Maggy TalaveraUna frase dicha hace unos días por Carlos Hugo Molina, a propósito del requisito de hablar idioma nativo impuesto a los candidatos a defensor del pueblo, me cayó como anillo al dedo para tocar un tema que hace tiempo me quita no solamente horas de sueño, sino también las ganas de ir por ahí soltando carcajadas. “Superemos esta hipocresía institucionalizada en un Estado que se dice plurinacional y no tiene procedimientos escritos ni ejercicio administrativo en otra lengua que no sea el castellano”, escribió, no sin reconocer antes el uso de una segunda lengua como valor y mérito, y no como requisito discriminatorio.Lo dicho por Carlos Hugo es algo que se viene comentando desde hace tiempo, pero sin la fuerza y claridad necesarias. Creo que se debe, principalmente, a la ausencia cada vez mayor de convicciones firmes y de coraje en una sociedad que se queja mucho, pero hace poco, lo que termina confabulando a favor de los hipócritas. Algunos de estos defienden, con la Constitución Política del Estado en la mano, la rigidez de ese requisito en la elección del defensor, aun sabiendo que ellos mismos jamás hubieran llegado a ser presidentes, vicepresidentes, parlamentarios y más, si acaso se les hubiera aplicado la exigencia del idioma nativo.La hipocresía vista en el manejo de la elección del defensor no solo consolida una injusta y discriminadora modalidad que va en detrimento de esa autoridad, sino que además es una poderosa incentivadora de malas prácticas en el ejercicio de una función pública o de ciudadanía. El ejemplo más claro está en los ridículos certificados de estudios que avalan un mentiroso dominio de la lengua nativa; una farsa que repite el modelito perverso del falso médico, abogado o matemático. Pura apariencia, hipocresía institucionalizada.Pero no solo se ha institucionalizado la hipocresía, con el consentimiento de los cabecitas agachadas y espaldas marcadas por las palmaditas de los hipócritas agradecidos. También el cinismo está institucionalizado, en un grado extremo que da arcadas e indigna. El caso Evo-Zapata-Quintana, a escala nacional, y los casos del dron, ITC y tala en predio privado, a escala local, arrojan ejemplos por montones de funcionarios que mienten y defienden de manera “descarada, impúdica y deshonesta” actos y contratos que merecen total rechazo y desaprobación.Ojalá haya llegado la hora de ponernos de pie, de recuperar nuestra dignidad como seres humanos, de llenarnos de coraje para insistir en la tecla tocada ya por algunos y que no es otra que la de superar la hipocresía y el cinismo institucionalizados. Nos merecemos un país mejorFuente: eldeber.com.bo