Bolivia se traza cinco medidas anticontrabando

Con más de 1.000 kilómetros de fronteras, se hace difícil resguardar todos los pasos de los contrabandistas.

Los agentes del Control Operativo Aduanero (COA) controlan el ingreso y salida de Challapata. ABI/Daniel Espinoza

Agentes del Control Operativo Aduanero de Bolivia (COA) en un operativo fronterizo. Archivo ABI 

Se creará una fuerza conjunta y se construirá centros multipropósitos. También planean destruir los pasos ilegales, endurecer las normas contra cómplices y desplegar puestos móviles en la frontera.En medio de la tensión política entre autoridades de Bolivia y de Chile, el Gobierno de Evo Morales definió tomar al menos cinco medidas para enfrentar al contrabando que ingresa por vías ilegales alrededor del puesto de control fronterizo de Pisiga-Colchane, según un plan integral. Las medidas se anuncian luego de la expulsión de nueve bolivianos detenidos 101 días en Chile.Esta semana, el presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, Franklin Flores, determinó que el 70% del contrabando que ingresa a Bolivia pasa por Pisiga y advirtió de que pudo verificar que hay al menos siete de esos ingresos ilegales.Al respecto, el ministro de la Presidencia, René Martínez, opinó que las cifras de Flores se quedan cortas frente a la realidad: “Yo diría que es más del 70%, solo el contrabando que viene de Chile; y ahí diría la valoración de esta comisión quedó pequeña. Ellos verificaron siete accesos, pero consideramos que son muchos más”.Sostuvo que el Gobierno boliviano tiene la voluntad política de asumir medidas para “fortalecer fronteras, con presencia del Estado; institucionalidad para mostrar nuestra verdad ante el mundo”. Aseguró que, para ello, se apostará por una mayor presencia institucional e intervendrán en el plan la Aduana, las Fuerzas Armadas y la Policía.Sobre el porcentaje, la presidenta de la Aduana Nacional, Marlene Ardaya, dijo que la cifra precisa la dará un trabajo conjunto con la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia.Las medidasLa creación de una fuerza conjunta entre policías, militares y aduaneros, la construcción de centros multipropósito, y el despliegue de puestos móviles, el endurecimiento de penas para quienes colaboren a los contrabandistas y la destrucción de vías ilegales son las cinco medidas que tomará el Gobierno; sin embargo, no se puso plazos.El centro multipropósito más grande estará en Pisiga, en un área de cuatro hectáreas. El diputado Flores explicó que habrá otros en Todos Santos y en Tambo Quemado. “También se construirá uno en el sector donde nuestros compañeros fueron detenidos”, explicó el congresista.Ardaya señaló que la Aduana y el Ejército realizan un trabajo de sensibilización “con poblaciones cercanas para que no sean cómplices y dejen pasar el contrabando”. “Determinamos qué lugares específicos son, y nuestro mayor problema para hacerlo es la falta de intercambio de información fluida con la zona franca de Iquique”, argumentó.Agregó que se trabaja en la propuesta de cambiar el Código Tributario para que “aquellos vehículos que se usen en la internación de mercancías, de acuerdo a la reincidencia, puedan ser decomisados definitivamente; lo mismo para los guías de rutas denominados ‘loros’”.En cuanto a la fuerza conjunta, los militares se encargarán de la interdicción y los policías, de los allanamientos; también en pequeñas poblaciones, anunció Ardaya, quien afirmó que se gestiona la disposición de puestos móviles de control para tener una reacción inmediata.El Ministerio de Defensa definió cavar zanjas en todas las vías ilegales que se encuentren, con lo que quedarían inutilizadas para trasladar mercancía.El Deber / Marcelo Tedesqui V.