Juan Carlos UrendaPareciera que llegó el momento del desencanto. Tenía que llegar. Parece que lo que ha colmado la medida es la pretensión de perpetuarse en el poder como si Bolivia fuera su chaco. No había sido verdad que había espíritu democrático, vocación autonómica, moralidad indígena, ‘meritocracia’ y aquello de “gobernar escuchando al pueblo”.Además, ya se sabe –y bien– que los méritos de la renta petrolera los hicieron otros y que, ante su estrepitosa caída de precios, los esfuerzos que hoy se hacen para atraer inversiones no están rindiendo frutos por la desconfianza bien ganada después de tanto estropeo a la ley y a los inversores privados. Llegó el momento de no tragarse a ciegas las propuestas gubernamentales. Pareciera haberse esfumado la ilusión. Las decisiones gubernamentales parecen haber entrado en una profunda sospecha generalizada. Ahora la gente va a analizar si las propuestas del Gobierno son verdad o mentira. El vaso tenía algún día que rebalsar y rebalsó con los estatutos de los departamentos del occidente del país, donde el pueblo parece haberse acobardado de ser tratado como si fuera un sindicato.Es el despertar de una población que le dio un abrumador No al engaño que pretendió hacerles creer que estatutos centralistas viabilizarían la autonomía, y ha dado así una gran lección a los que se tragaron la mentira de que es mejor tener cualquier estatuto a no tenerlo. Le ha dado una lección a Santa Cruz, cuya Asamblea Legislativa ha aprobado un texto que nadie conoce, utilizando para ello un referéndum que aprobó otro texto, uno que contenía autonomía de verdad, y no el remedo de estatuto que nace de una Constitución centralista. No se puede engañar a la gente mucho tiempo.Los estatutos, del departamento que sean, con las competencias centralistas de la Constitución, son absolutamente inocuos. Solo han servido a la estrategia gubernamental de postergar el proceso autonómico a través de anteponer cualquier medida autonómica a la aprobación de ellos, como es el caso del pacto fiscal. Son absolutamente innecesarios para la aplicación de las competencias exclusivas de la Constitución, ya que la Ley Marco de Autonomías ordena a los gobiernos departamentales el ejercicio de las 36 competencias exclusivas que les otorga el art. 300 de la Constitución. Lo que quiere decir que no se necesita estatuto para ejercer estas competencias. Un ejemplo clarísimo de ello es que la Gobernación de Santa Cruz ha ejercido la competencia de los hospitales de tercer nivel sin haber tenido estatuto.Lo cierto es que mientras el MAS esté en el Gobierno y las competencias autonómicas sean las de la actual Constitución, las chances de la autonomía son muy escasas. Así nomás había sido.El Deber – Santa Cruz