AI acusa a Centroamérica de «alimentar crisis de refugiados»

La ONU clasificó al El Salvador como uno de los países más peligrosos fuera de zona de guerra, con más de 108 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2015. En Honduras, el índice fue de 63 y en Guatemala, de 34.

Un grafiti de los las

Un grafiti de los las ‘maras’ (bandas) en El Salvador.



Amnistía Internacional (AI) acusó hoy (14.010.2016) a los Gobiernos de Centroamérica de «alimentar una crisis de refugiados cada vez más intensa», al «dar la espalda a cientos de miles» de personas que huyen de la violencia en la región. En un comunicado de prensa difundido en Nicaragua, la organización humanitaria señaló que las autoridades del istmo no han atendido la violencia desenfrenada y los altísimos índices de homicidio de El Salvador, Guatemala y Honduras, «que están obligando a cientos de miles de personas a huir».

En el informe «¿Hogar Dulce Hogar?: El papel de Honduras, Guatemala y El Salvador en la creciente crisis de refugiados», la organización no gubernamental aseveró que «los altísimos niveles de violencia han provocado que cada vez más personas huyan hacia el norte para salvar la vida». Pese a esa situación, la impunidad en el Triángulo Norte de Centroamérica –conformado por Honduras, El Salvador y Guatemala– sigue «siendo la norma para la mayoría de los delitos y el acceso a la Justicia es un mero deseo», enfatizó.

 Obligación de proteger

Los ciudadanos de Guatemala, El Salvador y Honduras «luchan una batalla diaria por sobrevivir en medio de la omnipresente violencia, y a menudo su única opción es huir de sus países», según el informe. Los tres Gobiernos están «incumpliendo casi sistemáticamente su obligación de proteger a las personas bajo su jurisdicción cuando huyen a otros países a causa de la violencia y cuando son devueltas, como deportadas, a las mismas condiciones inseguras», dijo la organización.

Amnistía considera necesario que los tres Estados reconozcan «su responsabilidad en la crisis de protección de la región». Además cree que estos países deben «diseñar e implementar políticas públicas y marcos jurídicos para brindar protección a las personas deportadas, prestando especial atención a los grupos vulnerables, como los niños, niñas y adolescentes, los pueblos indígenas, las mujeres y las personas LGBTI», precisó.

FEW (dpa, EFE)
 

Fuente: www.dw.com