Lazarte propone reforma del “experimento” constitucional boliviano

LAZARTEEl cientista político Jorge Lazarte R. acaba de publicar con la editorial Plural el libro titulado Reforma del “experimento” constitucional boliviano, donde propone una reingeniería de la CPE. A continuación transcribimos la presentación del libro, escrita por el autor:La Constitución Política actual tiene ya seis años de vida desde que entró en vigencia en enero del 2009, tiempo muy corto con respecto a lo que se supone debe durar una constitución, de acuerdo el promedio comparativo existente, pero ya suficiente en el caso boliviano como para detectar de manera manifiesta las falencias y lo que no funciona en el texto constitucional. Estas constataciones están impulsando cada vez más la idea de la necesidad de proceder a reformar el texto constitucional.La reforma constitucional en Bolivia tiene su propia historia desde la primera constitución de 1826 y la primera reforma por una Asamblea General Constituyente (1831). El último ciclo se produjo con la instalación de la democracia en 1982 como parte de un proceso generalizado de democratización en el continente. Como se recordará, desde fines de los años ochenta se vivió en América Latina una cadena de reformas políticas y constitucionales para ponerse a tono con las exigencias de los nuevos tiempos posautoritarios. La mayor parte de estos cambios fueron de ajustes significativos en varios dominios del régimen político, mecanismos de representación y control, y ampliación del sistema de derechos, juntamente con la incorporación generalizada de la figura del Estado de derecho. Había emergido el “nuevo” constitucionalismo iberoamericano, más reformista que revolucionario.Sin embargo, estos cambios perdieron una parte de sus alcances porque simultáneamente fueron acompañados de políticas económicas y sociales, que afectaron el bienestar de la mayor parte de la población, que provocaron crisis sociales de amplitud, particularmente en algunos países en los que estalló crisis políticas profundas abriendo las puertas para cambios de cierta magnitud, que otros constitucionalistas y “activistas” denominaron también “nuevo” constitucionalismo latinoamericanoBolivia fue parte de esos dos procesos: reformó significativamente su constitución en 1994 y el 2004 que la hizo una de las más avanzadas de América Latina. Estos avances fueron eclipsados por la formidable crisis política sobre todo en la primera mitad de los años 2000, que sacudió los cimientos de la sociedad y de sus instituciones, resultante de movilizaciones de protesta contra los efectos sociales de las políticas de ajuste, y de un descontento acumulado contra el sistema representativo y de partidos. El sacudimiento fue traducido como la necesidad de “refundar” el país, tarea que le fue confiada a la Asamblea Constituyente (2006- 2007), que redactó una constitución considerada “inédita” por la matriz axiológica que inspira el modelo de Estado. Este modelo de Estado fue una respuesta a las grandes fracturas históricas del país no resueltas desde la fundación de la República.En condiciones de un país en convulsión, el proyecto de Constitución Política fue modificado significativamente por el Congreso Nacional el mes de octubre de 2008, que asumió las facultades de la Asamblea Constituyente aún en funciones pero paralizada. El mes de enero del 2009 un referéndum aprobó el nuevo texto constitucional, contra la oposición de cerca del 40%, principalmente asentada en el oriente del país. Se supuso por parte de los impulsores que esta constitución nacía para quedarse. Sin embargo, ahora esas convicciones están sembradas de dudas.Es decir, lo que pudo aparentar como un exceso crítico presuntamente nutrido en incomprensiones o prejuicios acerca del carácter “experimental” de la nueva Constitución Política ahora es más pertinente, una vez que su puesta en marcha ha ido revelando toda suerte de disfuncionalidades en las distintas materias constitucionales y de concepción. Una de ellas, muy grave y que ha producido una suerte de consenso nacional, es la constatación compartida por el gobierno, la oposición y la mayor parte de la opinión del país, sobre el “fracaso” de la “revolución jurídica”, y por tanto, de la urgencia de reexaminar una vez más el “problema” judicial en procura de encontrarle un remedio que sea congruente con la importancia capital del tema. Sin embargo, no es el único indicador de las fallas constitucionales, aunque sea el más comentado por haber estallado dejando ver sus profundas falencias.También se han producido inconsistencias en el régimen electoral o en el régimen de derechos o el de autonomías; o vicios en la redacción de artículos contradictorios; o finalmente, en realidad es el de mayor calado, puesto que no sólo son artículos sino premisas esenciales del “modelo” de Estado, que no se ajusta a parámetros internacionalmente considerados como democráticos. Respecto a varias de estas falencias el gobierno mismo ha intentado atenuarlas con leyes o disposiciones legales posteriores, que modifican en los hechos la Constitución en campos como el de las autonomías, el control social, o intentado mediante declaraciones públicas atribuir significados inexistentes sobre el carácter del Estado. De cualquier manera es nuestra convicción que la suma de las inconsistencias, lagunas y antinomias, hacerla tan vulnerable que sólo sea posible cumplirla, por así decirlo, violándola, y por este camino convertirse en fuente de inestabilidad política, lo que sí sería inédito por ser contradictorio con los fines inherentes de una Constitución.Todo ello hace cada vez más necesario proceder a reabrir la Constitución para dar lugar a una nueva “ingeniería constitucional” en la medida en que, como sostiene un eminente especialista, los “buenos gobiernos” requieren de “buenos instrumentos de gobierno”, es decir de instituciones adecuadas, lo que quiere decir en nuestro caso revisar el diseño de la Constitución actual. Nuestro propósito es ordenar con cierto detalle las falencias de primer orden y proponer nuevas claves sustitutivas, que además de corregirlas sean aptas para ser el núcleo de valores y principios compartidos por la población boliviana por encima de sus diversidades, y por largo tiempo.