Iván Arias Durán
La huelga de hambre del Gobernador de La Paz, reclamando más recursos para el departamento, ha puesto otra vez en cuestión el manejo y asignación de los recursos nacionales. Después de años de bonanza y despilfarro (2006-2015) el Gobierno central, que se queda con el 85% de la torta, pide a los gobiernos autónomos apretarse los cinturones, mientras los jerarcas nacionales siguen gastando a manos llenas en proyectos que nunca consensuan con departamentos ni municipios. El poder central ningunea a las autonomías porque sabe del elevado nivel de dependencia que éstas tienen de las transferencias.
La Fundación Milenio, en su coloquio No. 27, establece con claridad que el año 2001 las transferencias de la renta petrolera a los gobiernos municipales y departamentales de todo el país era de 96.0 dólares per cápita. El año 2012 estas transferencias subieron a 1.228 dólares. En cuanto a la coparticipación y los recursos HIPC, las trasferencias per cápita el 2001 eran de 193,7 dólares; para el año 2012 subieron a 718,9.
Viendo algunos casos, sobre las transferencias (municipios y departamento) de la renta petrolera, La Paz, el 2001, recibía 27,2 dólares por habitante, pasando el 2012 a 453,2. Tarija, el 2001, recibía 308,9 dólares por habitante, y el 2012 llegó a 7.273,3 dólares. Pando recibía, el 2001, per cápita 552,3 dólares y el año 2012 subió a 1.0473,5. Este año, 2016, y por los próximos años que se vienen, debido a la caída de los precios de materias primas, las bajas por transferencias están bajando a niveles cercanos a los del 2001.
Las elevadas transferencias de la renta petrolera generaron que el Estado en su conjunto desarrolle una pereza fiscal que, ahora, en tiempos de vacas flacas, lo está ahogando. La estructura de los ingresos propios por nivel de gobierno en vez de crecer se ha constreñido. Para el caso de los municipios, “la participación de los impuestos cobrados por ellos ha caído del 58% del total de los ingresos en 1990 a sólo el 12% en 2012; mientras que las transferencias corrientes han pasado de representar el 30,4%, en 1990, a algo más del 68,7% en 2012. Los gobiernos departamentales son más dependientes de las transferencias porque, en total, más del 81% de los ingresos de las gobernaciones provienen de transferencias del Gobierno central” (Milenio, 2013).
En este contexto, urge un pacto fiscal pero que no se centre en la apropiación de la renta proveniente de la explotación de los recursos naturales. El pacto fiscal (CEPAL, 2010) forma parte de un acuerdo político de los distintos sectores para definir la visión de país. Es decir, ponernos de acuerdo hacia dónde queremos ir como nación. Esta visión consensuada es la que define las políticas públicas que deben ejecutar todos los niveles del Estado.
Tenemos que ser conscientes de que cualquier tipo de pacto fiscal implica acercar intereses. El pacto fiscal tiene una fuerte dosis de concertación política y económica. A pesar de que el Estado se ha apropiado de la economía, en base a un discurso ofensivo contra lo empresarial, la percepción de la ciudadanía se caracteriza por un alto nivel de desconfianza en el Estado. El estado de las empresas estatales es la muestra de que el Estado no es un buen gestor.
Después de definir la visión de país, el ajuste fiscal es otro elemento de todo nuevo pacto fiscal. El segundo elemento es elevar la productividad del gasto público como un imperativo que no puede estar ausente de un pacto que sea satisfactorio para la sociedad. En estrecha relación con los puntos anteriores, el éxito de todo ajuste macroeconómico está condicionado por la capacidad para hacer un seguimiento detallado de los ingresos y gastos que lo determinan.
El tercer elemento que ayuda a consolidar un nuevo pacto fiscal es la preocupación explícita y definición de mecanismos claros orientados a dotar de la máxima transparencia a la acción fiscal. El cuarto elemento que debe tomar en cuenta el pacto fiscal es la promoción de la equidad, pues sin ello el pacto fiscal resulta incompleto e insatisfactorio.
Por último, el pacto fiscal no sólo está sujeto a la institucionalidad democrática, sino que es en verdad un componente esencial del fortalecimiento de dicha institucionalidad. En resumen, en un pacto fiscal se debate y decide la visión de país, políticas, programas responsables de su ejecución, asignación de recursos para las responsabilidades, fortalecimiento de la institucionalidad democrática y mecanismos de seguimiento, y control.
