Una por una han empezado a caer las fichas de la democracia venezolana.
Primero el Tribunal Supremo de Justicia fue modificado para estar compuesto por simpatizantes del gobierno, que decidieron que algunos legisladores de la oposición no podrían tomar posesión de sus cargos en la Asamblea Nacional.
Luego, los jueces revirtieron algunas leyes a las que se oponía el presidente y se suspendieron las elecciones locales para alcaldes y gobernadores.
Acto seguido, el tribunal falló a favor de deshacer por completo la asamblea, una decisión que provocó tal clamor tanto en Venezuela como en el exterior que tuvo que ser revertida.
Ahora, el presidente Nicolás Maduro impulsa un plan radical para afianzarse en el poder: busca reescribir la Constitución del país y cambiar las atribuciones de los poderes considerados desleales – o sencillamente desaparecerlos–.
Se prevé que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) le dé una autoridad prácticamente ilimitada al chavismo. Los venezolanos están citados este domingo para elegir a los integrantes de ese órgano, pero no tendrán la opción de rechazar que siquiera se establezca, pese a que sondeos muestran que la mayoría de la población está en contra. En cambio, los votantes solo podrán elegir a los futuros constituyentistas entre candidatos chavistas.
En las listas hay integrantes poderosos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) como el diputado Diosdado Cabello, quien está siendo investigado por narcotráfico en Estados Unidos, y Cilia Flores, la primera dama.
La ANC, además, estará por encima de todos los otros poderes de gobierno (técnicamente también por encima del presidente) con una autoridad sin contrapesos.
“Esta es una amenaza existencial a la democracia venezolana”, dijo David Smile, analista de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por su sigla en inglés).
El impulso para consolidar el poder también deja al país en una encrucijada.
Por una parte, las acciones de Maduro encaminan al país hacia un posible enfrentamiento con Estados Unidos, que compra casi la mitad del petróleo venezolano. El gobierno de Donald Trump ya implementó sanciones esta semana contra trece funcionarios cercanos a Maduro, incluidos Néstor Reverol, el ministro de Interior, Justicia y Paz, así como los comandantes del ejército, la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana.
El gobierno de Trump amagó con que se podrían tomar medidas más severas de celebrarse la votación del domingo. En un comunicado, Trump calificó a Maduro como “un mal líder con sueños de ser dictador”.
Por otro lado, está el polvorín a punto de estallar en las calles venezolanas: ante la ira hacia el gobierno de Maduro, los opositores se han manifestado durante más de tres meses, lo que ha colapsado a varias ciudades por los paros, protestas y saqueos. Han sido asesinadas más de cien personas, la mayoría en enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes armados. Es difícil adivinar qué harán los venezolanos que protestan en respuesta a los nuevos líderes que se les impondrán.
Los mismos constituyentistas aumentan la incertidumbre: tendrán tanto poder que podrían incluso remover a Maduro del cargo, de acuerdo con analistas, para poner fin a una presidencia que ha sido muy impopular hasta entre sectores chavistas.
“Es una cuestión de azar, una caja de Pandora”, dijo Alejandro Velasco, politólogo venezolano que trabaja en la Universidad de Nueva York. “Haces esto y tienes muy poco control sobre cómo se desenvuelve”.
Maduro afirma que es necesario reestructurar el gobierno para prevenir que se derrame más sangre en las protestas callejeras y para “perfeccionar” la Constitución. El presidente ha rechazado dialogar con los manifestantes, a quienes califica de terroristas y los acusa de ser financiados por gobiernos extranjeros que quieren derrocarlo. Maduro y otros chavistas aseguran que una nueva carta magna le daría las herramientas “para construir la paz”.
“Necesitamos orden, justicia, paz, un país que se reencuentre”, dijo Maduro hace poco. “Tenemos una sola opción, y el camino es la Asamblea Nacional Constituyente”.
La agitación en las calles de Venezuela es muestra del declive de la popularidad del chavismo desde la muerte de Hugo Chávez en 2013.
Fue el mismo Chávez quien supervisó la última asamblea constituyente en el país, en 1999, que obtuvo el respaldo mayoritario de los votantes que también lo habían impulsado al cargo con la promesa de que las nuevas leyes ya no favorecerían a los ricos sobre el resto del país.
Esa Constitución, junto con el aumento de los precios del petróleo, desató una transformación socialista en Venezuela. Permitió que Chávez redistribuyera parte e la riqueza estatal a los pobres, nacionalizara bienes extranjeros y se volviera sumamente popular entre sus partidarios. La Constitución de 1999 también preveía la posibilidad de una constituyente en el futuro.
Ahora Maduro ha puesto en marcha esa opción, en momentos en que el chavismo enfrenta su peor crisis en décadas.
“Este es un último esfuerzo para reforzar su base”, dijo Velasco. “Lo está haciendo durante un momento de debilidad”.
De acuerdo con la reglamentación del voto del domingo, la ANC asumiría las riendas 72 horas después de la certificación oficial de los resultados, pero no queda claro qué sucederá después de eso.
Algunos políticos han sugerido que los alcaldes y gobernadores serían sustituidos por consejos comunales. Integrantes del PSUV han indicado que Luisa Ortega, la fiscala general que se ha vuelto una de las chavistas más críticas de Maduro, sería remplazada inmediatamente.
Sin embargo, muchos suponen que un primer paso será la disolución de la Asamblea Nacional; Chávez hizo algo similar en 1999.
Como lo era en ese entonces, la Asamblea Nacional es controlada por la oposición. Durante más de un año las cortes cercanas a Maduro han minado las atribuciones de los legisladores, al revertir medidas como una ley para la liberación de presos políticos o el que pudieran modificar el presupuesto.
La oposición dijo que más de 7 millones de personas participaron en un plebiscito simbólico el 16 de julio pasado.
Juan Guiadó, diputado opositor, dijo que teme que la ANC vaya a disolver al poder legislativo y dejar sin poder político efectivo a los rivales de Maduro.
“Si quedaba algo de la democracia golpeada de Venezuela, eran los poderes que fueron elegidos legítimamente por el pueblo, como la Asamblea Nacional”, dijo. El voto del domingo creará “una dictadura total y represiva”.
Sin embargo, algunos afirman que la coalición opositora no ha ofrecido una alternativa clara a Maduro. Eva Golinger, abogada estadounidense defensora del gobierno de Chávez, dijo que los rivales del chavismo se han enfocado demasiado en quitarle poder al presidente y que eso presenta el peligro de un conflicto civil más pronunciado.
“Solo claman por un cambio de régimen”, dijo Golinger, quien también se opone a cambios en la constituyente.
La ANC también podrá retomar una propuesta inconclusa de Chávez: crear una constitución socialista.
Chávez intentó enmendar la Carta Magna de 1999 con algunos cambios que dijo acelerarían su revolución. Sin embargo, esas medidas fueron rechazadas en un referendo constitucional en 2007 con el 50,7 por ciento de los votos en contra.
Maduro ha sugerido que quiere retomar lo que Chávez dejó pendiente. Al anunciar en mayo que se celebraría la constituyente, indicó que esta trataría nueve temas en particular, entre ellos, aumentar el gasto público en educación y salud, darle más facultades al poder comunal (como los consejos comunales o los comités encargados de repartir los alimentos) y posibles medidas para “la defensa de la soberanía e integridad de la nación y su protección ante agentes intervencionistas”.
Muchos analistas también prevén que la nueva constitución refuerce la política económica aplicada hasta ahora, que muchos culpan de exacerbar la crisis en el país al depender demasiado de las exportaciones petroleras.
La mayoría de la oposición planea boicotear el voto del domingo, por lo que sufragarán sobre todo los simpatizantes del PSUV y de Maduro.
María Elena Pérez, activista de 54 años, dijo que es momento de tener nuevas reglas pues ha pasado mucho tiempo desde la Constitución de 1999. “La Constitución actual es débil y hay que arreglar muchas cosas”, dijo.
En varios videos publicados antes de la votación, los candidatos a la constituyente como Ysmael Modoy, del estado de Portuguesa, urgieron a los venezolanos a defender el legado de Chávez y prometieron una carta magna enfocada en combatir la corrupción.
Otros, como Antonio León –apodado la Máscara– adoptaron un tono más ligero. En su video, León entra bailando por una calle vacía y, aunque no menciona cambios específicos que promovería en la constitución, dice que mejorará la distribución de las bolsas de alimentos repartidas por comités gubernamentales.
“Recuerda: tú eres amor, tú eres vida”, dice, antes de volver a bailar.
POR NICHOLAS CASEY
Fuente: nytimes.com