Editorial – El DeberHoy se cumplen siete años del violento operativo policial en el hotel Las Américas, luctuoso hecho caratulado como el ‘caso Rózsa’, un trillado suceso que no hubiese resistido una investigación seria. Allí murieron acribillados los ciudadanos extranjeros Eduardo Rózsa Flores, Árpád Magyarosi y Michael Dwyer, procedimiento que siguió a un atentado contra la casa del cardenal Terrazas. La ciudadanía, en particular la cruceña, quedó estremecida por esos perturbadores episodios que siguen sin aclararse, mientras que en los estrados se lleva adelante un juicio plagado de irregularidades contra un grupo de ciudadanos, vulnerando sus más elementales derechos.Pese al tiempo transcurrido, el Gobierno, sus operadores y voceros no han aportado pruebas convincentes para despejar las brumas formadas en torno de un proceso debilitado en extremo, peor aún, de una trama escabrosa sobre ‘terrorismo’, ‘magnicidio’ y ‘separatismo’ que se ha vuelto completamente insostenible. Son muchas las dudas que surgieron sobre la credibilidad de los argumentos utilizados por el Gobierno y la Fiscalía para encarcelar o procesar a más de una veintena de personas y para perseguir a otras que abandonaron el país, dudas que se tornaron certezas tras la fuga al exterior del principal acusador –el fiscal Marcelo Soza–, que hizo revelaciones respecto de la trama urdida para consumar el maquiavélico plan.A su vez, la opinión pública nacional considera, con un convencimiento cada vez mayor, que lo ocurrido aquella madrugada del 16 de abril de 2009 respondió a acciones utilizadas para hacer polvo la gesta autonomista abanderada por Santa Cruz, para desatar una cacería implacable contra opositores políticos y para debilitar a la institucionalidad cruceña.Siete años más tarde, no han llegado a ninguna parte las ‘investigaciones’ que el régimen encomendó precisamente a Soza, el oscuro fiscal que, además, capitaneaba una red de extorsión cuyos integrantes fueron enjuiciados y encarcelados, aunque luego liberados, mientras que él huyó del país y se refugió en Brasil sin rendir cuentas de sus actos delincuenciales.Igualmente, siete años más tarde, el embuste persiste con activa participación de jueces y fiscales incapaces de enderezar lo que está torcido. De comprometerse únicamente con la búsqueda de la verdad de los hechos y de administrar justicia con absoluta independencia.Por más tiempo, ya no puede seguir siendo utilizada la falacia contra Santa Cruz y su gente.El Deber – Santa Cruz