Odebrecht: el sobreprecio en los gasoductos podría superar los U$S 800 millones

Según un informe del juzgado de Rafecas, hubo 72 pasos administrativos para ir subiendo el presupuesto.

La empresa es investigada por corrupción y lavado de dinero.



Desde que se licitó la obra hasta su ejecución en manos de Odebrecht, la obra de ampliación de los gasoductos norte y sur arrojó una diferencia de más de 800 millones de dólares. El número figura en un informe que realizó el juzgado de Daniel Rafecas, donde se contabilizaron 72 pasos administrativos mediante los cuales se fueron modificando los costos de la obra. La Justicia investiga el presunto sobreprecio y no descartan que la asuma sea aún mayor: hay más de 16 fideicomisos, adendas, redeterminaciones de precios y pagos por fuera de de estos mecanismos. El Gobierno, que rescindió la obra- no considera aún readjudicarla.

La empresa es investigada por corrupción y lavado de dinero.

El primer número oficial para el Proyecto de la Ampliación de la Capacidad de Transporte Firme de Gas, firmado con Cammesa y Albanesi, que subcontrataron a Odebrecht, fue de 1.427 millones de dólares. Le siguieron 72 instancias administrativas, incluidas las adjudicaciones e intervención de la firma brasileña investigada por haber pagado sobornos en Argentina para obtener obras. La obra ya en ejecución, tuvo un último número de 2.300 millones de dólares: 873 millones de dólares más.

“Se busca determinar el sobreprecio en la obra y si en el transcurso de la misma hubo pago de sobornos que pudieron trasladarse a las variaciones de costos de la obra”, indicaron fuentes de la causa a Clarín. Desde el Gobierno, señalaron que establecer una cifra es difícil ya que “la obra se armó en dos etapas y cada una de ellas contaba con ocho fideicomisos poco claros”, explicaron a este medio. No arriesgan un número aún, pero para la Justicia “podría superar los 873 millones de dólares”.

La variación del costo tuvo varias instancias. No sólo los pagos con fideicomisos, sino también las redeterminaciones de precios. “Se violó el monto original a través de la firma de adendas privadas que iban modificando los costos sin controles”, señaló una alta fuente del Gobierno. Las irregularidades detectadas serán enviadas al fiscal Federico Delgado, que tiene la causa junto a Rafecas.

El juez federal Daniel Rafecas investiga desde el 15 de mayo la obra del gasoducto. Foto Pedro Lázaro Fernández.

Muchas de las actuaciones que incrementaron el valor de la obra de los gasoductos norte y sur fueron ordenadas por la secretaría de Energía que dirigió Daniel Cameron y el Enargas, con el aval del ministerio de Planificación y la secretaría de Obras Públicas, bajo la conducción de Julio De Vido y José López, respectivamente.

Consultados por Clarín, desde Odebrecht reiteraron que “no hubo sobreprecios en la obra. Los precios promedio en este proyecto están alineados con los precios internacionales y son inferiores a valores de otros contratos similares en Argentina”.

El ex secretario de Energía, Daniel Cameron está imputado en la causa del gasoducto. Foto Archivo.

La obra, sin embargo, fue rescindida por el ministro de Energía Juan José Aranguren el año pasado, por diversas irregularidades “y sobreprecios en actuaciones puntuales”, como las ofertas de Odebrecht para construir colectores para la planta compresora Beazley y para la Planta Pichanal. La comparación entre ambas ofertas “resulta superior al 400%”, indica la denuncia que presentó Marcelo Blanco, titular de Nación Fideicomisos, donde sostiene que la firma “aplicó sobreprecios” por dicho porcentaje “canalizados a través de fideicomisos” generando pérdidas millonarias para el Estado.

El expediente fue archivado por la jueza María Servini de Cubría y que recientemente, Rafecas pidió que se reabra para adjuntarla a la investigación conocida como «Skanska II» donde se investiga a Odebrecht y la obra del gasoducto.

Sólo en febrero de 2006 el costo de obra de la primera etapa pasó de 827.960.000 dólares a 1.182,270.000 dólares. “No se encontró documentación que justificara las diferencias de estimación de costos entre etapas”, señaló el informe pericial. Sólo como muestra «de la falta de controles», indicaron fuentes judiciales.

Fuente: clarin.com