Josué Hinojosa
Alcaldes y parlamentarios del Movimiento Al Socialismo (MAS), junto a dirigentes de movimientos sociales, liderados por el viceministro de Autonomías, Emilio Rodas, se reunieron ayer en la Central Obrera Departamental (COD) de Santa Cruz para socializar una propuesta sobre el pacto fiscal, pues consideran que la presentada por el Gobernador cruceño, Rubén Costas, no es inclusiva y obedece a los requerimientos de él y de sus seguidores.
Rodas señaló que la nueva propuesta que se presentará al Concejo Nacional de Autonomías (CNA) no debe limitarse solamente a la petición de recursos, sino que debe incluir el origen de estos recursos. No obstante, señaló que todavía “es pronto” para hablar de distribución, ya que antes se debe construir el proceso de socialización, la priorización de la agenda y discutir la normativa de la gestión pública.
Por su parte, el diputado del MAS, Edgar Montaño, aseguró que la oposición “ni siquiera” ha estudiado su propia propuesta, ya que la distribución 50 para el Gobierno y 50 por ciento para la gobernación significa la restricción de algunos proyectos para Santa Cruz, como por ejemplo carreteras, el aeropuerto internacional de San Ignacio de Velasco y el contrato del Proyecto Hidroeléctrico Rositas.
“La propuesta de la Gobernación no ha sido socializada, no han convocado a todos los actores sociales, simplemente han llevado a un grupo de aficionados y partidarios de ellos que ni siquiera han opinado ni propuesto nada porque estaba todo ya cocinado y manipulado; eso no es una propuesta”, agregó el diputado oficialista.
Asimismo, el asambleísta, también del MAS, Benigno Vargas, indicó que la Gobernación cruceña, antes de estar buscando más recursos, debería “ponerse al día” con sus deudas pendientes con los gobiernos municipales por regalías. “Son deudas que tienen que ver con el desembolso para el tema de desayuno escolar, riego. Son recursos que tienen que ir para proyectos productivos”, dijo Vargas.
Además, recordó que este gobierno departamental recibió, en los últimos 10 años, 25.000 millones de bolivianos y que debería brindar un informe detallado de los gastos realizados y el grado de avance del departamento “sin adueñarse de lo que había”.
En respuesta a ello, el asambleísta de Unidad Demócrata (UD), Luis Felipe Dorado, dijo que la Gobernación cruceña brinda un informe anual sobre el uso de los recursos asignados y que, sin embargo, el que no informa es el presidente del Estado, Evo Morales, quien manejó más de 200.000 millones de dólares en la última década, lo que equivale a un presupuesto mayor al que tuvieron todos los gobiernos de la época neoliberal.
Respecto a la propuesta paralela que gestionan las autoridades oficialistas, Dorado dijo que es una reacción tardía que simplemente busca desvirtuar la propuesta presentada por Costas. Además, aseguró que la distribución al 50 por ciento beneficia a todo el país y no solamente a Santa Cruz.
Por otro lado, Dorado descartó la posibilidad de que se restrinjan obras estatales para Santa Cruz, puesto que el 50 por ciento de la coparticipación tributaria equivale solamente al 4,8 por ciento del Presupuesto General del Estado (PGE), por lo que el Gobierno se quedará con la administración del 95,2 por ciento.
“No existe una definición común”
No existe una definición común y por lo tanto tampoco una metodología uniforme para arribar al pacto fiscal, pues este proceso está muy relacionado al contexto económico, social y político del país que decide emprenderlo; sin embargo, no queda duda que es un proceso multidimensional y dinámico que contiene muchos elementos determinantes y que no son mutuamente excluyentes, explica el ministro de Autonomías, Hugo Siles.
“El pacto fiscal no es un fin en sí mismo, es un medio que está integrado con temas que son estructurales, por ejemplo compatibilización de agendas. Por primera vez en la historia de Bolivia (tenemos) el sistema de planificación integral del Estado, que establece la obligación de presentar los planes de las entidades territoriales autónomas, para qué queremos los recursos, para qué estamos destinando, el uso público de los próximos años, cuáles son nuestras prioridades como Estado y también como gobiernos subnacionales”, sostiene Siles.
Entonces, añade, el pacto fiscal es el proceso de concertación e implementación de acuerdos entre el nivel central y las entidades territoriales autónomas con participación social de ciudadanos para el buen uso de los recursos públicos.
Afirma que el pacto fiscal va más allá de repartir los recursos económicos y lograr un buen porcentaje para una u otra región, sino que deber ser entendido como el espacio para construir nuevas opciones de mejorar o incrementar los recursos económicos con nuevas e innovadoras propuestas, sin esperar que los ingresos de las regiones se circunscriban a las transferencias del nivel central hacia los gobiernos subnacionales.
No todos piensan y actúan de manera simétrica, esto debido a que las coyunturas y realidades en cada espacio geográfico son diferentes y el reto radica en encontrar una respuesta a cada problemática en función a la idiosincrasia propia de cada espacio territorial, dice Siles.
Por lo tanto, señala que es un acuerdo, un proceso, en el que se consideran etapas consecutivas donde se acordarán diversos temas que requieren un tratamiento individual.
“El análisis de cada una de las etapas y al ir cerrándolas, nos permitirá fortalecer estos elementos y para eso cada etapa tiene un sentido lógico, cuando lleguemos a la quinta etapa y analicemos la fuente de los recursos, ahí revisaremos (luego de haber transitado por cuatro etapas) todo el contenido de la gestión pública subnacional, que apueste al financiamiento de las competencias del desarrollo subnacional”, explicó.
Fuente: lostiempos.com
