EEUU observa los casos Zapata, Doria Medina y Leopoldo Fernández

Respecto al empresario boliviano Samuel Doria Medina, líder de la opositora Unidad Nacional, indica que se trata de ‘persecución política’.

EEUU observa los casos Zapata y Doria Medina

En el caso de la exgerente de CAMC cuestiona el procedimiento de su detención y sobre el líder de Unidad Nacional indica que se trata de ‘persecución política’.Archivo. Doria Medina en una audiencia cautelar por el caso FOCAS.Un informe sobre Derechos Humanos de Estados Unidos observa los procedimientos de detención en los procesos contra Gabriela Zapata, exgerente de CAMC,  y Leopoldo Fernández, exprefecto de Pando. El documento también subraya que el caso contra Samuel Doria Medina es «persecución política”.Al mencionar  que  ley prohíbe el arresto y detención arbitrarios, el informe anual sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos  hace alusión   al caso del exprefecto de Pando, Leopoldo Fernández, cuando se hace referencia a un caso en que las fuerzas de seguridad detuvieron  a un miembro de la oposición política en «circunstancias legalmente cuestionables”.En el caso de Zapata, el informe da  cuenta de que fue detenida  por funcionarios del Ministerio de Gobierno bajo circunstancias poco claras y que si bien el fiscal general, Ramiro Guerrero, confirmó que su detención seguía todos los procedimientos legales, informes creíbles indicaron que los funcionarios aprehendieron a Zapata sin una orden oficial o una orden judicial.El  de Doria Medina  es considerado  como el caso más sobresaliente  de «persecución política”.En el texto se describe que el Legislativo    creó una Comisión Especial de Investigación, a través de la cual acusó al político de malversación de fondos, la creación de contratos perjudiciales y el incumplimiento de deberes, cuando fue ministro de Planificación y Coordinación de 1991 a 1993.El informe también  indica que varios funcionarios gubernamentales, incluido el presidente Morales, declararon al líder de Unidad Nacional culpable de los cargos pese a  que los procedimientos legales aún no habían comenzado.Prensa y cárcelesEl documento  concluye que los problemas más graves de derechos humanos en Bolivia incluyeron severas restricciones a la libertad de prensa y asociación y el uso del poder judicial para limitar los medios de comunicación independientes y la oposición política.El texto también pone énfasis en que las cárceles y los centros de detención están sobrepoblados y carecen de fondos suficientes. Además,    revela  que los reclusos del país son  en gran parte responsables de pagar sus propios bienes y servicios en prisión.Puntos clavePersecución. El informe da cuenta de que el Gobierno procesó a varios miembros de partidos políticos de oposición con fines políticos. Y  subraya el caso de «persecución política” contra  Samuel Doria Medina.Un cártel.   El documento observa que los miembros del Gobierno etiquetaron públicamente a varios medios de comunicación independientes y a periodistas individuales como parte de un «cártel de mentiras”, en un intento de desacreditar sus informes periodísticos.Recursos.  El texto indica  que el Ejecutivo «utilizó sus fondos publicitarios para apoyar a los medios de comunicación amigables con el Gobierno” y negó recursos a los medios independientes.Acceso.  El informe dice que la Constitución establece el derecho a acceder, interpretar, analizar y comunicar la información. No obstante, se detecta que «ninguna ley aplica este derecho”.Página Siete  / La Paz