El Defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, aseguró este domingo que la eliminación de la explotación infantil aún es un tema pendiente en Bolivia, aunque consideró que existen avances normativos significativos para proteger a ese sector.
«La eliminación de la explotación infantil aún es un tema pendiente a ser superado en el país; no obstante, existen avances normativos que se han dado para proteger a niñas, niños y adolescentes trabajadores, ésta, es una realidad en la que se debe trabajar de manera urgente», manifestó según un boletín de prensa.
Tezanos Pinto realizó la declaración en conmemoración al Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que se recuerda cada 12 de junio.
El Defensor del Pueblo dijo que dicha fecha es propicia para que autoridades y la población en su conjunto hagan una reflexión sobre la situación de miles de niños que por razones económicas están obligados a trabajar exponiéndose a situaciones peligrosas y ser víctimas de explotación laboral, afectando su integridad física, psicológica y moral.
Recordó que la Ley 548 del Código Niña, Niño y Adolescente garantiza y protege el ejercicio o desempeño laboral de adolescentes mayores de 14 años y menores de esa edad que tengan autorización para trabajar.
Asimismo, dijo que la norma prohíbe las actividades laborales y trabajos que por su naturaleza y condición sean peligrosos, insalubres o atentatorios a su dignidad y aquellos que pongan en riesgo su permanencia en el sistema educativo.
Sin embargo, señaló que aún persiste la presencia de ese sector poblacional en actividades de la caña de azúcar, castaña y en la minería, las que son consideradas como peores formas de explotación laboral y que no existen cifras oficiales sobre la cantidad de menores que se dedican a esas actividades.
Según un estudio realizado por la Defensoría del Pueblo en 2014, se identificó la presencia de 145 niños y adolescentes que se dedicaban al trabajo en interior y exterior mina en el Cerro Rico de Potosí.
«Esta realidad nos lleva a tomar conciencia, como sociedad y como Estado, sobre el grave problema de la explotación infantil y realizar acciones preventivas; instaurar mecanismos efectivos y ejecutivos de cumplimiento y control de la implementación de la Ley 548 sobre la reducción de la jornada de trabajo de niñas, niños y adolescentes, con la consecuente imposición de sanciones en caso de incumplimiento por parte del empleador», indicó Tezanos Pinto.
El Defensor planteó también la urgencia de que gobiernos departamentales y municipales trabajen en la elaboración de programas destinados a la reducción de la pobreza de manera que se contribuya a bajar los índices de explotación infantil en el país.
Asimismo, dijo que se debe focalizar el trabajo de las Defensorías Municipales de la Niñez y Adolescencia en programas educativos sobre prevención contra la explotación laboral. (12-06-16)