Defensor del Pueblo: una piedra en el zapato

ERIKAErika Brockmann QuirogaHace unos años alguien comentó que ya no se justificaría la existencia de la Defensoría del Pueblo, por la sencilla razón de que el pueblo ya estaba en el poder. Desde esa perspectiva, se presumía que los avances del proceso de cambio habrían eliminado todo riesgo de vulneración de los derechos individuales y colectivos por parte del Estado Plurinacional. Bajo estos criterios, impregnados de tufillo totalitario, no es casual que a lo largo de estos años se hubieran registrado frecuentes tensiones entre el Gobierno y la Defensoría.Pero, ¿cuál es la razón de ser de la Defensoría del Pueblo? A pocos días de la elección del nuevo defensor, conviene refrescar la memoria sobre esta figura institucional originada durante el siglo XVIII. Fue creada para prevenir, controlar y corregir situaciones de abuso de poder y violación de los derechos ciudadanos por parte de funcionarios públicos, bajo la premisa de que, por más eficiente que sea un servidor público, e independientemente de ideologías, nadie está libre de caer en prácticas negligentes, injustas y abusivas. En otras palabras, su presencia en el tejido institucional es comparable a esa piedra en el zapato que nos advierte de que algo no marcha bien y debe corregirse.Sus recomendaciones no tienen fuerza vinculante sobre las instancias que motivaron alguna queja. Al no ser un cargo político, no caben sospechas sobre su rol desestabilizador. Renegar por las molestas, pero inofensivas señales de una opinión defensorial implica no haber entendido la esencia ni el propósito de su creación. Estamos frente a una magistratura moral y personalizada por cuanto sus actuaciones se arropan de una legitimidad basada en la confianza y en los méritos probados de quien asume su titularidad. El proceso de su designación debe cumplir con el principio de publicidad y la ponderación transparente de la trayectoria de sus postulantes.Una tercera condición tiene que ver con el consenso que debe lograrse a tiempo de su designación. Aunque no faltan voces pesimistas que auguran la victoria de los dos tercios del rodillo oficialista, insisto en la importancia del consenso como requisito legitimador ineludible y en la necesidad de no desanimar la postulación de personalidades probas. Anticipar públicamente las oscuras maniobras oficialistas solo facilita el camino para la elección de alguien sumiso al Gobierno. Más allá de la aritmética simple, el próximo defensor debe legitimarse de principio, evitando así la elección de alguien no dispuesto a asumir la condición de piedra en el zapato de los gobernantes y poderosos del momento. La ciudadanía estará vigilante.El Deber – Santa Cruz