[vid url=http://cd1.eju.tv/wp-content/uploads/2017/11/PB1711220756.mp4]Un puente aéreo de narcos entre Bolivia y Perú pone en jaque a las autoridadesA la conexión clandestina de avionetas decrépitas entre Bolivia y Perú la conocen las autoridades antinarcóticos de ambos países como el puente aéreo.En esa expresión hay una reconocimiento involuntario de que no se trata de casos aislados sino de una operación continua y desafiante de exportación de cocaína ante la mirada impotente de quienes quieren detenerla.La impotencia del lado peruano tiene que ver con dos problemas: la inexistencia de radares en la zona y la falta de recursos de la policía antinarcóticos.“El puente aéreo es un problema de seguridad nacional que el gobierno no quiere entender”, le dijo a Univision un oficial del gobierno familiarizado con la lucha antidrogas que pidió no ser identificado.Para entender las dimensiones de ese puente en junio de 2015 la policía antinarcóticos del Perú consiguió que la Fiscalía de la Nación les autorizara la operación especial “Ave Enjaulada”.En ese momento conocían del trasiego de droga en las cuencas de los ríos de la zona, pero no su intensidad. En los dos años siguientes, tres fiscales coordinaron una exhaustiva investigación para comprender cómo operan los vuelos desde la selva peruana hacia los grandes mercados internacionales de Brasil, Europa y Estados Unidos.Un informe policiaco de septiembre de 2017 obtenido por Univision Investiga detalla sus hallazgos.Actualmente la zona de la selva peruana conocida como VRAEM, donde confluyen los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, funciona como un gran aeropuerto clandestino controlado por una red de al menos 42 personas identificadas con nombres, apodos y fotografía, que cumplen las funciones de “coordinadores de embarques aéreos de droga”.
Un enjambre de flechas dibujadas en el informe policial ilustra el tráfico en la zona: un ir y venir de avionetas que aterrizan en pistas cortas de pantanos y zonas selváticas. Una vez allí, un grupo de mochileros que trae la carga de pasta de coca sobre los hombros, llena las avionetas, saca el pago por el viaje –que trae el piloto– y el avión despega nuevamente.La evidencia recopilada durante esta investigación, sobre la cual informó inicialmente IDL Reporteros de Perú, incluye fotos de bidones de combustible abandonados en medio de la sierra, cocaína, escopetas, teléfonos satelitales y radios.Las autoridades no se centraron en estas pistas, ni en los proveedores locales de la mercancía, sino en los nombres de quienes abastecen a esta cadena con las aeronaves utilizadas para el tráfico. Los investigadores elaboraron varios organigramas de “clanes familiares” que estarían detrás de la operación de las avionetas y conectaron una minuciosa red de relaciones entre las aeronaves observadas por la autoridad en las zonas de trasiego y las personas o empresas relacionadas con sus matrículas.Allí figuran 36 nombres de “pilotos” y “abastecedores” para las redes de tráfico de los cuales, en septiembre pasado, solo había uno detenido.
“Son avionetas de segunda que les permiten en algún momento, si hay una pérdida de la aeronave, no tener un costo mayor”, explicó a Univision el general Héctor Loayza, director antidrogas de la Policía Nacional de Perú.Un 85% de esta droga termina en Europa, según Loayza. De acuerdo con sus informaciones, sacar un kilo de droga del Perú por vía marítima le cuesta a un narcotraficante aproximadamente entre 3,000 y 4,000 dólares, mientras que por el puente aéreo paga alrededor de 2,500 dólares.“Entonces este es un negocio muy rentable para los traficantes, seguir sacando avionetas”, agregó. Entre el 2013 y el 2015, en Perú fueron confiscadas 159 avionetas. Muchas iban o venían de Bolivia.
Persona de interés
Parte del seguimiento de las autoridades, según lo refleja el reporte, ha llegado hasta uno de los compradores de las avionetas, de nacionalidad boliviana y estadounidense con residencia en la Florida: Martín Yerko Rapozo Villavicencio.Una base de datos pública consultada por Univision refleja que de 30 avionetas compradas por este empresario en Estados Unidos al menos cinco fueron incautadas con droga en Sudamérica.Una fuente policiaca que solicitó anonimato aceptó que Rapozo es una persona de interés para la investigación pero que hasta ahora no tienen pruebas contundentes de que estuviese directamente involucrado con los cargamentos. El empresario no contestó llamadas ni mensajes de Univision para este reportaje.
“En Estados Unidos es más fácil comprar un avión que un auto”, explicó a Univision en Miami el director de la escuela de pilotos Ícaro, Esteban Saltos. El empresario sostiene que para la compra de la avioneta solo se requiere una factura de venta (“bill of sale”) donde consta la matrícula, el número de serie de la aeronave y la fecha de venta. El documento se envía por correo a la Agencia de Administración Aeronáutica de Estados Unidos (FAA) con un pago de cinco a 10 dólares y así se perfecciona la transacción.Un vendedor de avionetas no está en la obligación de pedir información al comprador o intermediario sobre el destino que se le va a dar al aparato.“Pero si hay un mismo vendedor que esta dedicado a vender 10, 20 30, 40 aviones a un mismo comprador en un país extranjero y de esos aviones han caído por narcotráfico, y él sabe eso y sigue haciéndolo, lógicamente se convierte en un cómplice”, explicó Saltos.
Ilusiones de bajo costo
El informe de la policía peruana registra los nombres de numerosos pilotos con supuestos vínculos con el trasiego de drogas. Son de Colombia, Bolivia y Perú.Muchos de estos pilotos se preparan en escuelas de aviación de Bolivia, donde los aspirantes mezclan peligrosamente dos sueños: el de volar y el de hacerse ricos al instante. Son los candidatos preferidos de reclutadores que merodean por estas academias.En solo Santa Cruz de la Sierra, la segunda mayor ciudad de ese país, operan 13 escuelas de aviación, lo que supera a Villavicencio, la ciudad de Colombia célebre por ser la cuna de la narcoaviación, donde funcionan solamente tres.
“Es muy fácil a un muchacho de 18, 20 años, que sale profesional de la aviación, poder corromperlo por dinero, por estatus, por fama por diversión pero eso corre mucho con los valores y principios que uno puede inculcar”, explicó Silvana Beltrán, gerente de la escuela Bolivian Wings.En esta escuela los estudios de aviación cuestan alrededor de 25,000 dólares, una cantidad que podría recuperar el piloto con uno o dos vuelos con drogas.La proliferación tiene otra explicación para Tomás Monasterio, quien ha sido amenazado de muerte por sus denuncias de la complicidad del gobierno con el narcotráfico.“Ojalá fuera para aprender a fumigar nuestros campos”, dijo el diputado de oposición “Mucha de esta gente aspira como gran cúspide de su vida el llegar a ser piloto para poder operar con el narcotráfico”, agregó.Esto es posible, agregó Monasterio porque “el narcotráfico en Bolivia está de fiesta”.El diputado oficialista Eder Montaño rechaza esos señalamientos. Montaño asegura que la comunidad internacional ha galardonado a Bolivia por la lucha contra el narcotráfico y que el país ha adquirido 13 radares a Francia de los cuales tres se van a instalar muy pronto. Según lo anunció el ministro de Defensa Raymi Ferreria, el proceso de instalación se iniciaría este fin de año.Entre tanto Bolivia opera como un gigantesco portaviones desde donde se despacha droga a Brasil, Argentina, Venezuela, Uruguay y Paraguay, de acuerdo con el mapa de rutas del reporte de inteligencia peruana.Monasterio dice que hasta que no vea instalados los radares no cree.“Aquí estamos acostumbrados a escuchar grandes anuncios. Anuncio tras anuncio, inversión tras inversión, pero que nunca llegan a hacerse realidad”, dijo.* Participaron en esta investigación Margarita Rabin, Juan Cooper, Daily Camacaro, Azul Álvarez.Fuente: Univisión