Carlos Valverde Bravo
El Gobierno decidió asumir la responsabilidad de poner al Estado antes que la política y determinó limitar el poder que, pagando deudas políticas, otorgó a las cooperativas mineras. Los excesos de ‘poder’ de los cooperativistas ya los conocía el país. La masacre en el cerro Posokoni era, hasta antes del asesinato del viceministro Rodolfo Illanes, el sello más notorio de “hasta dónde podían llegar”; entre estos hechos, en los extremos, varias otras acciones de violencia quedan en la memoria.
El Gobierno decidió, ley mediante, poner freno a las ‘licencias’ que los cooperativistas se dieron para “ir más allá” de lo que se les permitía cuando pusieron sus concesiones en manos de privados, pues se ha decidido revertir las concesiones correspondientes; eso se llama recuperar el protagonismo del Estado.
El Gobierno asume que lo hecho es inherente a sus responsabilidades; es de esperarse que así sea, porque se abre la posibilidad de dejar a muchos trabajadores sin ingresos, por lo que debemos entender que hay toda una planificación para dar trabajo a entre 60.000 y 80.000 trabajadores mineros de unos 120.000 que se sabe que existen. Mal momento, por otra parte, para asumir los costos administrativos de hacerse cargo de esas concesiones que se suman a los bien menguados fondos estatales; es de esperar que hayan hecho las cuentas.
Es un hecho que la minería, aun en las condiciones en que trabajan los cooperativistas, es de alguna manera rentable. Los trabajadores no representaban gasto al Estado y no lo ‘molestaban’ pidiendo trabajo. En el campo minero cooperativista, el que no se hacía rico, porque era ‘socio o cooperativista’, era al menos un asalariado con algunas ventajas económicas, aunque tenía limitados sus derechos sociales y laborales (sin derecho a sindicalizarse ni a jubilaciones y otros beneficios; era casi un trabajador a destajo), de manera que si se decide cerrar estas actividades o asumirlas como responsabilidad de Gobierno, va a significar un dinero grande que el Estado no tiene. Es un hecho que cada vez hay menos dinero.
No sé si el optimismo del dirigente de Huanuni, Eddy Calle, que dijo: “La reversión va a generar más ingresos para el Estado”, es tan así. Probablemente haya mineral, pero por las condiciones en que allí se trabaja se necesita mucha gente, que, de ser contratada por el Estado, implica sueldos, bonos, seguro social, doble aguinaldo, etc., de modo que hasta que la mina sea rentable, habrá gasto, salvo que se piense “descontar a los mineros asalariados” para mantener su fuente de ingreso, cosa que ya se hace.
