Periodistas y activistas mexicanos exigieron un alto al espionaje del gobierno de Enrique Peña Nieto

El 15 de junio, periodistas mexicanos tomaron las calles para exigir el esclarecimiento de la muerte de Javier Valadez, al cumplirse un mes de su asesinato. En esa ocasión los comunicadores organizaron marchas a lo largo del país el grito de «no se mata la verdad matando periodistas».

Ahora, periodistas y organizaciones civiles presentaron ante la Fiscalía Federal una denuncia para que se investigue el espionaje del que han sido víctimas decenas de comunicadores y activistas considerados como personajes «incómodos».

El informe «Gobierno Espía: Vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos» publicado por Citizen Lab y por las organizaciones «ARTICLE19, oficina para México y Centroamérica», «R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales» y «SocialTIC», reveló que el gobierno mexicano espió entre enero de 2015 y julio de 2016 a defensores de derechos humanos, periodistas y activistas a través de un malware llamado «Pegasus» que interviene móviles y que presuntamente es usado solo para investigaciones criminales y terroristas.

La denuncia documenta 88 casos, incluyendo 76 nuevos intentos. Entre las personas vigiladas están los periodistas Carlos Loret de Mola; Daniel Lizárraga, cabeza del equipo que descubrió la compra de una casa por más de USD 7 millones que hizo la primera dama a un contratista del gobierno, así como a otros integrantes de la investigación; y a la periodista Carmen Aristegui, y a su hijo adolescente.

«¿Cuantos delitos ha cometido el #GobiernoEspía contra la sociedad mexicana? Exijamos rendición de cuentas», señaló la periodista, identificada como una de las más críticas en el país, durante una conferencia en la que los afectados exigieron al Ejecutivo qué revele lo que hizo con toda esa información que ha recabado por espiar.

Pero también se documenta el espionaje a los abogados que investigan la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, en 2014; a integrantes de la organización impulsora de esquemas anticorrupción y activistas que han denunciado en distintas ocasiones el contubernio entre las empresas de alimentos y el gobierno, así como una estadounidense que representa a víctimas de abusos sexuales cometidos por la policía.

«Pegasus» lo comercializa una empresa llamada NSO Group y lo vende sólo a gobiernos. El diario The New York Times, destacó en una publicación que cada dispositivo que se logre infectar con el malware representa para el cliente un costo de USD 77.000.

En el caso del espionaje telefónico, el cobro de instalación es de USD 500.000 y por cada diez usuarios de iPhone que logre espiar gana USD 650.000.

La política de hostigamiento

En agosto de 2016 los investigadores del Citizen Lab de la Universidad de Toronto documentaron el mecanismo mediante el cual el software «Pegasus» infecta los teléfonos inteligentes. Generalmente el ataque se realiza al enviar un mensaje de texto dirigido al objeto del ataque, con un texto que resulte imposible de no abrir, para obligarlo a hacer clic en un enlace adjunto.

El software se apodera del teléfono celular y permite acceder a todos su datos y funciones.

De acuerdo con el documento, la persona «recibe un mensaje SMS en su teléfono, el cual contiene un texto que busca persuadirlo de hacer clic en un enlace infeccioso, haciéndose pasar por una noticia, un aviso o el mensaje de un familiar o amigo. Si la persona hace clic en el enlace, su teléfono recibe inadvertidamente un software malicioso que permite al atacante, entre otras cosas, tener acceso a todos los archivos guardados en el dispositivo, así como controlar la cámara y el micrófono del celular«.

El periodista Carlos Loret de Mola, una de las víctimas de espionaje, envió un mensaje en el que condenó la acción y la calificó como un acto de intimidación.

«Por el espionaje se abre la puerta para que lleguen más lejos, los secuestros, desapariciones, asesinatos, la impunidad que favorece que nada se investigue», indicó.

Ana Ruelas, directora de la organización ARTICLE 19, concluyó que la evidencia indica que los nuevos casos de espionaje del Gobierno mexicano no son aislados, «sino que apuntan a la existencia de una política de hostigamiento sistemático a defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción».

En una carta publicada en la cuenta de Twitter del vocero de la Presidencia de México, Eduardo Sánchez, el gobierno de México respondió a quienes hayan sido víctimas de las acciones descritas por el informe y por el diario estadounidese a que presenten su denuncia ante ante la Fiscalía.