¿Narcoestado?…

Arturo Yáñez CortesDicen por ahí, que sí el rio suena es, porque piedras trae. Pienso en eso a propósito de la reciente sanción de la flamante Ley General de la Coca, sintomáticamente aprobada durante el carnaval (no sólo legislativo o gubernamental, sino casi general en el que estaba inmerso el país) y que por un acto de alquimia plurinacional, ha blanqueado (nunca mejor usado el término) el cultivo de la hoja de coca, hasta 22.000 hectáreas…ahora “legales”.Si bien el régimen nunca ha permitido la publicación de los varios estudios que se hicieron para establecer las reales necesidades de la coca para usos tradicionales (absolutamente legítimos, por cierto) e incluso ha tomado por tontos con sentencia ejecutoriada a los organismos internacionales que los financiaron, resulta imposible ocultar por un lado, que esas necesidades son infinitamente menores a la cantidad de hectáreas blanqueadas por la flamante norma y, por otro, que la coca cultivada en la republiqueta del jefazo, no es usada con aquellos fines, sino “misteriosamente” se desvía, hacia actividades nada sanctas (entiéndase pichicata).Por ello, durante la semana ha sonado y con mucha fuerza (y me temo razón) aquello del Narcoestado. Ese término (de narco: droga y estado: conjunto de instituciones) es un neologismo aplicado a aquellos países cuyas instituciones políticas se encuentran significativamente influenciadas por el narcotráfico. Se trata, entonces de un maridaje histórico entre narcotráfico y estado; la organización de negocios criminales alrededor del Estado y con la complacencia de sus funcionarios.Si bien, no existe un solo estado que no pueda substraerse del crimen, incluyendo el del narcotráfico y la violencia que genera; tratándose de un narcoestado esa vinculación no es coyuntural u ocasional (a causa de algunas ovejas negras, que siempre existen), sino se trata de un estado que asume determinadas políticas, precisamente de estado (legislación, por ejemplo) que suministran ex profeso una trama legal e institucional, en beneficio irrestricto de esos negocios criminales.No estoy en condiciones de afirmar que el pluri haya terminado degradado bajo esa categoría, pero recordando precisamente la frase con la que empecé este mi disfrute semanal, el río está sonando de manera estruendosa a partir de considerar varios de estos hechos, evidentes: la cantidad de coca requerida para usos tradicionales (pijcheo, mates, etc) no supera ni el 30% de la cifra recién aprobada por el legislativo; más del 90% de la droga cultivada en el Chapare se desvía hacia el mercado de la droga pues no se usa para fines lícitos; el presidente es el jefazo de los poderosos sindicatos de productores de coca, precisamente de ese lugar; varios de sus representantes son miembros del legislativo que acaban de levantar su mano sancionando la ley e incluso, varios altos cargos del ejecutivo, incluyendo los encargados de la represión del narco, provienen de aquellas filas. Finalmente, todo indica que en el curso de la semana que empieza, el presidente a su retorno de su paradisiaca recuperación en el Caribe, le meterá no más la promulgación de la Ley, pese a su también inocultable conflicto de intereses, que hasta tiene raigambre constitucional, pues la Constitución de La Calancha prevé una prohibición para el ejercicio de la función pública, cuando los intereses del “servidor público” colisionen con los de su entidad. ¿Demasiadas coincidencias, no les parece? Reagan decía a propósito de eso que: “El Gobierno es como el órgano digestivo de un bebé: mucho apetito en un extremo y ninguna responsabilidad en el otro”.