Lo público y lo privado en el Estado

RENZORenzo AbruzzeseEl escándalo que envuelve al Gobierno de Evo Morales, a propósito de una relación amorosa con una señorita que terminó en las altas esferas de una multimillonaria empresa china, puso en el escenario público la duda sobre la legitimidad de esa meteórica ascensión profesional y la posibilidad de que este desarrollo profesional esté marcado por las influencias del propio presidente.En el drama se añadió un posible hijo de esa relación y todo un complejo meollo de derivaciones éticas cubrió la mayoría de los titulares de la prensa. La relación del presidente con la señorita Zapata planteaba un dilema: ¿son realmente privados los actos privados del presidente? O, lo que es lo mismo, ¿qué es privado y qué es público en la vida del primer ciudadano de este país?Se arguye que la ciudadanía no tendría derecho a poner en el tapete una relación amorosa del presidente, y menos la existencia de un hijo producto de esa relación afectiva desde que se trata de un aspecto personal, íntimo y absolutamente ‘privado’. Empero, cuando una relación ‘privada’ es capaz de afectar algún nivel del Estado se transforma en un hecho de interés público, en tanto las consecuencias de esa acción recaen en la población, en nuestro caso, en cerca de 10 millones de ciudadanos.Lo mismo sucede cuando el presidente comparte con su almohada los cambios de gabinete o la estrategia que adoptará frente a tal o cual problema del Estado. El que lo comparta en sus más íntimos fueros internos alcanza el nivel de una decisión pública, porque de ella dependerá de alguna manera, para bien o para mal, el destino futuro, inmediato, mediato y de largo alcance de mis hijos, mis nietos y de la comunidad en su conjunto. Cualquier decisión personal y privativa del primer ciudadano de una nación que implique un efecto estatal es, por definición, un acto público.Lo sucedido entre Zapata y Morales merece todo nuestro respeto; finalmente, como para cualquiera de nosotros, ellos saben lo que hacen, excepto que si lo que hacen en un ámbito ‘privado’ conlleva derivaciones de orden estatal (como la otorgación de contratos millonarios, por ejemplo) deja de ser una acción privada y se constituye en un acto público sobre el que todos los juicios de valor del primer al último ciudadano son legítimos y valederos.El Deber – Santa Cruz