Hay radioemisoras de larga trayectoria en Bolivia que quedarían fuera.
Foto de archivo.La Asociación Boliviana de Radiodifusoras (ASBORA) solicitó al presidente Evo Morales que se disponga la ampliación del plazo para el proceso de migración de emisoras al régimen de la Ley de Telecomunicaciones.El plazo dispuesto por la Ley 829 terminó el 31 de agosto. Sin embargo, hubo “imponderables” que provocaron que muchas emisoras no logren concluir el trámite, según la carta que envío ASBORA al Primer Mandatario.Entre estos “imponderables”, la Asociación mencionó que la ATT exigió a las emisoras estados financieros de más de 10 gestiones. “Muchos operadores no han podido ser notificados sobre sus deudas para realizar los pagos, otros no alcanzaron a recabar la boleta de garantía (…) y una gran mayoría no pudieron suscribir sus contratos de licencia”, explica.Según la Autoridad de Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte (ATT), al 31 de agosto 1.100 emisoras de radio y televisión lograron completar el trámite de migración, pero 206 no pudieron hacer lo mismo.El asesor legal de ASBORA, Mario Andrade, consideró que no es justo impedir a estas emisoras adecuarse al nuevo marco legal. Señaló que a la ATT no he dio el tiempo para terminar los trámites que quedaron pendientes.El jurista lamentó que hay radios con 30 a 35 años de trayectoria que en las condiciones actuales no tendrían derecho a renovar su licencia.La ASBORA envío al presidente un proyecto de Ley para que se amplíe el plazo de migración por tres meses y, además, solicitó a Morales una audiencia para explicar con detalle el pedido.Andrade indicó que la solicitud de la Asociación también fue enviada a la Vicepresidencia, y los ministerios de Obras Públicas y Presidencia.Revocatoria de licencia El director de la ATT, Roy Méndez, anunció que se revocará las licencias de las emisoras que no lograron completar el trámite antes del 31 de agosto.Al respecto, el asesor de ASBORA aclaró que esa figura no es correcta, puesto que de acuerdo a Ley todos los operadores tienen su vigencia hasta 2019, y que además tienen el derecho de defenderse en la vía administrativa.
Erbol / La Paz