Ofrecen certificados ilegales de lenguas nativas desde Bs 26

Denuncia. Descolonización presentará las demandas ante el Ministerio Público de Bolivia.



Capacitación. Un total de 2.520 funcionarios recibieron el domingo el certificado de habla aymara. Capacitación. Un total de 2.520 funcionarios recibieron el domingo el certificado de habla aymara. Luis Salazar.

La Razón / La Paz, Oruro 

El manejo de un idioma nativo es un requisito para la permanencia laboral de funcionarios, razón por la que algunos optan por comprar la certificación de supuestos institutos, que ofrecen ilegalmente el documento entre Bs 26 y 290. En Descolonización advirtieron procesos a infractores.

La Razón accedió a testimonios de servidores públicos que confirmaron la existencia de esta oferta en oficinas públicas de La Paz. El personal nuevo, por temor al despido en su situación, es el que más se anima a adquirir estos certificados. Una trabajadora de una instancia que depende del Ejecutivo contó que adquirió el documento en Bs 26, al igual que la mayoría de su oficina.

En las puertas del Viceministerio de Descolonización, en la calle Potosí, de la ciudad de La Paz, apareció el lunes un cartel en el que se ofertaba a los funcionarios la enseñanza de la lengua aymara en un mes con el certificado del Gobierno incluido, además del refrigerio, todo por Bs 200.

Fuentes del viceministerio informaron que las autoridades retiraron inmediatamente el aviso y que actualmente se investiga la ubicación del supuesto instituto. Un funcionario aseguró que el centro captó interesados.

El gobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez, denunció el viernes que algunos de los servidores de esas oficinas adquirieron el documento a Bs 290. “Aún prefiero no hablar de eso, pero estamos indagando entre funcionarios, así como en las instituciones que realizan esta oferta ilegal”.

“No se trata de presentar certificados, quiero pedirles (a los servidores) que no compren porque la idea es saber por lo menos lo básico para entender a la gente que habla quechua o aymara y no castellano”, declaró escuetamente ayer el Gobernador.

Validez. El 2 de agosto de 2012 se promulgó la Ley de Derechos y Políticas Lingüísticas (269), que obliga a los servidores públicos a hablar al menos uno de los 36 idiomas nativos de Bolivia. El plazo fue de tres años y feneció el domingo, día en que el Gobierno entregó los certificados que avalan el manejo de la lengua aymara, en nivel inicial, a 2.520 funcionarios.

El jefe de la unidad de Antropología de Descolonización, Cancio Mamani, anunció que el reglamento de la Ley 269 establecerá las sanciones para quienes traten de vulnerar la norma presentando documentos falsos.

“Por ahora, lo que se hará es presentar las denuncias ante el Ministerio Público para que sea la Justicia la que determine las sanciones, según el caso. Puede ser administrativa o penal, en el caso de que el certificado sea plagiado”, advirtió Mamani.

Félix Cárdenas, viceministro de Descolonización, dependiente del Ministerio de Culturas, aclaró que las certificaciones de institutos que no estén acreditados por el Gobierno son inválidas.

“Los servidores públicos no pueden estar en cualquier instituto o universidad que enseñe alguno de los idiomas nativos. Si no saben sobre la cosmovisión no van a aportar al Estado. Es requisito que los certificados tengan el sello de las entidades acreditadas y el holograma de seguridad”, señaló.

Actividad de aprendizaje

Apthapi

En el Viceministerio de Descolonización se estableció un día a la semana para realizar apthapis, en los que los servidores públicos solo hablan en aymara y los que no saben aprovechan para aprender.

Solo tres instituciones pueden dar certificación

La Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP), el Viceministerio de Descolonización y el Ministerio de Educación, a través del Instituto Plurinacional de Estudio de Lenguas y Culturas (IPELC) son las únicas instituciones autorizadas para la entrega de los certificados de lengua nativa, después de la capacitación.

“Solo las tres instituciones están autorizadas para otorgar el certificado correspondiente, pero como nosotros no podemos atender a los 350.000 servidores públicos del país, los institutos públicos y privados pueden acreditarse después de cumplir los requisitos”, dijo Cancio Mamani, jefe de Antropología y Promoción del Viceministerio Descolonización.

Explicó que al ser un tema delicado y para evitar que los interesados sean engañados, el IPELC es el responsable de la acreditación, a nivel nacional, de los institutos interesados. Pero en las regiones se puede recurrir también a los Institutos de Lengua y Cultura de cada nación originaria. Actualmente existen 16 institutos, que son dependientes del IPELC. “Los institutos podrán acreditar a otros privados, pero los certificados serán entregados solo por las tres instancias mencionadas. No existen otras”, aclaró.