Gabriela Zapata en la audiencia cautelar en la que se ordenó su detención preventiva. Foto. Luis Salazar
El presidente Evo Morales recurrirá, a partir de hoy, a la Justicia para conocer lo ocurrido con el hijo que tuvo Gabriela Zapata, ya que concluyó el plazo otorgado para que se lo presente si está vivo, informó la ministra de Transparencia, Lenny Valdivia.
“Seguramente nuestro Presidente, ya en la vía personal, desde el día de hoy, va accionar a través de la vía judicial a efectos de también, como padre, saber qué es lo que ha pasado con ese niño en estos ocho años”, anunció la autoridad, quien el domingo otorgó un plazo de 24 horas para que sea presentado el menor si está vivo.
El 5 de febrero, Morales confirmó que tuvo una relación con Zapata de la que nació un niño que se le informó murió. El sábado, Pilar Guzmán, tía de la hoy encarcelada y exfuncionaria de CAMC, reveló que el menor vive sin dar mayores detalles, aunque explicó ese día que dará mayores datos en función a la decisión de su familiar.
“Al Presidente se le dijo que el niño nació, después el Presidente colaboró económicamente porque se le dijo que el niño estaba enfermo. Cuando insistió en ver al niño, es que se le dice ya había fallecido, ni siquiera se le comunica o se le dice acaba de fallecer, no; se le dice cuando él insiste en querer ver al niño”, relató Valdivia en una entrevista en la red PAT.
El nombre de Zapata y su relación con Morales salió a la luz pública a partir de la denuncia, el 3 de febrero, del periodista Carlos Valverde. Reveló que era funcionaria de la empresa china CAMC con contratos superiores a los $us 500 millones, por lo que consideró la existencia de un posible tráfico de influencias teniendo en cuenta la relación y que de ella nació un niño.
La hoy exfuncionaria de la firma china guarda detención preventiva en la cárcel acusada por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento de particulares con afectación al Estado y uso indebido de influencias en grado de complicidad. El vicepresidente Álvaro García afirmó ayer que la acusada usó bienes públicos de la Unidad de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia con fines privados.
