Observan controversia ética en la ley de coca de Bolivia

Según expertos en materia legal. Profesionales apuntan al rol del presidente Evo Morales como mandatario de la nación y del sector cocalero en el Chapare cochabambino.

Observan controversia ética en la ley de coca

Observan-controversia-etica-en-la-ley-de-coca-Controversia ética y de valores es lo que observan en la ley de la coca algunos analistas y expertos en materia legal. El primero porque quien firmará el documento para que entre en vigencia será el presidente del Estado, Evo Morales, mismo que preside las seis federaciones de cocaleros del Chapare. El segundo, porque los profesionales creen que se acrecentará la producción de la hoja sagrada que se desvía a fines ilícitos y ello conllevará a fomentar antivalores en la nueva generación de bolivianos.Antecedentes. La aprobación de 22.000 hectáreas para el cultivo legal de hoja de coca en la normativa es lo que ha generado las críticas. Del total, 14.300 están destinadas para el departamento de La Paz (en zonas aún por definir) y 7.700 para Cochabamba (también por definir). Cabe aclarar que en el último, la zona de mayor producción es el Chapare, cuyo 95% de la hoja se va al mercado ilícito, según el último informe presentado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos al Congreso de ese país. De ahí es que analistas presumen que el aumento de hectáreas para el cultivo “legal” de la hoja sagrada, solo fomentará aún más los fines ilícitos, como el narcotráfico. Tal es el caso, que el mismo informe norteamericano califica a Bolivia como el tercer productor mundial de cocaína.Versión. Para Alejandro Colanzi, experto en criminología, la aprobación de la ley de la coca es un espaldarazo al sector más combativo del partido de Gobierno, los cocaleros. “No hay que olvidar las derrotas del MAS en el 2015 (con los estatutos departamentales) y el 2016 (con el no a la reelección en el referéndum), lo que generó el reacomodo interno y luego el apoyo a su sector. Ahora bien, hay una situación particular. La generación de Evo tiene su cato asegurado, pero estos ya tienen hijos que exigen lo suyo. De ahí que en este gobierno se ha alcanzado la mayor producción de coca en la historia del país”. Colanzi considera que así como hay producción para fines lícitos (de uso tradicional y medicinal) también está lo que se desvía a lo ilícito y es justamente esta situación la que está creando una nueva cultura en la que predomina los antivalores a través de diferentes escenarios. “Hay generaciones de adictos, de nuevos ricos que distorsionan todo, que compran todo: al mal policía, al mal fiscal, al mal juez a cualquier mala autoridad porque no le ha costado y eso es una cultura de antivalores, que es lo que está destruyendo los valores democráticos. Por ejemplo, un relojero que se mata trabajando durante más de diez horas va a decir que no tiene sentido mi esfuerzo cuando un “pichico” (narcotraficante) llega de la nada y aparece con una full vagoneta. El antivalor se impone, entonces toda la institucionalidad democrática se debilita”. A decir de Saúl Paniagua, analista y docente en la UAGRM, el daño no es solo a la democracia, sino a todos los ámbitos de la nación incluyendo a su población.Controversia ética. Por otro lado, las observaciones de los expertos también apuntan a una contradicción ética del presidente Evo Morales, siendo juez y parte a la hora de promulgar la ley de la coca. El mandatario de la nación, también preside las seis federaciones de cocaleros del Chapare en Cochabamba, una de los dos departamentos favorecidos con la ampliación de hectáreas de cultivo de hoja de coca. Franklin Alcaraz, analista, indicó que el presidente debió renunciar al sector cocalero el día que asumió la presidencia del país, “pero no lo hizo”. Mientras que, Paniagua señaló que esta conducta antiética podría derivar en un juicio de responsabilidades en algún momento. “El presidente debería renunciar a la federación o a la presidencia del Estado, pero no puede ser las dos cosas. Esa situación es éticamente reprochable”, remarcó.Es un conjunto de acciones. Según el senador, Arturo Murillo, se pone en riesgo la democracia no solo con la nueva ley, sino con muchos otros actos y casos, que se hacen legales. “Todo eso lleva por un camino de la falta de respeto a la norma existente, a la legalidad y eso nos pone en peligro a todos los bolivianos. Estamos en un momento crítico, donde cualquiera quiere hacer lo que le da la gana y esto no es bueno. Hay un empoderamiento de un sector que no está rigiéndose por la norma y es peligroso para la democracia, para el país y lo será también para el mismo presidente porque en el momento que él no complazca a los grupos, puede tener graves problemas”.Desde el oficialismo. René Joaquino, senador del MAS, explicó que la coca es un recurso natural protegido por el Estado boliviano, su siembra es lícita y por tanto no está en discusión. Para el legislador no existe ninguna controversia ética porque la regulación de la coca está establecida desde la Constitución Política del Estado, en su artículo 384 y la ley que se prevé promulgar solo responde al mandato constitucional. “El Estado protege a la coca originaria y ancestral como patrimonio cultural, recurso natural renovable de la biodiversidad de Bolivia, y como factor de cohesión social; en su estado natural no es estupefaciente. La revalorización, producción, comercialización e industrialización se regirá mediante la ley”, reza el artículo mencionado. El senador aclaró que la nueva ley y su respectiva reglamentación no tienen nada que ver con el narcotráfico, para eso habrá otra ley. En esta se pretende regular la producción y distribución para fines lícitos. En otras palabras, se está dividiendo la actual Ley 1008.No hay un plan. Sin embargo, Colanzi le suma al análisis que no existe una lucha frontal contra el narcotráfico en el país. “No existe una política clara. Lo que se ve son reacciones a acciones concretas, pero el golpe real se hace contra el lavado de dinero. No se detiene a los peces gordos, no intervienen bancos, empresas que limpian el dinero mal habido, que por ahora se calcula entre 2.500 a 3.000 millones de dólares que circula en el país”, apuntó Colanzi, a tiempo de aclarar que no se pone en discusión el acullico ni los fines tradicionales en los que se emplea la coca, sino el excedente del que se conoce pero no se trabaja para erradicarlo.Otras observaciones. Alcaraz puntualizó sobre la intención de industrializar el excedente del consumo interno de la hoja de coca y su respectiva exportación. “Pese a que Bolivia observó el Convenio (Convención Única de Estupefacientes) de 1961, la salvaguardia que el país planteó no incluye la exportación de la hoja de coca y sus derivados a ningún país”. La versión del profesional se corrobora en el informe del Departamento de Estado, en el inciso que habla sobre las conclusiones donde se cita que “Bolivia continúa promoviendo el uso de la coca en otros países y discute potenciales oportunidades de exportación de productos de coca. Estas acciones siguen socavando los compromisos de Bolivia con sus obligaciones internacionales de fiscalización de drogas”.Desde Estados Unidos Califican de inadecuados los controles a la producciónEstudio. De acuerdo al informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la lucha antidroga, Bolivia falló demostrablemente con sus obligaciones para cumplir con los acuerdos internacionales contra el narcotráfico. El documento reza: “Esta determinación presidencial se basó, en parte, en la insuficiencia de los esfuerzos de la Policía Boliviana para interrumpir y desmantelar las organizaciones de narcotraficantes e inadecuados controles bolivianos para evitar el desvío del cultivo de coca «legal» a la producción ilícita de cocaína durante el año anterior. Según datos de 2015 del último informe de UNODC / Gobierno boliviano, más coca se vende en el mercado legal de Yungas que la que se cultiva en esa región, la mayor región de cultivo de coca en Bolivia. Casi toda la coca cultivada en la región del Chapare de Cochabamba (la segunda área más extensa para el cultivo de coca), se desvía del mercado legal”.Instituciones. Es más, en el mismo texto se indica que en el país existen varias instituciones destinadas al control de narcóticos e incluso se destaca la renovación de convenios con países vecinos; sin embargo, la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos continúa recomendando que Bolivia implemente un sistema para monitorear los narcóticos y los psicotrópicos utilizados en los centros de salud para asegurar que los medicamentos no sean desviados para usos ilegítimos.Situación Actual País vulnerable al lavado de dinero Segunda parte. El informe de Estados Unidos sobre Bolivia está divido en dos, la primera parte habla sobre los cultivos de hoja de coca y el narcotráfico; mientras que la segunda, sobre el lavado de dinero. En este último el documento revela que el país no es un centro financiero de la región, pero si es vulnerable a la actividad ilícita.El rol de Chile. En el texto se puntualiza que los productos blanqueados en Bolivia provienen principalmente del contrabando, del comercio exterior y doméstico de drogas; apuntando a Chile como el principal punto de entrada de los productos ilícitos. La relación directa apunta al sector informal, que ofrece oportunidades para el lavado de dinero y la estructuración (división de grandes cantidades de dinero en pequeñas cantidades para evitar el escrutinio de las agencias reguladoras financieras). Es así que este dinero entra entonces en el mercado formal a través del sistema financiero.El balance. Por otro lado, en el mismo documento también se destaca la creación de nuevos procedimientos regulatorios que permiten congelar y confiscar fondos y otros activos relacionados con el lavado de dinero. “Todas las instituciones financieras en Bolivia están obligadas por la UIF y las regulaciones bancarias a reportar todas las transacciones por encima de $us 3.000 (o transacciones por encima de $us 10.000 para los bancos). Bolivia tiene regulaciones. Todas las transacciones realizadas a través del sistema financiero requieren una identificación con foto válida, además de otra información requerida. Los intermediarios financieros deben registrar esta información en sus sistemas, independientemente del monto de la transacción o si la transacción es un depósito o un retiro”, indica el informe.«La normativa de la hoja de coca solo responde a un mandato constitucional, así lo establece el artículo 384 de la Constitución Política del Estado”.René JoaquinoSenador del MAS.Fuente: EL DÍA / Santa Cruz