Una jueza de la Audiencia Nacional envió este lunes a prisión preventiva a los líderes de las organizaciones independentistas Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, y Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, acusados de «promover» el asedio a la Guardia Civil el 20 de septiembre
Miles de personas se concentraron este martes en el centro de Barcelona para pedir la libertad de los líderes de las dos asociaciones independentistas que están en prisión preventiva por un delito de sedición, al tiempo que calificaron su detención como de «presos políticos».
La juez de la Audiencia Nacional de España Carmen Lamela envió este lunes a prisión sin fianza a los líderes de las organizaciones independentistas Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
La magistrada los acusa de «promover» el asedio a la Guardia Civil el 20 de septiembre, durante una operación para impedir la celebración del referéndum del 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional.
Los concentrados, unos 200.000 según la guardia urbana, sostenían velas encendidas, distribuidas por la indepententista ANC, que aprovechó para pedir donaciones para la «caja de solidaridad» creada en ayuda a los cargos con problemas judiciales por su papel en el proceso catalán.
En la concentración pudieron verse algunos carteles con lemas como «Libertad Jordis, presos políticos del Estado español«, «Help Catalonia«, «Save Europe» o «República ahora» y se escucharon gritos de «Libertad«, «Todos somos Jordi«, «Fuera la justicia española» o «Independencia».
La actriz catalana Sílvia Bel leyó un manifiesto, que decía que «el Estado español ha vuelto a cruzar una línea roja en cualquier democracia en la Europa del siglo XXI», y se aseguraba que encarcelar a los líderes independentistas «es un gran error que pone en riesgo los valores democráticos» de la Constitución.
«El Estado (español) actúa como una dictadura: nos juzgan y nos privan de libertad por manifestarnos pacíficamente«, decía el manifiesto, que advertía de que «encarcelar a representantes de la sociedad civil forma parte de la estrategia del Estado para tensionar, crispar y radicalizar un conflicto político».
Según el texto, «el objetivo final es desactivar a las entidades soberanistas, que representan a más de 100.000 socios, y así justificar una represión indiscriminada contra toda la sociedad civil«.
Asimismo consideraron que el encarcelamiento de Sànchez y Cuixart es «injusto» e «ilegal» y reclamaron su «libertad inmediata«. También hubo concentraciones en otros municipios catalanes, como Gerona, Reus o Tarragona.
(Con información de EFE)
Fuente: infobae.com