala la nota.
Un mes después, la Contraloría General del Estado (CGE) dio a conocer los resultados de una auditoría ambiental realizada desde 2011 hasta 2014 en la que observa el desempeño de 12 instancias en la mitigación de la contaminación en la zona.
Según el documento al que accedió en exclusiva Informe La Razón, los ministerios de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), Minería y Relaciones Exteriores; la Gobernación Autónoma de La Paz; los gobiernos municipales autónomos de El Alto, Viacha, Laja, Pucarani y Puerto Pérez; la Empresa Municipal de Aseo de El Alto (EMALT), la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS) y el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social-FPS realizaron acciones “ineficaces e insuficientes”.
En la parte conclusiva de la auditoría ambiental, la CGE señala que en la zona hay “un ecosistema dañado, conformado por cuerpos de agua contaminados y en la manifestación riesgos potenciales importantes para la biodiversidad del lago y la salud de la población afectada por la creciente contaminación fisicoquímica, microbiológica y toxicológica”.
Informe La Razón realizó en junio otro recorrido por la zona y verificó el daño ambiental ocasionado por descargas de aguas contaminadas, desechos urbanos, minerales, industriales y basura que bajan de los municipios de El Alto, Viacha, Laja, Pucarani y Puerto Pérez hasta la bahía de Cohana.
Los comunarios de la región señalan que en 15 años el color del agua en los ríos Pallina y Katari, afluentes que desembocan en el lago, cambió de cristalino a verde oscuro, debido a los diferentes residuos que son arrojados a estos lechos, principalmente de El Alto.
“Este río sucio arrastra perros, burros y chanchos muertos”, afirma Pedro Chorinza, quien vive 30 años en Pampa Cohana, población cercana a la bahía. Dice que la contaminación apareció hace 15 años.
La contaminación de las aguas de los ríos Seke, Seco, en El Alto; Pallina de Viacha y Laja; y Katari cerca de Pucarani, se debe a que las alcaldías implicadas no realizan un tratamiento adecuado a sus aguas residuales, según el informe de la Contraloría.
La CGE identificó ocho aspectos que “no fueron desarrollados o poco desarrollados” por las 12 instancias involucradas en la mitigación de la contaminación ambiental de esa zona del lago. Todas las entidades recibieron el informe de la auditoría y las 75 recomendaciones que deben aplicar para revertir la situación.
El primer aspecto se refiere a la ineficacia con la que actuaron el MMAyA, la Gobernación de La Paz, los municipios de El Alto, Viacha, Pucarani y Laja, además de EPSAS y el FPS para garantizar el adecuado tratamiento de las aguas contaminadas generadas en dichos poblados.
En la comunidad Siviruyo, perteneciente al municipio de Pucarani, distante a 51 kilómetros de la ciudad de La Paz, vive Pascuala Huanca, quien cuenta a Informe La Razón que debido al rebalse de las aguas servidas de las cámaras sépticas, que están cerca de su vivienda, sus nueve hijos se enferman constantemente del estómago.
“Cuando hace sol es peor, ya no queremos vivir cerca de este lugar por el olor, por eso a veces no estamos en el día y solo en las noches llegamos a dormir”.
Pucarani tiene una población de 30.000 habitantes y solo el 20% cuenta con el servicio de alcantarillado que desemboca en las cámaras sépticas en la comunidad de Siviruyo. Esas aguas sucias descienden en el río Katari, debido a que este municipio no cuenta con una planta de tratamiento para procesar el líquido residual.
La ministra de Medio Ambiente, Alexandra Moreira, informa que junto a los municipios implicados se trabaja en la ampliación y construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales que, según el documento de la Contraloría, la falta de estas infraestructuras es lo que afecta más a la contaminación de los lechos y la bahía de Cohana, desde donde descienden las aguas sin tratamiento. Además, gestiona recursos económicos para coadyuvar en estas obras.
“Tenemos la ampliación y mejora de la planta de tratamiento de aguas residuales de Puchuckollo, Laja, la conclusión de plantas de tratamiento en las poblaciones que tienen un alto impacto como es El Alto, Viacha, Laja, Pucarani Puerto Pérez”, anuncia la autoridad.
La Gobernación de La Paz no atendió los requerimientos de este medio, aunque el gobernador Félix Patzi declaró a El Diario, el 2 de julio, que se analiza crear una ley departamental para proteger al lago Titicaca de la contaminación, para lo cual se propone a los municipios aledaños trabajar en proyectos de alcantarillado o baños ecológicos, para evitar que los desechos sólidos y las descargas domésticas no vayan directamente a las aguas lacustres.
En el caso de El Alto, a pesar de existir la Planta de Tratamiento de Puchuckollo, las aguas industriales y de las descargas del alcantarillado contaminan los ríos Seco y Seke, por lo que la Alcaldía elabora un proyecto para ampliar estas infraestructuras y construir otras para mejorar el procedimiento de purificación.
La directora de Gestión y Control Ambiental de El Alto, Ana Cachi, informa que el gobierno municipal junto al Gobierno central tienen previsto construir la nueva planta de tratamiento de Tacachira, en el Distrito 11, pero por el rechazo de los pobladores del lugar, quienes argumentan que vivir cerca de las aguas contaminadas afectará su salud, la obra no se inicia.
Laja tiene su planta de tratamiento de aguas residuales, pero debe ser mejorada. En Pucarani se tiene prevista la construcción de una laguna de oxidación para mitigar la contaminación generada por las aguas domésticas; para ello el alcalde Francisco Hidalgo anuncia que se ha calculado un monto. “Tenemos un estudio de identificación que aproximadamente nos va a costar de 9 a 10 millones de bolivianos”.
En Viacha, el alcalde Delfín Mamani asegura que la planta de tratamiento que se construirá “será moderna, con piscinas que van a permitir el tratamiento de las aguas residuales de toda la parte urbana”. El municipio tiene cerca de 90.000 habitantes y una cobertura del 85% de agua potable y 60% de alcantarillado. Las aguas residuales desembocan en el río Pallina y el alcantarillado, a tres cámaras sépticas que colapsaron.
En el caso del FPS, la entidad envió una nota a la Contraloría en la que no acepta estar incluida entre las recomendaciones, al aclarar que el proyecto para el diseño e instalación de una planta de tratamiento de aguas residuales en Viacha no fue ejecutado, porque no se cumplieron los procedimientos requeridos ni los plazos establecidos para dicha obra.
En el segundo aspecto se establece que los ministerios de Medio Ambiente y de Minería, y la Gobernación de La Paz no desarrollaron gestiones para mejorar y restaurar la zona afectada por los desechos mineros de Milluni.
El documento señala que la contaminación de la bahía de Cohana se inicia en la cabecera de la cuenca del río Katari, en el sector del distrito minero de Alto Milluni, en el área rural de El Alto, ubicado a 34 kilómetros de la ciudad de La Paz y al pie del nevado Huayna Potosí. En la zona existen desechos de minerales de la explotación del estaño de los años 1940 a 1985.
Este medio realizó un recorrido por el sector, donde se observa que los residuos de los minerales afectan a las aguas de las lagunas que suministran el elemento líquido a las ciudades de La Paz y El Alto, luego de ser tratadas en la Planta Potabilizadora de la zona de Tilata, en la urbe alteña. Las lagunas y la represa de Milluni, que están a los pies de la mina, muestran un borde de color amarillento producto de los desechos. En tanto, las lagunas que están a unos dos kilómetros hacia arriba muestran mayor cristalinidad y no tienen orillas con sarro por los minerales.
La mina todavía es explotada por los comunarios del lugar que extraen zinc. Luego de trabajar durante toda la noche, Ivar Q., comunario que hace tres años saca el mineral con sus compañeros, habló con este medio, mientras retornaba a su vivienda en la zona San Marcos al norte de El Alto. Dice que el “deslave” producto de la explotación de los minerales fue arrastrado hasta esas aguas y generó esas orillas y la contaminación de las aguas. “El lago que tiene sarro está contaminado, eso es arrastre del deslave y si tomas el agua sentirás como si estuvieses tomando agua ensarrada de alambre”, ejemplifica.
Al respecto, el Ministerio de Minería informa que realiza trabajos para un tratamiento técnico de dichos residuos, y coordina con el Ministerio de Medio Ambiente la aplicación de proyectos para mejorar y restaurar los daños ocasionados.
“El Ministerio de Minería y Metalurgia iniciará trabajos en esta zona a partir de un inventario de pasivos ambientales y la definición de procedimientos específicos que guíen el tratamiento técnico de estos residuos”, señala una nota enviada por este despacho a Informe La Razón.
En el tercer aspecto considerado por la auditoría, la Gobernación de La Paz y los municipios de El Alto y Viacha no controlaron ni vigilaron las actividades en operación que generan las diferentes descargas, como basura y aguas residuales a los ríos de la zona de estudio.
A consecuencia de esto, las aguas de los ríos Pallina y Katari muestran una contaminación mayor, toda vez que a estos lechos se arrojan aguas de alcantarillado, industriales, de curtiembres y de mataderos clandestinos, así como basura.
En Viacha, una señora que prefirió mantener en reserva su nombre y que pastea su ganado a orillas del río Pallina, cuyas aguas pasan muy cerca de la fábrica de cemento de esta ciudad, hace una denuncia. “La fábrica afecta al río, en la noche bota más polvo de lo que produce. Bota químicos, afecta a las personas y a los animales. Hay un tubo por donde sale agua sucia. Este río es el más sucio”. Cuenta que sus vacas toman esas aguas sucias. “Yo vivo años (aquí), este río era bien limpio, peces y de todo había, ahora nada. Hace 15 años se ha vuelto así con aguas sucias, yo estaba chiquita y esta agua era como para tomar. Ahora nada, todo es sucio”.
El alcalde de Viacha, Delfín Mamani, explica que una vez conocido el informe de auditoría se iniciaron las acciones para evitar la contaminación de la cuenca del río Katari y por ende de la bahía de Cohana. Sin embargo, reconoce que hay deficiencia en el sistema de alcantarillado que es rebasado y que recién se implementarán controles para evitar las descargas de efluentes.
“Trabajamos con tres cámaras sépticas, pero que permanentemente son colapsadas por la cantidad de residuos que se generan”, explica la autoridad edil.La Alcaldía de El Alto, tras recibir las recomendaciones realizadas por la Contraloría, elaboró un cronograma de acciones a implementarse a partir de esta gestión, como la adecuación de todas las unidades industriales en el área de influencia de los ríos Seco y Seke, para evitar que se continúen arrojando estos residuos a los ríos que llegan hasta el lago, indica Ana Cachi, de Gestión y Control Ambiental.
La cuarta acción evaluada por la CGE está referida a la falta de eficacia de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS). Esta entidad, según el informe, no realiza un control eficiente de las descargas industriales que son vertidas a la red de alcantarillado y no existe un tratamiento adecuado de estas aguas en la Planta de Puchuckollo.
El ingeniero Diego Contreras, jefe de la Planta de Puchuckollo, dependiente de EPSAS, explica que actualmente estas instalaciones realizan el control de las aguas de alcantarillado producidas por la ciudad de El Alto y que luego del tratamiento son arrojadas al río Seco, pero con una calidad apta para el riego, aunque aclara que existen industrias y mataderos clandestinos que originan la contaminación de los ríos.
“Estamos bajando de valores muy contaminados a valores aceptables para poder evacuar a cuerpos receptores clase C (aguas descontaminadas); entonces si el agua de río se está contaminando debido a muchos componentes, no es porque la planta está contaminando el río Seco, sino existen otros efluentes que tienen una contaminación mucho más alta que sí contaminan”.
EPSAS, la Gobernación de La Paz, la Alcaldía de El Alto y la Autoridad de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) realizan controles a los desechos líquidos industriales en la urbe alteña. “Se han puesto de acuerdo (estas) cuatro instituciones para hacer el control a esas descargas industriales, sobre todo a las curtiembres que están generando los mayores contaminantes”, explica el funcionario.
CURTIEMBRES Datos de EPSAS señalan que en la gestión 2014 se monitorearon en El Alto a 35 industrias; del total, cuatro eran curtiembres y un matadero los que arrojaban sus aguas a la red de alcantarillado. En el primer semestre de 2015 se monitorearon otras 25 industrias; de ellas, dos son curtiembres. Todas estas industrias generalmente infringen las normas establecidas.